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Derechos humanos

Una causa que pide nuevos defensores

Opinión

La utilización que hizo el Gobierno de las justas demandas contra el terrorismo de Estado comprometió la independencia de organizaciones históricas a las que debilitó con la plata dulce de los subsidios y las sospechas de corrupción

Por   | Para LA NACION

Treinta años atrás, cuando el régimen militar se derrumbaba, la ciudadanía se propuso construir una Argentina mejor, sustentada sobre dos principios que ilusionaban: la democracia y los derechos humanos. La democracia siguió un camino muy distinto del de aquellos prospectos, hasta concluir en el actual autoritarismo plebiscitario. El destino de los derechos humanos no ha sido mucho mejor y, como la democracia, reclama una vuelta a los orígenes.

Los derechos humanos tienen muchas dimensiones, pero en la Argentina, por razones bien conocidas, se refirieron esencialmente a las víctimas del terrorismo de Estado, y sus voceros reconocidos fueron y siguen siendo las organizaciones surgidas en aquella lucha. Su fuerza estuvo en sus valores, en el coraje de quienes los sostuvieron y en haber sabido ubicar la causa por encima de las opciones políticas.

Al fin del régimen militar, la causa de los derechos humanos acompañó los orígenes de la democracia y el reclamo originario de la "aparición con vida" dejó lugar al de "juicio y castigo a los responsables". Debía ser a la vez un acto de justicia y una herramienta para restablecer y consolidar el Estado de Derecho. Medios para un fin más amplio, que no podía escindirse de su forma. Tal el sentido de su célebre consigna: "Nunca más" fuera de la ley.

Pero la democracia les planteó a las organizaciones de derechos humanos nuevas opciones y las diferentes perspectivas de sus militantes, que se habían mantenido unidas bajo el horror militar, comenzaron a divergir. Situarse por encima de la política no era fácil. Ya la estrategia del gobierno de Alfonsín, y la misma creación de la Conadep, suscitaron objeciones. En 1987, la impotencia del gobierno frente al bloque militar insumiso y la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida afectaron las expectativas de la ciudadanía, lo que generó un extendido desencanto con el gobierno y quizá con la democracia. Se fortaleció el sector más intransigente de las organizaciones, cuya figura emblemática fue Hebe de Bonafini, siempre reticente frente a la democracia, el pluralismo y las instituciones. En torno de ella se fue reuniendo un sector de antiguos militantes que en el exilio, a través del movimiento internacional de derechos humanos, hizo un curso rápido de democracia. Varios casos bien conocidos revelan la diferente solidez de las viejas y las nuevas convicciones.

El sector intransigente centró su crítica en la tesis de "los dos demonios". La Conadep había optado por considerar "inocentes" a todas las víctimas, concentrando la responsabilidad en los militares y las organizaciones armadas. Los críticos señalaron con justeza que la responsabilidad del Estado era mucho mayor. Como la puntualización apuntaba a la defensa del Estado de Derecho, fue ampliamente aceptada. Es llamativo que no se criticara la idea misma de "demonio", que exculpaba al conjunto de la sociedad y eludía la pregunta acerca de la naturalización de la violencia.

Los intransigentes fueron más allá. Autoproclamados jueces de la conducta de sus conciudadanos y con una renovada lógica facciosa, se dedicaron a condenar a los réprobos y también a denunciar a los tibios. Su radicalización llegó a la valoración de la violencia. Sus voceros diferenciaron el reprobable asesinato practicado por el Estado terrorista y las justificadas ejecuciones de quienes luchaban por sus ideales, una distinción incompatible con el Estado de Derecho.

Este rumbo se profundizó con la reivindicación política de la militancia de los años setenta. Se recordó que las "víctimas inocentes" eran en muchos casos militantes, como los jóvenes de la Noche de los Lápices. De allí se pasó a la valoración genérica de sus ideales y su compromiso y, en un paso posterior, se reivindicó la práctica armada y el asesinato. Surgida del renacido activismo político contestatario juvenil de fines de los años noventa, esta corriente empalmó naturalmente con el núcleo intransigente de los derechos humanos. En un relato ideal, los hijos y los nietos habrían de completar la tarea iniciada por los padres. La señora de Bonafini expresó cabalmente y en toda su crudeza esta posición.

