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En 6 años, para el Indec la inflación fue de 65%; para las provincias, 230%

Después de la intervención en el organismo, las mediciones, que eran similares, se fueron alejando

Domingo 06 de enero de 2013
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LA NACION
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La manipulación de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) completará este mes su sexto año de existencia y podrá exhibir como "logro" una inflación acumulada del 65 por ciento. Como contrapartida, los precios medidos por las provincias treparon en el mismo período 230 por ciento.

Consultados por LA NACION, representantes de los trabajadores del Indec y economistas de diversas tendencias afirmaron que la decisión de no normalizar el índice de precios al consumidor (IPC) refleja la falta de decisión oficial para combatir la inflación.

La ex coordinadora del IPC Marcela Almeida dijo que el cambio de datos que comenzó en los últimos días de enero de 2007 "es un período negro porque además de que se pierde la noción del poder adquisitivo, también se ven perjudicados aquellos que están bajo la línea de pobreza porque al negar las estadísticas no hay políticas para paliar la situación".

Por su parte, el representante de ATE-Indec, Raúl Llaneza, dijo que "se sale de esta situación retirando la intervención, la patota que ingresó con Beatriz Paglieri y los funcionarios que se nombraron y, por supuesto, habilitando la posibilidad de que regresen los técnicos que se fueron o que fueron desplazados".

ATE preparó meses atrás una serie de trabajos técnicos que ratificaban que, pese al discurso oficial que señala que el cambio en el IPC sólo dañó a los bonistas con títulos ajustables por el CER, también perjudicó a los más pobres.

En ese sentido, informaron que la pobreza alcanza al 37 por ciento de la población, frente al 6,5 por ciento del Indec.

El ex director del Indec Víctor Beker aportó sus propios números: "desde enero de 2007 hasta noviembre de 2012, la variación del promedio de los índices provinciales fue del 201 por ciento, mientras que la del IPC del Indec fue de tan sólo el 65 por ciento".

Para salir de esta trampa, indicó, se "requiere dotar al Indec de autonomía, restablecer su carácter de organismo técnico, con autoridades elegidas por concurso al igual que todos sus cargos jerárquicos", tal como sugirieron hace dos años las universidades públicas en su informe pedido por un decreto presidencial, pero luego ignorado por el Gobierno.

Alto costo financiero

Eduardo Levy Yeyati, director de la consultora Elypsis, indicó que la falta de credibilidad en torno de las cifras del Indec generó un "alto costo financiero porque en enero de 2007 teníamos el riesgo país de Brasil y a partir de la manipulación del IPC, percibida como default encubierto por los inversores, convergimos al de Venezuela". También se disparó la salida de capitales -US$ 80.000 millones desde entonces- y el "corralito cambiario por causa de la aceleración de la apreciación del peso y de las tasas de interés por debajo de la inflación, persistencia de la pobreza y la desigualdad a pesar del gasto social del Gobierno, ya que la inflación no sólo pega más, sino que es más alta en hogares de bajos recursos", explicó el ex economista jefe del BCRA en 2002.

Aunque al Gobierno le generó un importante ahorro en la deuda por el CER, a la vez, al sobrestimar el cálculo del PBI, benefició a los bonistas con títulos ligados al crecimiento.

Rogelio Frigerio, legislador porteño por Pro y jefe de la consultora Economía & Regiones, dijo que "la desaparición del CER dejó a la economía sin activos financieros indexados en pesos, desincentivando el ahorro, el crédito y, por ende, la inversión en pos de la estimulación del consumo, lo cual impactó acelerando el aumento del nivel general de precios de la economía".

Ricardo Delgado, director de Analytica, sostuvo que "la ausencia de un IPC confiable realimenta las expectativas sobre la inflación". Además, dijo que "las mediciones alternativas son imperfectas y aumentan los costos de búsqueda de información para las familias, las empresas y los trabajadores", aunque el hecho de que el Estado "no mida bien la inflación, implica medir mal las cuentas nacionales o los indicadores sociales".

Y opinó que difícilmente el Gobierno reconozca la manipulación de los datos, "pero mirará la inflación, sabiendo que más allá de la barrera psicológica de 25 por ciento se le va a complicar aún más la administración de la macroeconomía".

En esta sintonía, Frigerio sostuvo: "Muy difícilmente cambie la situación del Indec con este gobierno; la próxima administración seguramente deberá encarar esta tarea, ocupándose de delinear una metodología lo más transparente y representativa posible. En ese marco, las bases estarán sentadas para recuperar la credibilidad".

En principio, el Gobierno ya logró postergar el tratamiento previsto para este mes de la eventual sanción por parte del Fondo Monetario Internacional, que le exigió adecuar la transparencia de sus estadísticas del IPC y el PBI a los estándares mundiales, a cambio de una vaga promesa de normalización.

La causa judicial

A la vez, se mantiene sin avances la causa que lleva adelante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral desde 2007 contra las autoridades del Indec lideradas por Ana Edwin y contra Moreno, por presunta violación del secreto estadístico y manipulación del IPC. A

A fines del año pasado, Canicoba Corral recibió un peritaje que esperaba de la Universidad de Buenos Aires, lo cual le permite que el expediente no se cierre por completo.

LA NACION quiso conocer la opinión del Ministerio de Economía sobre este tema, pero no obtuvo respuestas a sus preguntas".

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