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Al margen de la semana

Un paso para adelante, dos para atrás

Economía
 
 

Así como en la "previa" de su épico y frustrado 7-D el gobierno de Cristina Kirchner provocó tal desquicio institucional que desplazó los ejes del debate por la ley de medios, algo similar ocurrió este año con el manejo de la política económica. Muchos de los problemas que intentó atacar terminaron con complicaciones mayores debido al retroceso que implicaron los instrumentos utilizados.

La mejor prueba es que, según la mayoría de los pronósticos privados, el PBI tendrá en 2012 una variación de 1,5 o 2%, equivalente a apenas una quinta o una cuarta parte del alto crecimiento del año anterior (8,9%). Por más que el Gobierno repita hasta el cansancio que "el mundo se nos cayó encima", nunca demostró qué impacto tuvo en esta fuerte desaceleración. Claramente, no fue por la crisis de Grecia, España o Portugal que aquí se paralizó el mercado inmobiliario y se derrumbó la construcción, uno de los motores del crecimiento a tasas chinas.

El economista Miguel Ángel Broda acaba de acuñar el concepto de "daños autoinfligidos" para ilustrar que el gobierno de CFK recurrió a recetas arcaicas y tratamientos errados a las dolencias que la economía arrastraba antes de las elecciones de 2011. Como prueba, indica que las reservas del Banco Central habrán de reducirse en unos 4000 millones de dólares en 2012, pese a la intención oficial de blindarlas mediante las sucesivas vueltas al torniquete cambiario para particulares y empresas. La razón es que si bien logró frenar la fuga de capitales, también detuvo el ingreso por la enorme desconfianza que generaron esas medidas. De ahí que la inversión se desplomara casi 4 puntos de PBI y retrocediera la creación de empleos en el sector privado, sin que la inflación modificara su tendencia ascendente.

Efectos enredados

Abundan los casos de este tipo de decisiones oficiales, donde un paso adelante es seguido por otros hacia atrás que complican el panorama.

Los asalariados que lograron empatarle o aún ganarle a la inflación terminaron perdiendo por goleada ante la desactualización del mínimo no imponible (MNI) del impuesto a las ganancias. Si se buscara en 2013 retrotraer el MNI al mismo nivel real de abril de 2011 (fecha del último ajuste), debería aplicarse un incremento del orden de 53%; más que improbable -incluso en un año electoral- para un gobierno que sigue negando la inflación de 25% anual. Pero aun así, no mejoraría la situación de los ingresos medios y altos, cuyas escalas no se mueven desde hace diez años. Algo similar ocurre con la prohibición legal a las empresas de ajustar sus balances por inflación, como si la Argentina fuera un remanso de estabilidad. Y también con el piso del impuesto a los bienes personales, inmutable desde 2007. Todo esto significa mayor presión tributaria, directa e indirecta, que se hará sentir en las próximas negociaciones paritarias; máxime con un sindicalismo dividido.

Hasta no hace mucho, el Gobierno planeaba reformar Ganancias y gravar la renta financiera (acciones y depósitos a plazo fijo). Sin embargo, ese objetivo choca ahora contra el de ampliar el mercado de capitales tras la reciente reforma sancionada en tiempo récord. Y que, a su vez, carga con el contrapeso del artículo introducido por la ventana a instancias del diputado (y ex viceministro de Economía) Roberto Feletti, que prevé la designación de veedores oficiales y modificar decisiones de las empresas para defender derechos de las minorías accionarias (en muchas de las cuales se encuentra el propio Estado). Todo un desincentivo para que más compañías se decidan a ingresar al futuro mercado bursátil nacional, popular e interconectado.

Para compensar la merma de inversiones productivas, el BCRA obligó a una treintena de bancos privados a otorgar antes de fin de año 15.000 millones de pesos en créditos a tres años y tasas subsidiadas (de 15% anual) para financiar proyectos de empresas. Pero esta mayor intervención potencia problemas estructurales. Entre ellos el descalce de plazos (el promedio de depósitos no supera 30 días); su correlato de tasas negativas frente a la inflación para los ahorristas y el aumento de servicios bancarios (por mantenimiento de cuentas o alquiler de cajas de seguridad, por ejemplo). Del otro lado del mostrador, las empresas que pueden acceder a estos créditos también deben asegurarse que no se encontrarán con sorpresas a la hora de importar bienes de capital. Incluso en proyectos de sustitución de importaciones, donde el Gobierno suele convocar a proveedores de grandes compañías para negociar facilidades, pero sin mayores exigencias de competitividad, escalas de producción o exportación para hacerlos sustentables en el tiempo.

En otro caso de intervencionismo estatal, a las compañías aseguradoras se les heló la sangre durante el ruidoso enfrentamiento del Gobierno con los "fondos buitre", que derivó en el polémico fallo del juez Griesa: por la escalada del riesgo país, en esos días se redujo 40% el valor de los activos por 7000 millones de pesos que deberán canalizar hacia "inversiones elegibles" por el Gobierno y cuyo destino aún no fue definido. En otro plano, una incógnita similar es compartida por las distribuidoras de electricidad y gas, convertidas en simples recaudadoras de los "cargos" aplicados en las facturas para financiar inversiones ($ 2000 millones anuales), sin que sepan si se asignarán en función de prioridades técnicas o políticas durante el año electoral. Y hasta las compañías petroleras, que celebraron el reciente aumento del precio del gas natural en boca de pozo a 7,5 dólares a cambio de nuevas inversiones, también ignoran quién será el comprador a esos valores: la mayorista Cammesa suele pagar con atrasos (ya que depende de fondos del Tesoro) y los usuarios industriales se resisten a pagar más si el Gobierno no les garantiza que no sufrirán cortes en las épocas de mayor demanda.

No hace falta incursionar en el mundo de las empresas para advertir inconsistencias oficiales. Quienes compraron autos en los últimos años hoy sufren la escasez y el encarecimiento de estacionamientos; así como congestionamientos en avenidas, accesos y rutas, sin mejoras desde que el parque automotor tenía dos millones menos de vehículos. Incluso pagan dos aumentos consecutivos de peaje en la ruta Panamericana a cuenta de un ensanche de la avenida General Paz anunciado antes de las últimas dos elecciones y que aún brilla por su ausencia. También enfrentan ahora la perspectiva de nuevos ajustes en patentes y combustibles. Y quienes no tienen más remedio que viajar en los atestados trenes suburbanos lo hacen peor, porque después de años el Gobierno decidió comenzar a ocuparse del mantenimiento, pero sin otra opción que retirar formaciones, estirar frecuencias y suspender servicios.

Moraleja: las medidas caso por caso pueden servir para empujar algunos proyectos, en detrimento de muchos otros que nunca aparecerán en la cadena nacional ni en la propaganda del Fútbol para Todos. Pero no cubren la ausencia de políticas coordinadas y reglas generales para promover inversiones genuinas, empleos y mejor calidad de vida..

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