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Washington, un límite para el relato estatizador

Economía

Por   | LA NACION

El relato de la refundación energética argentina después de la confiscación de las acciones de YPF encontró ayer un límite. Será en Washington, en el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi), donde los funcionarios del Gobierno tendrán que convencer a los árbitros de que haberse quedado con las acciones de una petrolera sin haber pagado un solo peso no atenta contra la inversión extranjera.

Allí no habrá relato que valga. Hay que mostrar números, validar cifras y contestar preguntas. Posiblemente quien represente a la Argentina se verá en la obligación de explicar cuál es la razón para confiscar sólo 51 puntos porcentuales de las acciones si la causa de esa medida es una pésima administración, como argumentó el Gobierno. ¿Por qué no fueron por todas las acciones? ¿Por qué se trató de una acción contra Repsol y ni siquiera se tocó un solo papel del Grupo Petersen , socios y controlantes del management de la compañía desde febrero de 2008? ¿Cómo podrá argumentarse que no se trató de una acción dirigida contra un grupo particular? Todos esos tipos de hechos donde hay un trato discriminatorio de un Estado hacia un inversor privado son, justamente, la esencia que le da origen al Ciadi.

Fue la Argentina la que suscribió los tratados internacionales en los que reconoció la jurisdicción del tribunal. Nadie la obligó, fue una adopción voluntaria.

La causa que ayer inició Repsol tiene algunos puntos que la distinguen de las que hasta ahora tramitan en Washington. La gran mayoría de los reclamos pendientes tuvieron como causa la crisis de 2001, la devaluación de la moneda y la ruptura de los contratos de las concesiones de servicios públicos.

Aquella emergencia destruyó la ecuación económica de muchas inversiones y no fueron pocas las multinacionales que se refugiaron en los claustros del Ciadi para reclamar una indemnización.

La Argentina se defendió como era previsible. Argumentó que la crisis económica fue terminal y que no hubo un trato discriminatorio para ningún inversor extranjero. Los activos de todos quedaron por el piso después del estallido de la convertibilidad. Basó su defensa en que no hubo una acción directa contra un grupo inversor en particular.

Pero ahora el caso es distinto. Además de ser por lejos el más grande -se estima que el reclamo podría rondar los 10.000 millones de dólares-, el reclamo de la petrolera española sí se originó en un accionar de un Estado sobre un grupo determinado. Se confiscó a Repsol y no a otros. Y como si fuera poco, jamás se abrió un canal de diálogo como para intentar negociar una compra de las acciones.

La estrategia de defensa deberá cambiar si se quiere tener suerte con el laudo. Y explicar, además, que durante todos los años en los que se achaca el mal desempeño de Repsol, el Gobierno era el regulador y contralor de todo el sector energético .

Nada de lo que pase en el Ciadi debiera impactar directamente en los números de YPF. La petrolera se rige por los cánones del derecho privado. Es una sociedad anónima que tiene sus inversores, entre ellos el Estado nacional y la propia Repsol. En sus balances jamás se anotará esta contingencia de tantos miles de millones de dólares.

Pero mientras estos hechos se ventilen, la actual conducción de la empresa, encabezada por su CEO, Miguel Galuccio, deberá recorrer el mundo en busca de enormes inversiones, con buenas proyecciones de rentabilidad, pero de muy largo plazo. Más allá de estudios sísmicos que muestren la riqueza del subsuelo, los eventuales inversores pedirán seguridad jurídica, estabilidad de reglas y un sendero de precios de los productos que comercializa YPF. En cada negociación aparecerá el fantasma de la confiscación a Repsol. Y Galuccio sabe que es difícil de explicar..

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