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Editorial I

Jubilados, víctimas de un gobierno buitre

Opinión

Al criticar y ofender a los jubilados que hacen juicios para cobrar lo que les deben, la Presidenta pareció confirmar que la Anses seguirá castigando al sector

Las dudas que algunos desinformados pudieron albergar acerca del carácter sádico de la política del Gobierno con los jubilados seguramente se desvanecieron con las insólitas, durísimas e injustas palabras que la Presidenta dedicó la semana pasada a los miembros de la llamada clase pasiva que se ven forzados a hacerle juicio al Estado para intentar cobrar lo que, de acuerdo con la Justicia, les corresponde, siempre y cuando la muerte no los sorprenda antes. A ellos Cristina Kirchner los calificó despectivamente como "buitres" y "caranchos".

No fue un lapsus ni un comentario marginal o un exabrupto. La Presidenta eligió nada menos que la cadena nacional para ofenderlos cuando, en el Museo del Bicentenario, y con el pretexto de anunciar la segunda etapa del Programa Procrear, sostuvo equivocadamente que mientras rigió el sistema de la jubilaciones privadas con las AFJP, "no se registraba ningún juicio contra las administradoras de fondos de pensión", pero que, al apropiarse el Estado de esos fondos, se desató "una catarata de juicios". Y fue mucho más allá al considerar que esos juicios iniciados por los jubilados pueden equipararse con ataques al país como los sufridos, en la interpretación presidencial, por la demanda iniciada en los tribunales neoyorquinos por los fondos de inversión que no ingresaron en los canjes de deuda, comúnmente denominados "fondos buitre".

En efecto, Cristina Kirchner sostuvo: "Últimamente se ha hablado mucho de jueces buitre y fondos buitre, caranchos. Yo digo -agregó- que los buitres y los caranchos no están solamente afuera, hay también adentro y muchas veces se lanzan sobre el Estado".

Si algún mérito tienen estos conceptos tan crueles como hipócritas es el de transparentar el genuino pensamiento del kirchnerismo sobre la cuestión previsional. Varias veces afirmamos en esta columna que el Gobierno se apropió de los fondos de los jubilados empleándolos como una caja política para financiar actividades totalmente ajenas a los intereses de la clase pasiva, y que debido a este constante saqueo de fondos que no le pertenecen al Gobierno sino a los jubilados y pensionados, éstos cobran menos que lo que les corresponde y se ven obligados a iniciar largos juicios, que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prolonga con todo tipo de maniobras y chicanas, llegando a veces a desconocer sentencias ya confirmadas.

Incluso, la Anses recusó sin causa a Luis René Herrero, camarista del fuero de la Seguridad Social, por considerar que fallaba en favor de los jubilados. Afortunadamente, la Corte Suprema confirmó un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social que había rechazado un pedido para apartar a dicho magistrado. Sin embargo, Diego Bossio, titular de la Anses, respondió: "Vamos a seguir trabajando de la misma manera". El organismo apeló este año 42 sentencias favorables a los jubilados.

Lo importante es que en un extraño pero iluminador acto de sinceramiento, la Presidenta ha confirmado lo que siempre aseveramos: en la perversa concepción del Gobierno, los fondos previsionales no sólo le pertenecen sino que los genuinos acreedores, los que han aportado al sistema durante una vida de trabajo y tienen que demandar al Estado, resultan ser traidores. La avalancha de cartas de jubilados dolidos e indignados publicadas por los diarios independientes mostró el calibre de la ofensa inferida. Uno de ellos planteó que los fondos de la Anses no son recursos públicos sino los aportes que a lo largo de los años de vida útil fueron depositando los millones de trabajadores que ahora padecen penurias por la desnaturalización de los fines a los cuales se aportaron.

Porque en verdad, el único responsable de los cerca de 300.000 juicios es el Estado, pues el Gobierno, repetimos, es quien no paga lo que los jubilados y pensionados deberían cobrar conforme a derecho. Con el fallo Badaro, la Corte Suprema dispuso la movilidad de las jubilaciones. La crueldad de un régimen que roba a los mayores llega al extremo, como decíamos, de no pagar los juicios que cuentan con sentencia favorable de la cámara, una instancia a la que se llega tras varios años.

Pero hubo un caso que no siguió este camino tortuoso y al que difícilmente podría cuestionar la Presidenta. Es el de Ofelia Esther Wilhelm, su madre, quien en marzo de 2008 inició un juicio cuando su hija ya ejercía la presidencia y en poco menos de tres años, el 3 de diciembre de 2010, logró una sentencia favorable con el reajuste del monto de la pensión por la muerte de su marido. Hay jubilados que aguardan diez años un fallo, pero además, en este caso la Anses hizo una excepción y no apeló la sentencia favorable.

Los dichos de la Presidenta han mostrado qué falso e interesado concepto tiene el Gobierno de los jubilados y pensionados, y qué difícil camino le espera a la clase pasiva, a la actual y a la futura, pues aquí la única ave de rapiña es el Gobierno..

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