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Cristina y una guerra que aún no ha terminado

Opinión
 
 

Un gobierno desesperado. Una Justicia restablecida. Un gabinete sin norte ni brújula. Una Corte Suprema de Justicia sometida a una feroz presión. Funcionarios que corren por caminos equivocados. Una Presidenta que espolea a sus colaboradores. Ella necesita un atajo hacia una apariencia, al menos, de un improbable triunfo. Un gobierno entero dedicado en cuerpo y alma a un combate judicial. Es el campo de batalla que dejó otra guerra perdida. La del 7-D. Guerra inútil que aún se libra, más allá de la derrota, mientras la sociedad padece importantes problemas olvidados por sus gobernantes.

El cristinismo es como los jóvenes franceses del 68: pide lo imposible. ¿A quién se le ocurrió antes recusar masivamente a todo un fuero judicial, como hizo el Gobierno el último y agónico jueves? A nadie. Las recusaciones se hacen a jueces individuales y por razones comprobables. El Gobierno no comprendió la reacción multitudinaria de jueces en defensa de su independencia y contra las presiones kirchneristas. Si la hubiera interpretado, sabría el efecto contraproducente de ese método. Ningún juez quedará solo ahora, después de que la acción común les devolvió su autoestima.

Autoestima que había sido vapuleada en los últimos tiempos hasta por las multitudinarias cacerolas.

El viernes, el Gobierno presentó un extraño pedido en la Corte Suprema: un per saltum para que el máximo tribunal suspendiera y anulara la decisión de la Cámara Civil y Comercial que prorrogó hasta la sentencia definitiva la cautelar que protege las propiedades de Clarín. Podía, y puede, apelar la decisión de esa Cámara ante la Corte. El per saltum es otra cosa. Pero la apelación debe ser presentada ante la misma Cámara que tomó la decisión, la que puede acceder o no al requerimiento del Gobierno. Le dirá que sí. Nunca ningún juez rechazó un pedido de apelación de ningún gobierno.

Sucede que el Gobierno se encaprichó. No quiere reconocer a esos jueces, María Najurieta y Francisco de las Carreras, como naturales de la causa. Lo explicó Martín Sabbatella cuando pidió también a la Corte que ejerciera sus funciones disciplinarias sobre los jueces y anulara todos los rechazos de las recusaciones. El Gobierno quiere sacar a esos jueces. Los quiere recusados a todos. Que la Corte se haga cargo de ellos. Sí o sí, no importa cómo.

La ley de per saltum establece, además, que la sola admisión de ese recurso por parte de la Corte suspenderá las medidas cautelares. La apelación, en cambio, no suspendería nada. Cristina ordenó borrar de la historia el traspié del jueves. Todo el proceso merece un análisis más amplio que el que comprende a Clarín. El per saltum significa en los hechos un notable retroceso para las garantías constitucionales de los argentinos. Cualquier ciudadano quedó sometido ahora a la posibilidad de ser juzgado por la cabeza política de un poder del Estado, como lo es la Corte Suprema. Sus jueces naturales y la doble instancia podrían desaparecer por decisión de una mayoría simple de jueces de la Corte. El recurso fue repudiable cuando lo aplicó el menemismo. ¿Por qué sería bueno en poder del kirchnerismo?

La actual Corte no aplicará nunca el per saltum arbitrariamente. Pero las leyes perduran más tiempo que los integrantes de un tribunal y que la permanencia de un gobierno. Ésa será otra regresión democrática que dejará el kirchnerismo.

La administración de Cristina tiene abierto el camino de la apelación a la Corte. ¿Por qué ésta le aceptaría entonces un per saltum sobre una simple medida cautelar? ¿Cómo lo haría, cuando fue ese tribunal el que ordenó a los jueces, en una resolución fulminante y decisiva, que tomaran rápidas decisiones? ¿Qué gravedad institucional existe por una cautelar que protege propiedades de una empresa mientras se resuelve la cuestión de fondo? ¿Podría la Corte, en definitiva, aceptar un per saltum sólo para anular decisiones no apeladas?

Si la Corte aceptara semejante zafarrancho jurídico, se instauraría un per saltum especial sólo para casos de caprichos presidenciales, no de gravedad institucional.

