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Editorial I

¿Justicia o venganza para Jaime Smart?

Opinión

Es de esperar que prime la justicia y no el afán revanchista al resolver la situación judicial del ex ministro de Gobierno bonaerense

Jaime Smart, ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en el período 1976-1979, lleva cuatro años y medio de detención acusado de crímenes de lesa humanidad durante la lucha antisubversiva en esa provincia, sin que hasta ahora haya podido demostrarse su responsabilidad en los hechos que se le imputan. Hace algo más de un año, el Tribunal Oral Criminal I de La Plata inició su juzgamiento oral, junto con el de otros acusados en un teatro alquilado para ese cometido. Smart, para quien el fiscal solicita prisión perpetua, formulará mañana su defensa en el marco de ese escenario apropiado para convocar ruidosas condenas populares que reproducen el lema con que se han inspirado estos procesos: "juicio y castigo", olvidando que el proceso penal no se hace para penalizar, sino para saber si hay que hacerlo.

Debe recordarse que desde octubre de 1975, cuando el gobierno de la señora de Perón decretó el aniquilamiento del accionar subversivo, se puso bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas la ejecución de esa política. Desde ese momento, las fuerzas de seguridad y penitenciarias quedaron subordinadas al mando militar en todo lo que correspondiera a la acción contra las organizaciones armadas. Para la actuación frente al delito y las actividades ordinarias se mantuvieron las competencias habituales. Esta separación de funciones continuó después del 24 de marzo de 1976 y fue bajo este marco que Smart y los demás funcionarios civiles, o aun los militares que desempeñaban funciones civiles, desarrollaron sus tareas.

Dentro de las consideraciones con que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital fundamentó el fallo histórico que condenó a las Juntas, se citó el carácter secreto de las operaciones militares para combatir la subversión, y que los civiles, funcionarios, miembros del Poder Judicial y la población desconocían las órdenes y, por ende, los hechos aberrantes o ilegales producidos en esas operaciones.

Por su lado, la Corte Suprema de Justicia, al entender en los recursos extraordinarios deducidos por los condenados en la causa, en la que se juzgó a la policía bonaerense, concluyó que "la Jefatura de la Policía de la provincia de Buenos Aires, a partir de marzo de 1976, estuvo bajo las órdenes directas del comandante del Primer Cuerpo de Ejército, ya que tenía un ámbito de acción propio en la lucha antisubversiva". A pesar de estos claros elementos de prueba, Smart es acusado de ser responsable, en su condición de ministro, de las acciones de la policía provincial contra la guerrilla terrorista.

A comienzos de los años setenta, Smart se incorporó a la Cámara Federal en lo Penal de la Nación que juzgó a los terroristas que asolaban al país. Las garantías de la defensa en juicio fueron entonces aseguradas y varios condenados por aquella Cámara recuerdan la extrema preocupación personal de Smart porque así fuera. El primer acto del presidente Héctor Cámpora en mayo de 1973 fue la amnistía, la liberación de los condenados y la supresión de la Cámara Federal en lo Penal. Los jueces que actuaron en ella fueron perseguidos y sufrieron atentados. El juez Jorge Quiroga fue asesinado vilmente por los grupos armados que habían recobrado su capacidad de acción y que también la aplicaron contra el propio gobierno constitucional. Otros jueces de aquella Cámara, entre ellos Smart, debieron ausentarse del país para salvar sus vidas.

La actual concentración del ataque contra él, jamás llamado a prestar declaración en causa alguna durante más de 30 años, además de violar expresas garantías constitucionales, demuestra la persistencia de un espíritu de venganza por su actuación en aquella Cámara Federal, haciendo uso hoy de una justicia presionada y dependiente. Este espíritu vengativo campea en estamentos oficiales hoy ocupados por ex terroristas, cuyos indultos y amnistías no fueron impugnados ni anulados, y cuyos crímenes son curiosamente excluidos de criterios mediante los cuales se permite juzgar a los militares -y ahora también a los civiles- en nuestro país.

Sólo cabe esperar que sean corregidas estas graves irregularidades en la administración de justicia y que prime la legalidad y la independencia en la actuación de los magistrados, atributos a los que estas discriminaciones y selección de personas para su juzgamiento ponen en serias dudas. De lo contrario, se continuará transitando por el camino del odio y la confrontación, alejándonos de la ansiada reconciliación y pacificación nacional..

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