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Editorial I

La cuestión moral en el manejo de la deuda

Opinión

Si la Argentina quiere recuperar el respeto internacional y volver al mundo, es necesario que sus gobiernos recuperen los valores y honren sus compromisos

La primera regla de quien pide prestado es honrar la deuda. En la tradición lingüística, el uso de la palabra "honrar" como sinónimo de devolver refiere justamente al honor de las personas y, por extensión, al de las instituciones. Ésta fue sin duda la interpretación del presidente Nicolás Avellaneda cuando, en 1876, afirmó que había "dos millones de argentinos que economizarían hasta sobre su hambre y sobre su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros ".

Carlos Pellegrini, en momentos acuciantes de la crisis de 1890, dijo: "No tenemos nada; si no pagamos, seremos inscriptos en el libro negro de las naciones insolventes. ¡Reclamo de ustedes esa ayuda en nombre de la Patria!". Por lo visto, ha corrido mucha agua bajo el puente desde aquellas épocas y se han perdido muchos valores.

La ovación de la Asamblea Legislativa que siguió al anuncio del default en 2001 puso en claro que una parte mayoritaria del país ha excluido de su léxico la palabra "honrar" cuando se trata de pagar una deuda. Todo lo sucedido en el manejo oficial del tema a partir de aquel momento confirma que, efectivamente, hay valores perdidos y que esta falencia abarca una parte muy significativa del espectro político.

No se explica de otra forma la reacción descalificatoria hacia el reciente fallo del juez Thomas Griesa , quien luego de varios años de dar oportunidades a nuestro gobierno optó por dictar una sentencia para un país que consideró en su fallo casi un estafador serial. Entre los argumentos empleados para dictar su sentencia, citó las declaraciones "inflamadas" de la Presidenta y del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quienes afirmaron que, si la sentencia era pagarles a los que reclamaban, de ninguna manera lo harían.

Es más: Griesa aceleró su fallo y puso una fecha muy cercana para depositar la suma exigida, argumentando que no había que darle tiempo a un gobierno capaz de elaborar algún ardid para evitar el pago. Ayer, el gobierno argentino logró un respiro, al menos hasta fines de febrero, con la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de suspender la ejecución del fallo del citado juez hasta que se expida sobre la cuestión de fondo

La caída en insolvencia o default no es un hecho inmoral, salvo que haya respondido a una maniobra planificada y fraudulenta para obtener una ventaja sobre los acreedores. Las falencias por razones no queridas ni buscadas suceden en la vida diaria de los negocios de un país y también ocurren ocasionalmente con los gobiernos. En estos casos el deudor debe lamentarse ante sus acreedores por el daño que les ha ocasionado y debe demostrarles que ha hecho todos los esfuerzos posibles para evitar la cesación de pagos. A partir de allí debe hacer con la menor demora posible una propuesta de pago en la que realmente demuestre priorizar a los acreedores en desmedro del deudor. La humildad y la deferencia deben acompañar la acción del deudor.

Si se quiere entender por qué el gobierno argentino no encuentra hoy casi ningún apoyo en otros gobiernos -de ahí el reciente pedido de Cristina Kirchner a los países de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) para que debatan, mañana, en Lima, el "colonialismo judicial" y pueda así contar el país con algún tipo de apoyo de la región-, deben mirarse todas las actitudes oficiales desde el día mismo en que se declaró el default, a fines de 2001. Se demoró más de tres años para hacer la primera propuesta de canje. Fue una demora récord para el default más grande de la historia. Y todavía, después de 11 años, no se ha realizado ninguna propuesta a los acreedores oficiales reunidos en el Club de París.

En su primer viaje al exterior, en 2003, el presidente Néstor Kirchner espetó a los bonistas impagos que ellos eran culpables por haber confiado en un gobierno que no lo merecía. Así, como victimarios codiciosos y no como víctimas, fueron considerados siempre los tenedores de títulos en default. Nunca se les pidió perdón, sino que se los maltrató.

Los canjes de 2005 y 2010 confirmaron ese maltrato al proponérseles una quita que reducía a un tercio el monto reconocido y al obtenerse de un Congreso con mayoría obediente una "ley cerrojo", que aseguraba que quien no aceptara el ofrecimiento nunca más cobraría nada. Caso curioso, pues es ahora el propio Gobierno el que, por temor al default y sin empacho de la gravedad de lo actuado, acaba de volver sobre sus pasos al decir que está dispuesto a reabrir el canje para los bonistas que no entraron en el de 2010.

Este cúmulo de hechos que muestran la total ausencia de la moral del buen pagador se suman a una corriente de pensamiento algo más antigua que aduce que una parte de la deuda pública es ilegítima y que por ello debe ser repudiada. Se desconoce obviamente la continuidad jurídica de un país, que en todo caso debe juzgar y condenar a quienes incurrieron en hechos de corrupción, si se demuestran. El pago original de tasas de interés elevadas que se aduce como demostrativo de esa ilegitimidad debe considerarse en relación no sólo con la situación internacional, sino con el riesgo país argentino en cada momento.

Para el país que más ha "defaulteado" en la historia del mundo, ese riesgo siempre ha sido alto. De hecho, quienes califican como ilegítimas deudas asumidas por la Argentina con tasas de interés elevadas en las décadas del setenta y del ochenta deben tener en cuenta que luego fueron renegociadas con quitas y que no hubo tasa de interés suficientemente alta para compensar la pérdida posterior. Los gobiernos que reestructuraron entregaron nuevos bonos, haciendo ya imposible argumentar ilegitimidad. Esta campaña aún sostenida por ciertos sectores de izquierda será inevitablemente considerada un artificio más, utilizado como excusa para no honrar las deudas.

Si la Argentina quiere recuperar el respeto internacional y volver al mundo, es necesario que sus gobiernos e instituciones recuperen los valores morales perdidos, entre ellos el de honrar los compromisos y acatar fallos judiciales..

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