Entre las organizaciones de derechos humanos había profundas diferencias y fuertes cuestionamientos a la mítica figura de Bonafini que no llegaron a hacerse públicos. Pero esto no evitó que todo el movimiento quedara impregnado por la idea de que el núcleo de la cuestión estaba en el desquite del vencido, antes que en el fortalecimiento del orden jurídico. Lo que debió ser un medio se había convertido en un fin. Quienes no acompañaron a las organizaciones en esta radicalización fueron denunciados como cómplices y condenados por los tribunales populares montados ad hoc. Entre las víctimas de este maltrato había figuras señeras de la lucha por los derechos humanos, de probado coraje cívico durante la dictadura. Como en la Francia jacobina, los padres de la revolución fueron enviados a la guillotina.

Durante los años noventa, más allá de sus discusiones, las distintas corrientes críticas pudieron coexistir en la oposición a Menem. El presidente que emprendía el camino de la democracia autoritaria era a la vez el responsable de los indultos a los militares condenados por la Justicia. Las cosas cambiaron cuando Kirchner decidió asumir, de manera sorpresiva, la bandera de los derechos humanos y la integró en su política más general de confrontación y ruptura. Convocó al sector más exaltado de las organizaciones y alimentó la corriente revanchista, apreciando en Bonafini y sus seguidores un común talante faccioso. Con ese ánimo declaró que iniciaba una política sin precedente, ignoró el juicio a las Juntas (aunque después se disculpó por ello) y hasta cambió el prólogo del "Nunca más" para adecuarlo a su discurso refundacional.

Esta facciosidad enturbió una medida encomiable: la reapertura de los juicios a los responsables. También la enturbió el procedimiento seguido -la nulidad retroactiva de una ley-, que salía del marco legal, como lo señalaron en ese momento dos jueces de la Corte Suprema. Este desliz jurídico -anticipo de lo que vendría- se justificó con el conocido argumento de los fines y los medios. Algunos advirtieron la distancia entre esta nueva política de derechos humanos y la de 1983, pero la mayoría no se preocupó por el desvío: castigar a los militares era una causa popular.

Por esta vía Kirchner condujo la cuestión de los derechos humanos por un camino distinto del original. La convirtió en una herramienta más de la polarización facciosa que impulsó. Las organizaciones de derechos humanos nutrieron los palcos oficiales. Ya no estaban por encima de las parcialidades políticas: se identificaban con una de ellas, y con la menos pluralista de todas.

El último paso fue teñir a Madres de Plaza de Mayo con sospechas de corrupción, presuntamente practicada en forma sistemática desde el Estado y aceptada por ellas sin inocencia. Mientras la biología reducía el grupo originario de las Madres, el de los aventureros de la militancia creció a la sombra protectora de Bonafini. El grupo ingresó primero en el juego pequeño de los subsidios -la universidad, la radio- y luego en el juego grande de la construcción de viviendas. Madres de Plaza de Mayo siguió el camino por el que hoy transita Milagro Sala, no muy distinto del de Pedraza. Las otras organizaciones, lamentablemente, no han asumido la ingrata, pero imprescindible tarea de denunciar esta excrecencia del movimiento de los derechos humanos.

Así, treinta años después, la historia de los derechos humanos con los Kirchner confluyó tristemente con la de la democracia. Ambas fueron otrora los pilares para construir una Argentina diferente y ambas están hoy en ruinas. Sin duda, hay que reconstruir el sistema democrático y republicano. Pero, además, la causa de los derechos humanos -que excede ampliamente el juicio y castigo a los responsables de la represión- necesita nuevos defensores, nuevas organizaciones, nuevos temas y, sobre todo, nueva honestidad. Es una de las tareas que el Gobierno actual dejará a quienes lo sigan.

© LA NACION.

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