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Papelitos de oferta sexual: la plaga inagotable del microcentro

Buenos Aires

A pesar de las campañas de ONG's y del gobierno, las pegatinas se renuevan todos los días e invaden toda la ciudad; cuáles son las multas por pegar en espacios públicos

Por   | LA NACION

 
 

Marcela pasa a toda velocidad, zigzagueando por la ancha vereda de Carlos Pellegrini a la altura de la avenida Santa Fe. Postes, carteles, teléfonos públicos, paredes, tachos de basura: de todos esos lugares, va despegando cartelitos de ofertas de prostitución. El trabajo pareciera inútil: al doblar en la esquina, un grupo de cinco personas, entre ellos, una mujer, hace la operación inversa, empapelando la ciudad con publicidad sexual.

El panorama es el mismo en varios barrios porteños, pero sobre todo en el microcentro. ¿Qué se hace para evitarlo? Tanto ONG's en lucha contra la trata, como el gobierno de la Ciudad, con el fin de hacer cumplir la ley que prohíbe fijar carteles en lugares no habilitados, realizan diferentes tareas para procurar disminuir el volumen de estos papelitos. Pero el problema sigue y no para: lo que se saca un día, reaparece al otro día renovado y aumentado.

"Sé que es en vano, pero al menos hay que intentarlo. Si lo hacemos todos capaz les ganemos por cansancio", dice Marcela, cuando ve que las pegatinas que logró sacar están siendo repuestas a pocos metros por un grupo de jóvenes.

La cuestión legal (o ilegal)

El Ministerio de Ambiente y Espacio Público desde la Dirección de Inspección es el encargado de hacer cumplir la ley 451, que en su capítulo 1 sección 3 dice: "Publicidad prohibida VIA PUBLICA". El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o haga colocar pasacalles en la vía pública en lugares no habilitados, o sin el permiso correspondiente, es sancionado/a con multa de $ 100 a $ 5.000 y/o decomiso de los carteles, afiches o pasacalles .

Cuando se trate de una empresa u organización que lo realice como actividad lucrativa, es sancionada con multa de $ 500 a $ 50.000 y decomiso de los carteles, afiches o pasacalles y/o inhabilitación".

Según informaron desde dicha cartera, "este año se labraron la cantidad de 1371 actas de comprobación" por la detección de 32.958 anuncios publicitarios en infracción. Sólo hasta el hasta el 30 de noviembre. Dentro de esa cantidad, 485 actas corresponden a los anuncios de oferta sexual. Se detectaron 21.180 anuncios pertenecientes a más de 60 establecimientos, detallaron desde el gobierno porteño.

Según informó LA NACION en mayo pasado, al gobierno porteño le cuesta 43.300 pesos por día limpiar los papeles pegados en sitios públicos y privados.

"El tema de la pegatina ilegal es complejo. En los casos de oferta sexual, muchas veces detrás hay organizaciones mafiosas y en otros casos, sobre todo en época electoral, hay pegatina indiscriminada de políticos. Nosotros sancionamos al responsable y también buscamos la condena social", indicó Diego Santilli, Ministro de Ambiente y Espacio Público.

 
 

En 2009, el gobierno porteño había puesto en marcha un plan al que se llamó Preparate para despegar . Este proyecto funcionó de manera experimental en el macrocentro y se invirtieron unos 120.000 pesos mensuales para quitar los papelitos.

Por otra parte, desde el año 2010 el Ministerio denuncia judicialmente en la Cámara en lo Criminal y Correccional a los responsables de las pegatinas que detecta ofrecimiento de servicios sexuales por la ley de profilaxis Nº 12.331. "Durante este periodo se realizaron 108 denuncias, de los cuales casi el 50 por ciento corresponde al CGCP 1 la zona de micro y macrocentro", informaron desde la cartera.

El dilema eterno

Gran parte de las pegatinas en casi toda la ciudad son propagandas de oferta sexual. Esto reabre un debate que ya tuvo su momento cuando prohibió por ley la publicación de avisos del rubro 59, que promovían la oferta sexual o que hacían explícita o implícita referencia a la solicitud de las personas destinadas al comercio sexual.

Para las ONGs que luchan contra la trata de personas, la propaganda sexual es un eslabón básico de la cadena de las organizaciones criminales. Para las trabajadoras agrupadas en la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) es un boicot. Las meretrices habían manifestado su oposición al decreto contra el rubro 59.

Según Elena Reynaga, secretaria general de Ammar, la prohibición implicó que muchas de sus colegas -que habían creado cooperativas de trabajo sexual y alquilaban sus propios locales- no pudieran publicitar sus servicios. Y esto, decía Reynaga, es lo que hace "indispensable" el uso de los papelitos para poder ofrecer su trabajo.

"Esas compañeras que trabajan autónomamente les pagan a pibes para que peguen los avisos en la calle porque necesitan difundir los servicios. No todas las ofertas son de chicas que están siendo traficadas, eso son puras mentiras"

"Esas compañeras que trabajan autónomamente les pagan a pibes para que peguen los avisos en la calle porque necesitan difundir los servicios. No todas las ofertas son de chicas que están siendo traficadas, eso son puras mentiras", sostuvo Reynaga. En la otra vereda, varias ONG consideran que detrás de las pegatinas se oculta el proxenetismo y la trata de personas.

En 2010, se realizó una marcha desde Plaza Congreso hasta Plaza Once durante la cual los participantes fueron retirando las pegatinas de todas las calles. Con esto, una de las promotoras de la campaña, Diana Maffia, buscaba generar conciencia y compartir la responsabilidad social para que todos luchen contra la trata de personas.

Muchas mujeres, y hombres, continúan hasta el día de hoy despegando propagandas sexuales de las paredes, los postes y los teléfonos de las calles porteñas. Así como Marcela, que lo hace en su rápida caminata hacia el trabajo, hasta los dueños de los comercios céntricos colaboran con esa limpieza.

Desde la Fundación María de los Ángeles , creada por Susana Trimarco, madre de Marita Verón, dicen que la quita de pegatinas expresa "que las mujeres no quieren ser usadas ni vendidas como objetos sexuales". Y para reafirmar el mensaje, sostienen que varias investigaciones judiciales contra la trata de personas comenzaron analizando los teléfonos de esos papelitos..

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