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Editorial II

Fallo por la libertad de prensa

Opinión

La Corte Suprema de Justicia volvió a fallar en favor de la libertad de expresión y de opinión al revocar una condena al diario Río Negro

Un nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor de la libertad de expresión y opinión ha puesto punto final a un viejo juicio iniciado hace años por un fiscal federal de Neuquén contra el diario Río Negro. Obviamente, la sentencia trasciende el caso en sí y también adquiere un especial valor en tiempos en que tanto la Justicia como el periodismo independiente de la Argentina se encuentran como nunca desde que se recuperó la democracia bajo la presión y la persecución del oficialismo.

El 8 de julio de 1998, en el marco de la cobertura del caso del asesinato del soldado Omar Carrasco en un cuartel de Neuquén, el diario Río Negro publicó una nota que ilustró con una fotografía del fiscal ante el Tribunal Oral de Neuquén, Manuel de Reyes Balboa. Detrás del perfil del fiscal se veía a unos jóvenes que sostenían una pancarta con la leyenda: "Reyes Balboa se vendió a los militares". La foto databa de poco antes, cuando se llevó a cabo el juicio oral por el crimen del soldado, juicio en el que actuó Reyes Balboa y que concluyó con una muy polémica sentencia que condenó a un subteniente y a dos soldados que siempre se declararon inocentes. Tanto Balboa como los jueces del tribunal oral recibieron en su momento fuertes críticas y abucheos del público concentrado frente al tribunal el día de la sentencia.

Sintiéndose agraviado por la publicación de la foto, el fiscal Balboa demandó en el fuero civil al diario por daños y perjuicios y obtuvo sentencias favorables en la justicia neuquina, que en 2006 condenó al diario a pagarle 45.000 pesos. En esa oportunidad, sostuvimos en esta columna que aquella condena del Superior Tribunal de Neuquén al diario Río Negro equivalía a prohibir recordar el pasado y que el tribunal pretendía establecer "una suerte de inédito derecho al olvido" que podrían invocar en adelante los funcionarios, de modo que no puedan recordarse los cuestionamientos que en su momento se les formularan por actos de su gestión.

Aquel fallo en favor del funcionario judicial incurría en graves violaciones de todas las normas y estándares que establecen no sólo la Constitución Nacional, sino la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tutelan debidamente la libertad de prensa y garantizan un amplio espacio de crítica política hacia los funcionarios públicos. En efecto, un fiscal es un funcionario público y la ciudadanía tiene tanto derecho a conocer y opinar libremente acerca de su gestión como respecto de la actuación de cualquier otro funcionario que ocupe cargos políticos o judiciales, y de cualquier persona que tenga capacidad de influir en asuntos políticos o de interés general. Destacábamos, finalmente, que en caso de intervenir, la Corte Suprema debería revocar una sentencia que desconocía groseramente la garantía de la libertad de expresión.

Eso fue, en efecto, lo que acaba de hacer la Corte en un fallo breve pero contundente en el que afirma, en primer término, que la fotografía "fue tomada en un lugar público, en oportunidad en que el demandante ejercía sus funciones" y que tanto el artículo como la foto sólo divulgan datos sobre la actuación pública del fiscal cuando ejercía su papel de funcionario público. Por lo tanto, agrega el texto, "no puede entenderse que mediante la publicación efectuada -que además se encontraba justificada por el interés general que suscitaba el caso judicial al que se hacía referencia- la editorial demandada se hubiese inmiscuido en la esfera privada" del fiscal. En síntesis, "se reproduce la imagen de un funcionario público en el ejercicio de su cargo, en el marco de un caso de indudable relevancia e interés público".

Para la Corte, la condena al Río Negro constituía "una restricción indebida a la libertad de expresión que desalienta el debate público de los temas de interés general", y por eso resolvió que debe ser revocada.

Con este fallo, que se suma a otros de similar trascendencia que ha elaborado la Corte, se ha afianzado la libertad de expresión y opinión, cada vez más necesaria en nuestro país porque, por desgracia, al ser cada vez más frecuente el arbitrario cierre de causas judiciales que comprometen a importantes funcionarios, la crítica fundada sólo puede canalizarla el periodismo independiente..

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