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Editorial I

Asalto a la Justicia

Opinión

Esgrimir que un fallo judicial contrario a los deseos del Poder Ejecutivo constituye un alzamiento contra las instituciones resulta un atropello a la democracia

Tanto ha apostado el Gobierno al llamado 7-D, tanto ha tergiversado y presionado en torno de lo que representará el día de mañana para su objetivo declarado de desguazar al Grupo Clarín, que ante los primeros tropiezos que encuentra en la Justicia para lograr su despropósito de cercenar la libertad de información, ha entrado en franca colisión con el Poder Judicial y ha decidido atacarlo por boca de algunos de sus funcionarios y máximas figuras para intentar someterlo.

Salta a la vista la gravedad y el enorme peligro que esta actitud entraña para la vida democrática y la República. El ataque del Poder Ejecutivo (PE) a la Justicia constituye una desenfrenada presión para que los tribunales resuelvan como quiere el Gobierno, y no sólo en el caso Clarín, sino también en otros, como en el de los ajustes jubilatorios que las autoridades se niegan a pagar. En el primer caso, y luego de sufrir una feroz arremetida que incluyó fuertes presiones a jueces y camaristas del fuero civil y comercial federal para apartarlos por considerarlos independientes, la Cámara de ese fuero rechazó dos recusaciones promovidas por la Casa Rosada y quedó habilitada para decidir si amplía o no la medida cautelar en favor del citado multimedio.

La posibilidad de que, en efecto, la Cámara resolviera antes de mañana, y que lo hiciera extendiendo la protección cautelar, arruinando así la carga simbólica y el absurdo carácter épico con que el Gobierno ha revestido el 7-D, produjo un virtual estado de alienación. Por eso, el ministro de Justicia, Julio Alak, advirtió ayer que si la Cámara decide extender la medida cautelar incurriría en " un alzamiento contra una ley de la Nación (por la ley de servicios de comunicación audiovisual), contra una determinación de la Corte Suprema y generaría un conflicto de poderes". Para el Gobierno, a partir de mañana comienza la plena aplicación de la ley de medios. Por eso, volvió a la carga y recusó a todos los integrantes de la Cámara, intentando así evitar que resuelvan.

El Poder Ejecutivo busca, de este modo, evitar que la Cámara se expida sobre la prórroga de la medida cautelar que suspende el efecto de los dos artículos de la ley objetados por el Grupo Clarín y dilatar aún más la causa para actuar de oficio, anulando licencias para operar medios audiovisuales aunque la Justicia no se haya pronunciado sobre su constitucionalidad.

Ayer, en esta columna, calificamos a Alak de " ministro de la injusticia " por haber abusado de su autoridad al pretender imponer a los jueces la voluntad del Gobierno. Sus dichos confirman de una manera caricaturesca lo merecido de la calificación y lo inconcebible de su permanencia como cabeza de un ministerio al que deshonra, aunque Alak es sólo el ejecutor de una política que, seguramente, dirige la presidenta de la Nación.

Al mismo tiempo, el diputado ultraoficialista Carlos Kunkel denunció que la "corporación judicial quiere romper la continuidad de la democracia". Agregó que esa "corporación judicial", en la que incluyó a la Corte Suprema, intenta " gestar un golpe institucional ".

La diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, pidió el juicio político de Alak "por atentar contra el orden democrático para violentar la división de poderes, avasallar la Justicia e intimidar a los jueces". Similares pedidos formularon otros legisladores de la oposición, y Ricardo Alfonsín, de la UCR, afirmó que "en cualquier país serio se le pediría inmediatamente la renuncia" a ese ministro.

Es evidente que el "conflicto de poderes" y el "golpe institucional" a los que se refirieron Alak y Kunkel no los generó la Justicia sino el propio PE con su descabellado accionar. Lo que comenzó hace ya varios años con presiones a integrantes del Poder Judicial y la defensa y el nombramiento de funcionarios judiciales adictos , continuó luego con la desobediencia de fallos judiciales, algunos de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, un Gobierno que se jacta de ir "por todo", parece resuelto a enfrentar, contradecir e intentar someter al Poder Judicial.

El Gobierno se está convirtiendo en víctima de su propio relato. Creó, fabuló y alimentó la gesta del 7-D y, ante el peligro de que la gesta se convierta en un sonado fracaso, no disimula que quiere dictar a los jueces qué es lo que deben resolver para evitar la vergüenza. Cuando la Justicia rechaza pedidos de un gobierno no se está ante un conflicto de poderes, sino ejerciendo precisamente la independencia entre ellos. El PE, que no está por encima de los otros dos poderes, no se encuentra exento de cometer abusos e ilegalidad. Sin justicia, es enorme el riesgo que corre el país de caer en el abismo.

Es por eso que a estas alturas no sólo está en juego el Grupo Clarín, sino algo mucho más importante: la independencia judicial y la necesidad de evitar a toda costa que la Justicia se sume, presionada y atemorizada, al grupo de los que aplauden y ejecutan servilmente lo que ordena la Casa Rosada..

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