Sabbatella es un político que demostró el tamaño de su talento: puede administrar razonablemente un municipio bonaerense. Carece de experiencia y de formación para cosas más importantes. El viernes decidió (él, no la Afsca) que ningún medio de comunicación audiovisual estará obligado a desinvertir hasta que no lo haga Clarín. La Cámara, en su resolución del jueves, dijo exactamente lo contrario: su decisión sólo es aplicable a Clarín. Lo había precisado antes la Corte Suprema. La Justicia trata sólo temas particulares y el Grupo Clarín fue el único que pidió la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de medios, entre ellos, el que apura la desinversión. ¿Qué harán ahora los medios que presentaron planes de desinversión? ¿Retirarán las propuestas y volverán a ser como eran? Sería risible si no fuera la aceptación lisa y llana de que esa ley tenía, y tiene, nombre y apellido.

Sabbatella apuró las manos de los jueces. Su condición de hombre parlanchín le jugó una mala pasada. Anticipó públicamente que a partir de mañana le sacaría licencias al Grupo Clarín y, sobre todo, los bienes físicos que harían redituables esas licencias. Suficiente. La Cámara no podía aceptar que cualquier decisión posterior se convirtiera en abstracta. El daño ya estaría hecho.

Así son los mariscales que condujeron la guerra perdida. El equipo jurídico del Gobierno tiene astucia para el arte de la chicana, que suele tropezar a la vuelta de cada esquina. Sus voceros públicos son peores que sus abogados. El senador Marcelo Fuentes anticipó que el Gobierno les hará juicio político a todos los jueces que impugnen decisiones de éste. Ya lo está haciendo. La mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura está citando a jueces denunciados, sin reparar siquiera si las denuncias son ciertas.

Todos esos magistrados están relacionados con el frustrado 7-D. Son bravuconadas que no conducirán a nada. El juicio y relevo de los jueces necesita de los dos tercios de los miembros del Consejo, mayoría que el oficialismo no tiene. Esa llave la tiene la oposición, que frenó ahí los avances del kirchnerismo. Es la habitual costumbre: el poder actual sólo inyecta dosis desmesuradas de miedo. El efecto pasará. Los jueces seguirán siendo jueces.

Otro vocero atropellado de Cristina, Abal Medina, vociferó que la Cámara chocó con la Corte y la desconoció, porque ella fijó el plazo del 7 de diciembre. Ni siquiera leyó a la Corte ni a la Cámara. El máximo tribunal señaló ese plazo, pero también lo condicionó a que no hubiera decisiones que dilataran la normal marcha del proceso judicial. El Gobierno hizo lo bueno y lo malo para dilatar las sentencias de los jueces. Es lo que dijo, de manera menos directa, la resolución de la Cámara.

Otro inefable exponente del cristinismo, Carlos Kunkel, denunció un intento de golpe de Estado de la Corte Suprema. Aprovechó un desliz verbal del juez Carlos Fayt, que señaló al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, como un hombre presidenciable. Fayt acostumbra a elogiar las cualidades personales y políticas de Lorenzetti, pero siempre habla de su futuro, no de su presente. Los jueces de la Corte no son todos iguales ni piensan de la misma manera. Tienen, sí, una sola cosa en común: no son golpistas ni desestabilizadores ni insensibles a las necesidades del Gobierno.

Pero, ¿qué necesidad grave e institucional se esconde detrás de los plazos de desinversión de una ley de medios audiovisuales? Ninguna. Sin embargo, el Gobierno declaró la guerra a la Corte cuando ésta decidió ordenar a los jueces que cumplan con sus funciones y dicten sentencias. Guerra silenciosa y secreta, pero guerra al fin y que se despliega en estas horas mediante un devastador huracán de presiones.

La Presidenta debería relevar a sus abogados y a sus voceros después de tantas equivocaciones. El conflicto que tiene, no obstante, es insoluble. Los abogados escribieron lo que ella les dictó. Los voceros dijeron lo que ella les ordenó. El jueves, Cristina fatigó el teléfono de Sabbatella, que tenía el ánimo peor que su presidenta. Ella no esperaba otra decisión de los jueces Najurieta y De las Carreras (por eso recusó a este último hasta el cansancio), pero se ilusionó con que el miedo los paralizaría. Unos días al menos. Los suficientes como para atravesar el 7-D con el discurso de algún éxito. Esos jueces tuvieron más coraje que muchos ministros juntos. Saben lo esencial: al miedo se lo vence enfrentando al miedo.

La próxima escala es la Corte Suprema. Discursos incendiarios y actos con movilizaciones financiadas por gobernadores e intendentes, como el que se hará hoy. Todo estará dirigido a esos jueces supremos, que se han convertido en la última frontera de la defensa de los derechos y garantías de los argentinos. Cristina no se resigna a una derrota. Su guerra, inservible y superflua, no ha concluido..

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