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El análisis

El poder cristinista, el relato oficial y los límites de la sociedad

Política

Este noviembre podrá ser recordado como el mes de los límites al poder cristinista. El último de ellos ha sido el documento de la Iglesia dado a conocer ayer, el más duro contra las políticas del gobierno nacional desde que Cristina Fernández de Kirchner ocupa el Poder Ejecutivo.

La declaración del Episcopado argentino advirtió sobre los niveles de confrontación en la sociedad y el riesgo de una división en "bandos irreconciliables". Pero también pasó revista a una serie de cuestiones que oportunamente han sido puestas de manifiesto por la oposición política y por los cacerolazos del 13-S y el 8-N: la inseguridad, el deterioro institucional, la falta de respeto por la división de poderes y la independencia de la Justicia, y las presiones contra la libertad de expresión.

A principios de mes, 107 diputados nacionales de distintos bloques opositores expresaron públicamente su compromiso de rechazar cualquier proyecto de reforma constitucional y toda tentativa de allanar el camino para un tercer mandato presidencial consecutivo. Días antes, habían hecho lo propio 28 senadores nacionales. Fue el primer límite político al poder cristinista.

El kirchnerismo siempre apostó a seducir a sectores de la oposición para que lo acompañen a la hora de avanzar hacia la declaración de la necesidad de la reforma constitucional. El compromiso de los legisladores opositores pareció cerrar esa alternativa.

Dos días después del pronunciamiento de los diputados, se produjo la multitudinaria movilización del 8 de noviembre, que tuvo la particularidad de ser un fenómeno con ramificaciones en prácticamente todo el país. Su efecto no sólo se vinculó con las grandes concentraciones en la Capital. Más de un mandatario provincial podrá preguntarse si, después del 8-N, la Presidenta podrá considerarse, como el año pasado, con derecho a armarles las listas de candidatos a cargos legislativos nacionales y hasta provinciales.

El tercer límite que sufrió el poder cristinista pasó por el paro general del 20 de noviembre , el primero de la era kirchnerista. Su impacto sobre el Gobierno no sólo pasó por la conocida rivalidad con Hugo Moyano, sino por el hecho de que la protesta puso contra las cuerdas buena parte del relato oficial acerca del poder adquisitivo de los trabajadores asalariados. También, porque generó dudas sobre el nivel de apoyo del sindicalismo supuestamente oficialista a la presidenta de la Nación.

El último límite pareció ser la declaración de la Iglesia, cuya contundencia frente al Gobierno esta vez no alcanzó a ser disimulada por el habitual discurso elíptico e impersonal que caracteriza a los mensajes de los obispos.

En el medio, el peronismo comenzó a evaluar la posibilidad cada vez más firme de que Cristina Kirchner no pueda sucederse a sí misma. Lo más significativo fue que, sin prisa pero sin pausa, hombres de Daniel Scioli comenzaron a instalar la precandidatura presidencial del actual gobernador bonaerense, quien acompaña el armado de esa estrategia con sus silencios.

Frente a estos límites, el kirchnerismo no tuvo más remedio que volver a hablar de la posibilidad de la reelección para frenar movimientos que pudieran conducir hacia una prematura diáspora. Más convencido de la necesidad de evitar el síndrome del "pato rengo" que de que haya chances de posibilitar la reelección, Julio De Vido reivindicó "el derecho de plantear la reforma de la Constitución" y afirmó que "la Presidenta es la única garante de que este modelo continúe".

Por momentos, la reacción del cristinismo cuando se le marca la cancha es defensiva. Pero casi siempre, al mejor estilo de Néstor Kirchner, redobla la apuesta. Tras el cacerolazo del 13-S, la Presidenta designó a Martín Sabbatella al frente de la Afsca para que le dé un nuevo ímpetu a la ley de medios. E inmediatamente después del 8-N, le ordenó al propio Sabbatella que avanzara hacia el 7-D explicando de qué manera deberían adecuarse los medios a la nueva normativa.

Refugiada en el 7-D, Cristina parece tratar de convencer a los argentinos de que, detrás de los límites que le fija la sociedad, está el periodismo independiente del Gobierno. El problema más grave sería que ella realmente crea que es así..

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