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Editorial I

Una democracia sin oxígeno

Opinión

El fallo de la Corte que ordenó al PAMI informar cómo distribuye su publicidad es un avance en un campo en el que el Gobierno está en deuda con la ciudadanía

El reciente y contundente fallo en materia de acceso a la información pública de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó al PAMI entregar los datos solicitados por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) que desde 2009 el ente estatal se negaba a hacer públicos, tiene, además de un gran valor jurídico, una invalorable significancia social.

En primer lugar, el fallo realza a la Corte Suprema en particular y al Poder Judicial en general como garantes de derechos fundamentales, dado que la causa fue iniciada por la ADC cuando el PAMI, que poco se ha caracterizado por la transparencia, se negó a responder un pedido de acceso a la información pública para conocer cómo ese organismo distribuía su pauta de publicidad oficial. La ADC obtuvo sentencia favorable en primera y segunda instancias, pero el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia por un recurso promovido por el propio PAMI.

El fallo de la Corte, en materia de derechos, que se inscribe dentro de otras recientes sentencias en defensa del orden constitucional, sostiene que "negar información configura un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de la gestión de gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática".

El segundo aspecto destacable del fallo es que gran parte de sus fundamentos se basan en el derecho internacional, que viene a cubrir los vacíos normativos locales, como por ejemplo la falta de una ley de acceso a la información pública, cuyo proyecto acaba de perder estado parlamentario en noviembre pasado, luego de que la Cámara de Diputados no diera tratamiento al proyecto que ya había sido aprobado por el Senado en 2010.

La Corte recurre a precisos conceptos desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como por ejemplo: "En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible. [...] El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación de la gestión pública a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso".

Finalmente, el fallo que describe a la información como "oxígeno de la democracia" cumple un papel que restablece la equidad frente a la imponente asimetría de poder entre quien solicitaba la información (una organización social) y quien la negaba (un ente público). Haciendo mención a la Corte Interamericana, la Corte Suprema equipara fuerzas entre el Estado y la sociedad civil al citar: "La información pertenece a las personas, la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno. Éste tiene la información sólo en cuanto representante de los individuos".

Resulta importante volver a recordar el motivo del amparo judicial, presentado cuando un organismo vinculado al Estado le negó a una organización social el derecho a saber cómo invertía el presupuesto de publicidad oficial. El fallo comentado enseña que, si bien el Gobierno informa y oculta información arbitrariamente, existe un contrapeso a ese acto que es el derecho de acceso a la información pública, un instrumento por el cual el ciudadano solicita la información que es de su interés, más allá de lo publicitado u omitido por un gobierno.

Frente a la actitud negadora de privar a los ciudadanos de una ley de acceso a la información pública, es justo destacar la actitud positiva del máximo tribunal de nuestro país, que con su fallo va construyendo jurisprudencia que sería deseable que se convirtiera en insumo de la futura norma.

Como dijimos en esta columna, cuando se niega información que debería ser de dominio público se están dando los pasos hacia el fraude electoral porque se está impidiendo a la ciudadanía contar con los elementos necesarios para elegir, situación que se agrava cuando un gobierno, como el actual, no sólo niega, oculta o retacea información, sino que también propala mentiras.

Si, como expresó la Presidenta al hablar anteanoche frente a la Plaza de Mayo , es preciso respetar la voluntad popular y profundizar la democracia, la pérdida de estado parlamentario del proyecto de ley de acceso a la información pública y el constante ocultamiento de datos oficiales refutan ese tan falso como proclamado ideario..

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