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La pugna Cristina-Clarín y su impacto electoral

Opinión

¿Puede la pugna entre el gobierno nacional y el Grupo Clarín impactar en la definición de la contienda electoral de 2013? La pregunta sobrevuela no sólo los ámbitos políticos locales, sino también los despachos de analistas del extranjero que siguen la situación argentina y que se sorprenden por las dosis de energía que el Poder Ejecutivo ha gastado en su pelea contra el multimedio.

La razón, entonces, por la que el Gobierno ha convertido la pugna por la ley de medios puede encontrar otras explicaciones

Las respuestas que pueden encontrarse son bien diversas, incluso dentro del propio oficialismo. La pugna en torno de la ley de medios no figura en las encuestas de opinión pública como una cuestión preponderante. Aunque roce temas relevantes, como la libertad de expresión y el derecho de propiedad, se halla lejos de otras preocupaciones de la ciudadanía como pueden ser la inseguridad, la inflación, el desempleo, la corrupción o la presión impositiva.

La razón, entonces, por la que el Gobierno ha convertido la pugna por la ley de medios en la principal cuestión de su agenda puede encontrar otras explicaciones. Por un lado, se abre una discusión no tanto de cuánto ganaría Cristina Fernández de Kirchner con la plena aplicación de la norma, como de cuánto podría perder si sufriera un traspié ante el Grupo Clarín. Ese debate cobra más importancia en momentos en que la Presidenta trata de demostrar que dispone de poder de sobra, pese a que, a menos que medie un milagro político, no estará en condiciones de aspirar a un tercer mandato presidencial consecutivo, prohibido por la Constitución Nacional.

En el épico relato K, el efecto de un gobierno "popular" doblegando a un "poderoso" grupo multimediático, al que se presenta como una suerte de corporación del mal, daría cuenta de la fuerza de un "proyecto colectivo" ante el que deberían rendirse "las corporaciones" y de una realidad que debería provocar un alineamiento detrás de la líder que lo hizo posible. Claro que lo contrario, es decir una derrota ante el Grupo Clarín, debilitaría al Gobierno y provocaría un progresivo aislamiento de la Presidenta dentro del peronismo.

Un traspié definitivo del Gobierno en la pugna por imponer el desguace de Clarín no sólo sería una derrota en sí misma, sino que llevaría a muchos votantes a preguntarse si el crecimiento de la inseguridad y de la inflación o la menor actividad económica no han sido el resultado de un Poder Ejecutivo demasiado ocupado en un problema con un grupo periodístico que no representa una preocupación mayor para la mayoría de la población.

Una derrota ante el Grupo Clarín, debilitaría al Gobierno y provocaría un progresivo aislamiento de la Presidenta dentro del peronismo

Por tal motivo, la Presidenta ordenó a sus funcionarios que presentaran el reciente fallo del juez Horacio Alfonso, favorable a la constitucionalidad de la ley de medios, como un triunfo definitivo para el Gobierno, pese a que falta mucho todavía para que pueda hablarse de una sentencia firme.

El fallo ha sido apelado por Clarín y deberá ser considerado ahora por la Cámara Civil y Comercial, que probablemente demorará varios meses y no tendrá el mismo apuro que la propia Corte Suprema de Justicia le impuso al juez Alfonso para destrabar el enredo originado por el famoso 7-D.

Voces del Poder Judicial opinan que, ahora, el máximo tribunal sería el más interesado en que la cuestión sobre la constitucionalidad de la ley de medios demore todo lo necesario para no mezclar este conflicto con las elecciones legislativas que tendrán lugar el año próximo.

Es que, tarde o temprano, y cualquiera sea el fallo de la Cámara Civil y Comercial, el asunto terminará en la Corte, que determinará el ganador de la contienda entre el Gobierno y el Grupo Clarín, a menos que sorprenda con un fallo salomónico sin ganadores ni perdedores.

Conocedores del máximo tribunal pronostican que la Corte tendría dos opciones si llegara a recibir la causa por la ley de medios antes de los comicios. La primera es fallar a favor del Gobierno antes del acto electoral; la segunda, demorar un fallo hasta después de las elecciones y evaluar el escenario posterior. Lo que muy difícilmente haría esta Corte -dicen- es fallar en contra de la posición del Gobierno antes de las elecciones..

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