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El análisis

Ordenar un caso caótico

Política
 
 

La Corte Suprema decidió ayer poner orden en los desordenados tribunales que tratan la ley de medios. Incluso advirtió sobre la posibilidad de que se produjera un estado de denegación de justicia si esos jueces de instancias inferiores dejaran pasar el 7 de diciembre sin sentencias claras. Eso es, precisamente, lo que el Gobierno no quería que sucediera.

La administración de Cristina Kirchner se ha movido hasta ahora con la clara intención de que no exista, antes del 7-D, una decisión de ningún magistrado.

La ausencia de justicia le permitiría a la Casa Rosada aplicar su propia interpretación de ese crucial día de diciembre. Ya no será así. En ese sentido, el Gobierno ha recibido ayer lo que puede interpretarse como una mala noticia de parte del máximo tribunal del país.

Esos jueces supremos no resolvieron sobre el planteo que les hizo el Grupo Clarín para que prorrogaran la cautelar que protege sus propiedades hasta que la Justicia decida si varios artículos de la ley de medios son constitucionales. No dijeron nada sobre eso. El esfuerzo cristinista para confundir a la opinión pública fue notable. Todos los medios estatales y paraestatales difundieron durante la mañana de ayer una información que no existió. Afirmaban que la Corte había rechazado in limine el pedido de prórroga de la cautelar. La Corte tomó medidas sobre el caso, pero no se pronunció sobre el pedido para extender la cautelar.

Es comprensible: la Corte no podía aceptar, sin hacer un esfuerzo previo, que existía un estado de denegación de justicia. Hubiera significado el reconocimiento casi resignado de que su propia jurisdicción sufría una seria disfunción.

Tampoco podía decidir sobre una presentación directa del Grupo Clarín, porque no existen las condiciones del recurso extraordinario ante la Corte. Esas condiciones son, fundamentalmente, que haya sentencia de las dos instancias inferiores, el juez de primera instancia y la Cámara respectiva. Ni siquiera está vigente el per saltum, que le permitiría saltar por encima de las otras instancias.

El Gobierno hizo aprobar el per saltum por el Congreso, pero luego no lo publicó en el Boletín Oficial y, por lo tanto, no es aún una ley. ¿Por qué lo hizo, entonces? Fue una presión a la Corte. No tuvo otra intención que ésa. La Corte detestó siempre el per saltum, porque significa en los hechos un desconocimiento del debido proceso.

Bien traducida la resolución de ayer, la Corte les ordenó a las instancias inferiores que resuelvan cuanto antes las causas que enfrentaron al Gobierno con Clarín.

Se trata de dos expedientes. Uno está en manos del juez de primera instancia Horacio Alfonso, quien deberá resolver si dos artículos de la ley de medios son constitucionales. Esos artículos podrían violar los derechos adquiridos y el derecho a la propiedad. Se trata de garantías constitucionales, cuya violación vulneraría seriamente el Estado de Derecho. El Gobierno había forzado previamente la salida de dos magistrados a cargo de ese juzgado, Raúl Tettamanti y Roberto Torti. Alfonso, el juez actual, fue designado por el kirchnerismo, pero ha mantenido hasta ahora un muy bajo perfil.

El segundo expediente es un pedido de Clarín para que se prorrogue la cautelar, que inicialmente la presentó ante el entonces juez Tettamanti. Este magistrado, cuando aún no era motivo de una intensa campaña pública del oficialismo, rechazó el planteo de Clarín porque estaba decidido a dictar sentencia sobre la constitucionalidad de la ley de medios en los plazos establecidos. Clarín apeló esa decisión ante la Cámara Civil y Comercial, que es donde está ahora. Resulta, sin embargo, que el Gobierno recusó luego a gran parte de los jueces de la Cámara y muchos de ellos se excusaron ante la inminente impugnación del oficialismo. También renunciaron dos jueces de la Cámara, Martín Farrel y Santiago Kiernan. La Cámara no está ahora en condiciones de dictar sentencia, porque tiene una sola jueza, María Najurieta, que podría hacerlo. Pero se necesitan, al menos, dos votos.

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, llamó ayer a los presidentes de las cámaras Civil y Comercial y Contencioso Administrativo (esta última debería ocupar las vacantes del fuero cuestionado) para ordenarles que cubran cuanto antes los lugares desocupados de camaristas.

Hay cosas que ya son grotescas: el fuero Contencioso Administrativo le mandó al Consejo de la Magistratura un pedido para que le indique de qué manera debía sortear los jueces que actuarían en la Cámara Civil y Comercial. ¿No lo sabe? Son decisiones puramente dilatorias.

Lorenzetti también le ordenó al juez Alfonso que escribiera cuanto antes la sentencia sobre la cuestión de fondo; es decir, sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la ley de medios. Los obligó a todos esos magistrados a trabajar incluso en días feriados.

Cualquier decisión, tanto del juez como de la Cámara, llegará inevitablemente a la Corte Suprema. Es más probable que aterrice ahí antes del 7-D el pedido de prórroga de la cautelar que la decisión de fondo, que aún deberá pasar por la revisión de la Cámara.

En cambio, es la Cámara la que ya tiene la cautelar. Una decisión suya, accediendo o denegando, habilitaría a la Corte a tomar cartas en el asunto. Sea como fuere, la Corte abrió ayer un período de 15 días mucho más dinámico y justo que el que ya parecía inevitable.

Los jueces y los obispos hablan con párrafos llenos de sobreentendidos o con oraciones circulares. Si se analiza con rigor la resolución de ayer, es el Gobierno, más que Clarín, el destinatario de alusiones del tribunal advirtiendo sobre las "obstrucciones a la Justicia" y sobre la necesidad de que exista "buena fe" de las partes. Podrían citarse varios casos, pero hay uno que provocó especial malestar entre los máximos jueces. Fue un pedido de la Afsca para ser parte del pedido de Clarín sobre la ampliación de la cautelar. El Gobierno ya es parte de hecho en esa causa. ¿Para qué agregar una parte más cuando ya el trámite está avanzado? ¿Para qué, si lo único que hace la Afsca es retener el expediente y demorar su resolución?

La Corte decidió ayer otra cosa, que no está relacionada directamente con Clarín ni con la ley de medios, pero que tiene una clara (y no casual) vinculación con aquellos trámites. Decidió autorizar que los jueces dicten inconstitucionalidades de oficio, un recurso que estaba prohibido desde hacía más de un siglo.

Significa que cualquier juez puede decidir la inconstitucionalidad de una medida del poder político sin que se lo hayan pedido de manera explícita. Debe haber, eso sí, una causa abierta y relacionada con el tema. Hasta ahora, un juez sólo podía resolver la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una decisión del Gobierno únicamente en respuesta a un pedido expreso.

Es un avance importante para la modernidad de la justicia argentina en general. En particular, esa nueva jurisprudencia podría caer también sobre las muchas causas colaterales abiertas sobre la ley de medios. No hubo una, sino dos noticias que ayer le arrebataron al cristinismo una fiesta demasiado prematura..

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