Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí
 
lanacion.com | Las noticias que importan y los temas que interesan
Ver página en pdf

Editorial I

Réquiem para el mercado de capitales

Opinión

Con la ampliación de las facultades de la Comisión Nacional de Valores, se profundiza el populismo y se desalientan las inversiones privadas

 
 

El kirchnerismo logró ayer en el Senado convertir en ley su proyecto para la reformulación del mercado de capitales, con el agregado de último momento realizado por el diputado oficialista Roberto Feletti, ex secretario de Política Económica, que introdujo una peligrosa ampliación de las facultades de la Comisión Nacional de Valores (CNV), su hoy politizada autoridad de aplicación.

Según ese artículo, cuando la CNV considere que se han vulnerado gravemente derechos de accionistas minoritarios de una sociedad con oferta pública, podrá designar veedores con facultad de vetar las resoluciones adoptadas y aún separar los órganos de administración por un plazo máximo de 180 días hasta "regularizar las deficiencias encontradas".

Ocurre que el Estado, directamente o a través de la Anses, tiene participaciones minoritarias en varias grandes empresas que cotizan en Bolsa y, con esta norma, adquiere herramientas que le permitirían realizar operaciones de "pinzas" con fines políticos: como accionista minoritario podría reclamar la vulneración de derechos y, como órgano regulador, acoger esos reclamos designando veedores con poder de veto y hasta separando a las autoridades societarias.

Entre las empresas líderes en las que la Anses tiene acciones se cuentan Siderar, Molinos, Telecom, Edenor, Petrobras Energía, Consultatio, Banco Macro, Grupo Financiero Galicia, Pampa, Aluar, San Miguel y Grupo Clarín, entre otras. También el Estado nacional es accionista en Papel Prensa SA, que cotiza en Bolsa.

Debe recordarse que el año pasado, cuando Feletti era viceministro de Economía de la Nación y presagiando el triunfo electoral del Frente para la Victoria, en una entrevista con la revista Debate pidió profundizar el populismo con mayor intervención estatal en el sector privado para hacerlo "sustentable". Y concluyó que "ganada la batalla cultural contra los medios y con un posible triunfo en elecciones, no tenés límites".

También el año pasado el Poder Ejecutivo dictó un decreto de necesidad y urgencia que eliminó el tope en el cómputo de tenencias accionarias para la designación de directores que regía en tiempos de las AFJP. En aquel momento, no permitía acumular más del 5%. Con el cambio, la Anses pudo desembarcar en aquellas sociedades abiertas con más representantes en proporción a sus tenencias.

Señalamos en aquel momento que la gradual politización de los directorios privados podría plantear graves problemas por el conflicto de intereses subyacente si los representantes del Estado privilegiasen la adopción de medidas que no fuesen del interés de la empresa o en función de la percepción política o de las exigencias de entes estatales como los controlados por Guillermo Moreno o Ricardo Etchegaray. Ahora el Estado profundiza el modelo y va por todo.

Con la facultad de veto a los veedores, ya no necesitará tener siquiera representantes en los directorios para paralizar decisiones de esos órganos societarios. Si bien el nuevo artículo está claramente pensado en función de las tenencias accionarias heredadas de las AFJP, es posible también concebir que ?en tren de "ir por todo"? se actúe sobre algunas empresas a partir de paquetes accionarios adquiridos por "militantes" en connivencia con la CNV y así librar batallas "populares" usando veedores con poder de veto y blandiendo la facultad de separar a las autoridades.

Hasta ahora, la intervención en la gestión de una sociedad comercial solo podía efectuarse mediante una decisión judicial y el debido proceso legal. También la Inspección General de Justicia (IGJ), hoy en manos de La Cámpora, puede requerir la suspensión de resoluciones, la intervención judicial y aún la disolución societaria si se reuniesen determinados extremos.

Está claro que el polémico punto es violatorio del artículo 17 de la Constitución Nacional, que impide que el Estado pueda afectar el derecho de propiedad mediante decisiones administrativas, debiendo siempre actuar en forma excepcional, con sujeción a procesos judiciales y teniendo en claro que las conductas confiscatorias se rigen por la ley de expropiaciones.

Es evidente que estos principios no preocupan a quienes sólo persiguen la acumulación de poder. El debate ideológico está abierto y el kirchnerismo ha logrado avasallar todo principio doctrinario con su gravitación en el Congreso. Habrá que esperar a los planteos judiciales para saber si los tribunales continúan interpretando la Ley Fundamental conforme a su jurisprudencia tradicional.

Entretanto, cabe preguntarse: ¿quién deseará levantar capitales en el mercado argentino sabiendo que los accionistas minoritarios que se opongan a un plan de inversiones, a la constitución de reservas, a un despliegue regional, a una reestructuración financiera u otras decisiones propias del empresariado, podrían lograr "apoyo político" para presionar con las herramientas de la nueva ley?

Para cumplir con promesas de crecimiento, inclusión social y desarrollo sustentable es indispensable lograr inversiones privadas. Cuanto mayor sea la promesa de "ir por todo", menores serán las inversiones que voluntariamente se expongan a ser confiscadas. Es el abecé de toda democracia en Occidente. Pero en la Argentina, aún pretendemos reinventar la rueda..

TEMAS DE HOYLa muerte de García MárquezIncendio en ValparaísoElecciones 2015Semana Santa