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Editorial I

Nuevo paso de la oposición en la buena senda

Opinión

El reciente documento suscripto en defensa de la Constitución y el Estado de Derecho enfrenta los vientos autoritarios provenientes del oficialismo

Sobran las razones de actualidad para celebrar que dirigentes de diversas agrupaciones políticas hayan puesto su firma al pie de un compromiso de observancia de la Constitución Nacional y el Estado de Derecho. La última de ellas estuvo dada por los crecientes ataques del Poder Ejecutivo al Poder Judicial frente a fallos opuestos a los deseos de la Presidenta , quien ayer anunció que impulsará una "democratización de la Justicia" y un "control republicano" sobre ésta. Si bien utilizó como pretexto la sentencia de la justicia tucumana sobre el caso Marita Verón, de la cual recién la semana próxima se conocerán los fundamentos, fueron las decisiones de los tribunales en la causa por la ley de medios las que motivaron la desmesura presidencial.

El documento suscripto en la sede central de la Unión Cívica Radical refleja varias implicancias. Constituye, una ratificación de que en la Argentina la oposición al gobierno de Cristina Kirchner se hace dentro de la ley y, además, un testimonio descarnado de que la situación exige un recordatorio permanente al Poder Ejecutivo Nacional de que sus actos deben encuadrarse en la legalidad y ser expresión legítima de lo que se espera de autoridades surgidas de un acto electoral democrático.

Sería raro que en otras partes del mundo civilizado -la Europa occidental, los Estados Unidos, no pocos países de América latina- se sintiera la necesidad de acordar un documento tan básico entre fuerzas actuantes en la oposición. En verdad, este solo fenómeno hace a la Argentina acreedora de un capítulo de estudio en la ciencia política.

La fragmentación de las fuerzas que disienten con los graves desvíos cometidos por el Gobierno ha incrementado la inoperancia en relación directa a la creciente prepotencia oficial. Llegó a tener en los comicios de octubre de 2011 consecuencias harto dramáticas para el equilibrio político y ha llevado al presidente del comité nacional de la UCR, Mario Barletta, a manifestar su aspiración "a una democracia completa y no ésta, que no lo es".

Además de la representación radical, firmaron el compromiso de "respetar el equilibrio de poderes", "luchar contra la corrupción" y "asegurar la plena vigencia de los derechos humanos", entre otros postulados esenciales en una democracia, el jefe del gobierno de la ciudad, Mauricio Macri; el líder del Partido Socialista, Hermes Binner; Eduardo Amadeo y Gustavo Ferrari, por el peronismo disidente; Gerardo Millman, por Generación para un Encuentro Nacional; Alfonso Prat Gay, por la Coalición Cívica; Patricia Bullrich, por Unión de Todos, y Humberto Tumini, por Libres del Sur. También adhirió Jorge Ceballos, en nombre de Barrios de Pie, con lo cual quedó formalizada, en acuerdos de tal índole, la personería adquirida en algo más de una década por movimientos surgidos de la protesta callejera frente a la exclusión social.

Lo que más importa del documento es su carácter sintomático del rechazo que la saturación por acontecimientos políticos precipitados por la política gubernamental han generado, primero en la sociedad, como quedó patentizado en las imponentes concentraciones del 13 de septiembre y 8 de noviembre, y ahora, en la respuesta colectiva que se registra en las dirigencias políticas. Desde esa perspectiva, la democracia tiene por presupuestos el diálogo y los consensos, no para consolidar el ulterior silencio de la unanimidad, sino para formalizar criterios de acción común sin los cuales sería imposible una oposición efectiva a las demasías del poder, primero, y para lograr, a continuación, la identidad que asegure a la sociedad que hay una alternativa válida ante este estado de cosas.

El documento consolida la novedad que se había evidenciado a partir de la coincidencia pública de oposición a la reforma de la Constitución y, por lo tanto, a cualquier posibilidad de que haya un tercer intento de la Presidenta de proseguir en el cargo. Hasta en las filas del oficialismo han comenzado a hacerse notar signos de cansancio ante una eventualidad de ese tenor, mientras en los núcleos más duros del poder kirchnerista se radicalizan, por el contrario, las posiciones antidemocráticas.

Acaso pocos hechos hayan sido más ilustrativos que la solicitada de adherentes al kirchnerismo de desconocimiento y repudio de las organizaciones empresarias del periodismo nacional e internacional. Como en el documento constan firmas que se repiten, puede quedar la impresión, aunque fuere de manera remota, de que sólo en extremo apuro pudo incurrirse en la asombrosa ligereza, por decir lo menos, de que "no son los empresarios los que deben juzgar sobre la libertad de expresión".

Los convocados se han permitido, en cambio, el privilegio de establecer quiénes tienen derecho a opinar sobre el estado de las libertades. Lo han hecho con olvido de que así habrían desconocido los derechos legítimos de quienes fundaron diarios como el autor de nuestro Código Civil, Dalmacio Vélez Sarsfield, los hermanos Varela, Ovidio Lagos, José C. Paz, Bartolomé Mitre o Adolfo Calle, por mencionar algunos nombres de ilustres argentinos que fueron, además, propietarios de medios periodísticos.

¿O qué decir de Juan B. Justo, que antes de fundar el Partido Socialista vendió bienes para constituir la sociedad que dio a luz a La Vanguardia? ¿Sabrán aquéllos, por lo menos, que en medio de la pésima asepsia en los quirófanos decimonónicos este diestro cirujano recomendaba "manos limpias y uñas cortas", pero como metáfora aplicable, con valor imperecedero, al ejercicio de la política y del poder?. La declaración de los hombres de la oposición ha sido una expresión rotunda de que a los vientos autoritarios y represivos que provienen del oficialismo cabe oponer una valla de contención eficaz en nombre del sistema de valores republicanos. Ha sido un nuevo paso en la buena dirección..

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