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El caso Boudou

La familia Ciccone amenaza con un juicio al Estado

Política

Apenas horas después de que se conociera el fallo de Cámara que mantuvo en pie la investigación en contra del vicepresidente Amado Boudou por la adquisición de la imprenta Ciccone, la familia fundadora de la empresa hizo su primer gesto formal de distanciamiento del Gobierno y del grupo adquirente, al que califica como "los usurpadores". Le pidió al ministro de Economía e interventor en la imprenta, Hernán Lorenzino, que rinda cuentas de su labor en la compañía que el Gobierno decidió expropiar en agosto del año pasado.

La inesperada presentación lleva las firmas de Nicolás Ciccone y de Silvia, una de las hijas del otro fundador de la empresa, Héctor, quienes retienen el 30% de las acciones que no quedaron bajo el control de The Old Fund. También pidieron que se convoque a una asamblea societaria en menos de 40 días.

El objetivo de los Ciccone para esa asamblea podría poner nerviosos a varios protagonistas de este caso: se proponen iniciar un "juicio de responsabilidad contra el accionista The Old Fund y sus controlantes", y radicar una "acción judicial para invalidar actos de la sociedad celebrados en violación" de la ley de sociedades comerciales.

Apuntan, así, contra el propio yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick; contra Alejandro Vandenbroele (acusado por su ex esposa de ser testaferro de Boudou), y, según cómo haya actuado la intervención oficial, contra el Estado nacional.

El escrito de los Ciccone marca el primer gesto público y formal de distanciamiento desde que estalló el escándalo en febrero del año pasado. Para eso, optaron por la vía comercial, pero sólo luego de que la investigación penal aportó una primera señal firme de consistencia, con la validación de las pruebas por la Cámara Federal en contra de las pretensiones de Boudou.

Las firmas de Nicolás y Silvia Ciccone dejaron en evidencia, además, la ausencia de otra rúbrica. Faltó la del yerno de Ciccone y dueño en los papeles de The Old Fund, Reinwick, señalado por una parte de la propia familia como "el traidor" que habría facilitado el desembarco de Vandenbroele en la empresa.

El tono frío y distante del escrito queda claro desde el inicio mismo del documento, según surge de la copia que obtuvo LA NACION. Los Ciccone aclararon que solicitan los informes y la asamblea a Lorenzino "sin reconocer la validez de las normas que decidieron la intervención y haciendo expresa reserva de cuestionarla por la vía y forma que correspondan".

La fecha misma de la presentación también dice mucho. Ingresó en el Palacio de Hacienda minutos antes de las 16 del jueves 20. Es decir, minutos después de que trascendió en la prensa que la Cámara Federal había fallado en contra de los intereses de Boudou, de su socio José María Núñez Carmona y de Vandenbroele.

Ese día el vicepresidente recibió un duro revés, ya que la Justicia rechazó el pedido de nulidad que había presentado para dejar sin efecto la declaración de Laura Muñoz, quien había dicho que su esposo, Vandenbroele, era el "testaferro" de Boudou. También se dejó sin efecto el pedido de anular el allanamiento del departamento que tiene el vicepresidente en Puerto Madero.

El planteo de los Ciccone se apoyó en la falta de cualquier tipo de avance en el juicio de expropiación dispuesta por el Gobierno o siquiera en la tasación de la compañía a través del tribunal oficial que depende del Ministerio de Planificación Federal, de Julio De Vido, pese a que transcurrieron más de cuatro meses y medio desde que se anunció la intervención.

En esa situación, los Ciccone podrían disponer de su 30% con total libertad e incluso vender esa participación a un tercero, que luego podría cobrar del Estado si la Justicia determinara que cuenta con un saldo a favor.

Sin embargo, a 10 meses de que estalló el escándalo la familia Ciccone dio la primera muestra de desmarque de Reinwick y Vandenbroele, como también del supuesto rol de financiamiento del ex banquero Raúl Juan Pedro Moneta, quien fue señalado como financista de la compañía por el propio Vandenbroele.

Entre otros puntos, los Ciccone le reclamaron a Lorenzino que les informe:

  • si completó un balance de inicio que refleje la situación económica y financiera y un inventario de los activos de la sociedad al momento de la intervención;
  • si existían contratos vigentes cuando el Gobierno intervino la compañía y su "estado de cumplimiento", en una obvia alusión al convenio firmado con la Casa de Moneda para la impresión de billetes de 100 pesos;
  • si desarrolló actividades y qué usó les dio a los activos y demás bienes de la empresa, "sobre cuya validez hacemos expresa reserva de derecho de impugnarla judicialmente";
  • cuáles han sido la facturación, las cobranzas realizadas, las pendientes de cobro, los costos operativos y la "ganancia operativa obtenida durante su gestión";
  • si se compraron o vendieron bienes de capital, si se tomó o despidió personal, si se cumplieron las obligaciones fiscales y previsionales, o si recibió reclamos de deudas posconcursales;
  • "si de las constancias de libros comerciales y societarios surge que la sociedad hubiera afianzado o avalado deudas de terceros", es decir, con The Old Fund o, un paso más allá, con Moneta. De ser así, le pidieron a Lorenzino que informe la "posición asumida por la sociedad con relación a la validez de tales actos jurídicos".

Los Ciccone también anticiparon qué posición tomarán si Lorenzino no les responde el cuestionario: "Dará lugar a que se solicite judicialmente, sin perjuicio de la información que se le requerirá al juez del concurso", es decir, al juez Javier Cosentino. Esto marcaría la voluntad no sólo de solicitar información al Estado, sino también de avanzar judicialmente, si hiciera falta.

El desmarque llegó incluso en el último párrafo del escrito. Al indicar su nuevo domicilio legal, la familia Ciccone también detalló que la representa un nuevo estudio jurídico, Cangueiro & Ruiz Abogados.

Es decir que no es ninguno de los que hasta ahora patrocinaron a la "nueva" Ciccone bajo el mando de Vandenbroele, ni a The Old Fund, ni en el fuero comercial, ni mucho menos en el penal.

De este modo, se abre un nuevo escenario en el proceso judicial de expropiación de la empresa dispuesta por el Gobierno, como un intento de obturar el escándalo que sacudió a Boudou.

Una puja que recién despunta

Los Ciccone enfrentan al Gobierno

Nicolás Ciccone

 
 
Fundador de la empresa
Representa a los propietarios históricos de la imprenta. Junto a Silvia, hija de otro de los fundadores, rubricó el pedido de información al Gobierno y la amenaza de accionar judicialmente contra el Estado y The Old Fund

Hernán Lorenzino

 
 
Ministro de economía
Es el responsable de la intervención de la imprenta. A él los Ciccone le reclaman que convoque a una asamblea extraordinaria y que explique cómo está administrando la empresa

Guillermo Reinwick

 
 
Dueño formal de The Old Fund
Es el yerno de Nicolás Ciccone y figura en los papeles al frente de la empresa que controla la imprenta. No firmó la presentación de la familia, una evidencia de la ruptura interna

El texto con los pedidos

 
En el largo texto que le enviaron los Ciccone a Lorenzino, hacen reserva de acciones judiciales contra el Estado y piden datos sobre la administración de la imprenta. 
 
 
 

Del editor: qué significa.
La familia Ciccone se había mantenido en silencio sobre la expropiación de la imprenta. A partir de ahora, vuelve a ser un protagonista activo

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