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Histórico

Reconoció la Corte el derecho a acceder a la información pública

Política

La Corte Suprema reconoció ayer el derecho de todos los ciudadanos a acceder libremente a la información que está en poder del Estado y, además, condenó al PAMI a revelar cómo distribuye la publicidad oficial entre los medios.

"El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios se desempeñan", dice la sentencia, que califica a la información como el "oxígeno de la democracia".

Señala, además, que este derecho permite a los ciudadanos "controlar la corrupción y mejorar la eficacia de los gobiernos". Y sostiene que todos los órganos estatales y hasta las empresas privadas que cumplen funciones públicas están obligados a responder las eventuales consultas de la población.

El fallo tiene una gran importancia porque recuerda la obligación del Estado de respetar un derecho que está contemplado en la Constitución y que es ampliamente reconocido en tratados internacionales, pero que en el país, sobre todo en los últimos años, es denegado por las autoridades.

La decisión, implícitamente, es un respaldo a los cuestionamientos que la prensa independiente y organizaciones de la sociedad civil hacen a la falta de transparencia en la administración kirchnerista. Y se conoció sólo cuatro días después de que el Congreso dejara caducar un proyecto de ley para regular el acceso a la información.

Además, mañana llega al país una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), preocupada por el ataque del Gobierno contra el Grupo Clarín. La entidad es una firme defensora del derecho de acceso a la información. Sus enviados pidieron cita con la Corte, pero en principio no serían recibidos.

La causa sobre la que sentó posición la Corte había sido iniciada por la Asociación de Derechos Civiles (ADC), que le pidió al PAMI que le informara sobre su presupuesto de publicidad de 2009 y cómo la distribuyó en mayo y junio de ese año. Lo hizo bajo la sospecha de que la publicidad fue entregada, preferentemente, en beneficio de medios afines a la política oficialista. Pero el PAMI rechazó el planteo porque, dijo, el organismo de los jubilados no es un ente estatal y, por lo tanto, no le es directamente aplicable el decreto 1172/03.

El 22 de noviembre pasado, la Corte Suprema, que preside Ricardo Lorenzetti, realizó una audiencia pública durante la cual los directores del PAMI no fueron convincentes. Y, ayer, con la firma de sus siete integrantes, el tribunal dictó un fallo que, más allá del PAMI, reconoce la obligación de todos los organismos del Estado de permitir el acceso a la información.

No importa que el PAMI sea un organismo estatal o no estatal. Lo importante es que la información en sí misma es pública y son públicos los intereses de la ONG que solicita los datos, señalaron los ministros. "Aun cuando el PAMI no sea un órgano estatal, dada sus especiales características y los importantes intereses públicos involucrados, la negativa a brindar información es arbitraria."

La Corte recuerda también que el derecho al acceso a la información está consagrado en los artículos 1 de la Constitución nacional; IV de la Declaración de los Derechos del Hombre y 13.3 de la Convención Americana, y fue reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes (2007).

El derecho a acceder a la información evolucionó progresivamente, y la Corte cita numerosos tratados y documentos, incluida la Declaración de Chapultepec, que consagra los principios más amplios de libertad de prensa.

A nivel nacional rige un decreto de 2003, dictado al inicio de la presidencia de Néstor Kirchner, que regula el mecanismo para que los ciudadanos puedan solicitar información pública al Gobierno. Pero hace tiempo que las autoridades rechazan la mayoría de los pedidos que incluyen consultas sobre datos políticamente sensibles.



Ayer la Corte fue terminante. Para cumplir con los tratados internacionales, señaló, "el Estado no sólo debe permitir el acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo sino también en todos los órganos estatales, en todas sus ramas y niveles nacionales y locales; empresas del Estado, hospitales, instituciones privadas o de cualquier tipo que ejerzan funciones públicas".

Es indispensable que la información solicitada se entregue con celeridad y en forma gratuita, añadieron los jueces.

La Corte recuerda que en el fallo Editorial Río Negro contra Neuquén estableció la relación directa entre el acceso a la información y la publicidad oficial.

"El derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información es un prerrequisito de la participación de los ciudadanos para controlar la corrupción y mejorar la eficacia de los órganos de gobierno y la calidad de vida de los ciudadanos", indicó el fallo.

Y añadió que no suministrar información "implica una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trata de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de gestión de gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática".

En la visión de los jueces supremos, "la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática".

A la luz pública

La Corte refutó la negativa del PAMI a entregar datos

Luciano Di Cesare
Interventor en el PAMI

  • El principal derrotado
    El PAMI fue demandado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) porque se niega a brindar información sobre su presupuesto publicitario
  • El argumento oficial
    La obra social de los jubilados dijo en la Corte que no es un órgano del Gobierno y por eso no está obligado a responder solicitudes de información pública
  • Las excepciones a la regla
    El Estado sólo puede negarse ante un motivo de seguridad nacional, cuando se comprometa la intimidad de alguien o se pongan en riesgo relaciones diplomáticas

sentencia a favor de perfil

La Corte Suprema ratificó que el Gobierno deberá suministrarle publicidad oficial a tres publicaciones de la editorial Perfil, para lo cual deberá presentar un esquema de distribución de acuerdo con las analogías entre los medios.

El tribunal declaró "inadmisible" la apelación planteada por el Estado en contra de la ejecución de un fallo que, sobre la base de una decisión anterior de la propia Corte, ordenaba darle publicidad oficial al diario Perfil y a las revistas Noticias y Fortuna..

Del editor: qué significa.
La Corte envió un mensaje fuerte en pos de la transparencia. Entroniza un derecho que incomoda al Gobierno, a los opositores y también al propio Poder Judicial.

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