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Editorial I

Honrar la magistratura afianzando la Justicia

Opinión

Las recientes actitudes de los jueces en defensa de su independencia frente a la prepotencia del Poder Ejecutivo son un ejemplo para la sociedad civil

El jueves pasado, los jueces parecieron decirles basta a la prepotencia, a las presiones, a las difamaciones y a los intentos del Poder Ejecutivo Nacional de manipular las decisiones de la Justicia. Se trató de una firme demostración de grandeza, independencia e integridad por parte de los magistrados, que la ciudadanía esperaba con ansiedad. Un gesto que pusiese claros límites al habitual atropello de las instituciones por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Tanto la decisión de la Cámara Federal Civil y Comercial de prorrogar la medida cautelar que suspendió la aplicación de dos artículos de la ley de medios sospechados de inconstitucionales, como la valiente declaración de la Comisión de Independencia Judicial, que integran dos ministras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las más importantes asociaciones de magistrados del país, sirvieron para ratificar la independencia de la Justicia frente a las desmesuras de un gobierno que, absurdamente, considera que cualquier sentencia que difiera con su voluntad constituye un alzamiento.

Los jueces deben tener garantizada la tranquilidad de espíritu necesaria para ejercer su cargo con independencia. Tienen en sus manos nada menos que los derechos de los ciudadanos, su honra, su libertad y sus bienes, y la revisión constitucional de las decisiones de los otros dos poderes de la República. Ejercen ese poder en forma exclusiva: nadie más que ellos puede detener una ley o un acto del Poder Ejecutivo cuando resulta violatorio de la Constitución Nacional. Mal que le pese a la presidenta de la Nación, al Poder Judicial le incumbe ese control de constitucionalidad.

La dignidad del cargo de juez está directamente vinculada con la responsabilidad que viene con él. Por ello, cabe exigir de nuestros magistrados conductas que no exigiríamos a los ciudadanos comunes. Les demandamos callar frente a críticas o aun ante agravios y, en general, hablar sólo a través de sus sentencias; les exigimos no embanderarse con partidos políticos o grupos económicos ni buscar enriquecerse en el comercio. Y también les pedimos que honren los motivos por los cuales son privilegiados constitucionalmente -incluidos sus beneficios laborales y tributarios-, que sean valientes en circunstancias en las que está en juego su tranquilidad espiritual o material y frente al avance de otros poderes sobre derechos constitucionales de la ciudadanía.

En las últimas semanas, el Poder Ejecutivo ha decidido tensar al máximo los resortes institucionales en su absurda cruzada contra el Grupo Clarín. Esta acción ha puesto en jaque principios fundamentales que, desde el retorno de la democracia, en 1983, los argentinos nos comprometimos a respetar: la división de poderes, el debido proceso, la imparcialidad de la Justicia y la defensa en juicio. Sin embargo, ante el desmesurado avance del oficialismo en todos los frentes, y ante amenazas profesionales y personales, muchas apoyadas desde un obsecuente bloque oficialista en el Consejo de la Magistratura, algunos jueces optaron por renunciar y retirarse de la discusión institucional. No era el momento de renuncias.

Pero, felizmente, fueron pocos los que adoptaron esa posición. La Cámara Federal Civil y Comercial, y la Corte Suprema de Justicia acaban de dar plenas muestras de que no todo está perdido. El Estado de Derecho y, sobre todo, la independencia de la Justicia siguen en pie. La ciudadanía toda aguardaba un gesto de esta naturaleza y el jueves pasado respiró aliviada.

Esta actuación marca una bisagra en la defensa de las instituciones y un ejemplo para toda la sociedad civil. Contrasta, sin dudas, con las conductas de otros sectores, como el empresarial, que salvo contadas excepciones han venido aceptando en silencio, cuando no con complicidad prebendaria, el avasallamiento de sus derechos y la virtual destrucción de las instituciones republicanas.

La saga aún no ha concluido y es de esperar nuevas embestidas ante la realidad de un gobierno que desprecia la división de poderes y se vanagloria de "ir por todo". Nunca antes, en las últimas tres décadas, la Argentina había asistido a un proceso de interferencia política tan masiva y brutalmente desembozada para modificar la integración de los tribunales con miras a la resolución de una causa judicial.

Es indispensable que la Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, asuma sus responsabilidades para apoyar la valiente conducta de los magistrados que defienden su independencia del poder político, y así preservar lo que queda de este poder como garante de la Constitución y las libertades civiles.

El debilitamiento institucional representa un terreno fértil para otros avances del Poder Ejecutivo no menos graves para las libertades individuales.Días atrás se conoció la existencia de un proyecto de ley que permitiría dejar de lado el secreto fiscal e informar públicamente la situación tributaria de quienes osen criticar al Gobierno. También el Congreso aprobó, merced a su mayoría kirchnerista, un inconstitucional artículo de la nueva ley sobre el mercado de capitales que autoriza a la Comisión Nacional de Valores a intervenir empresas, con desplazamiento de sus órganos de administración por 180 días, con la mera invocación de que eso se efectúa en protección de los intereses de los accionistas minoritarios, en un trámite que no prevé apelaciones ante la Justicia ni garantiza el debido proceso. Resulta evidente la correlación directa entre el debilitamiento institucional -y en particular de la Justicia- y las crecientes restricciones al derecho de propiedad y a las garantías y libertades individuales en general.

La democracia constitucional es un sistema muy exigente. Nos obliga a formarnos, a informarnos, a justificar nuestras decisiones, a participar conscientemente en los momentos electorales. El autoritarismo, la delegación de nuestra decisión en otros, nos reclama menos. Pero hemos elegido vivir en una democracia constitucional y en ella aquellos que han elegido el altísimo honor, y la vida privilegiada por un lado pero exigente por el otro, de la magistratura deben recordar que ella conlleva graves exigencias que se ponen en juego en momentos de conflictos sociales importantes.

Es en esos momentos en que los ciudadanos sabemos si los privilegios que hemos otorgado a algunos de nosotros para vivir dentro la Constitución son honrados con una conducta que esté a la altura de las circunstancias..

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