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Editorial I

El caso Ciccone y la depredación de la IGJ

Opinión

La adulteración de registros informáticos sobre sociedades involucradas en el "Boudougate" revelan la desnaturalización de la Inspección General de Justicia

Más de dos años atrás, el 22 de junio de 2010, LA NACION denunció en un editorial que la Inspección General de Justicia (IGJ) había sido depredada y vaciada de contenido . Se señaló entonces que este organismo, que tiene a su cargo el control de las sociedades anónimas, las asociaciones civiles y las fundaciones, parecía más un arma de presión a disposición del gobierno nacional que un instrumento de regulación y supervisión como impone la ley.

Todo parece indicar que en el tiempo transcurrido desde aquel momento, la IGJ ha continuado su escalada de decadencia, además de haber sido puesta al servicio del clientelismo político y de la defensa de funcionarios y amigos del poder político involucrados en escándalos de corrupción.

Semanas atrás, este diario dio cuenta de la misteriosa desaparición de la IGJ de tres importantes expedientes vinculados con la trama societaria del caso Ciccone, que compromete al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Tal extravío abarcaba a tres sociedades: la ex Ciccone Calcográfica, rebautizada Compañía de Valores Sudamericana; London Supply, empresa que aportó fondos para el levantamiento de la quiebra de la imprenta, y The Old Fund, la misteriosa sociedad a cargo de Alejandro Vandenbroele, que había pasado a controlar a la ex Ciccone.

Unos días más tarde, otra investigación periodística de LA NACION reveló que, horas después de que se consultara al Ministerio de Justicia por aquel extraño extravío, el 21 de diciembre, la IGJ comenzó a adulterar sus registros informáticos y a modificar los trámites de reconstrucción y los sumarios derivados de la citada desaparición de expedientes. Tal información surgió de los datos volcados en el sistema interno de informática de la Inspección, conocido como "ARGA".

Ninguna de estas maniobras puede extrañar demasiado si se analiza la forma en que se viene manejando la IGJ en los últimos tiempos, en que podría decirse que el organismo ha sido virtualmente colonizado por la agrupación kirchnerista La Cámpora, sector al que pertenecen su actual titular, Norberto Berner, y también Gustavo Varela, un hombre que se movió hasta agosto pasado como pez en el agua en la Inspección y a quien se presentaba como subinspector general de Justicia pese a que nunca habría sido designado formalmente en ese cargo.

La información recogida por LA NACION indica que Varela era el responsable de definir las respuestas que debería brindar la IGJ ante cualquier requerimiento judicial vinculado con el caso Ciccone, aunque también impartía órdenes ante los pedidos de información de legisladores y periodistas sobre los legajos de las sociedades vinculadas con el vicepresidente Boudou o su socio José María Núñez Carmona. Curiosamente, Varela no sólo ha sido señalado como quien dificultaba el acceso de legisladores y hombres de prensa a esa información, sino también como el responsable de facilitarles a funcionarios del Ministerio de Economía los balances de las 1000 empresas más importantes del país, por fuera de los canales formales.

Entre otras situaciones irregulares, hay que recordar que la IGJ se halla en condiciones técnicas de retirarles sus correspondientes personerías jurídicas a la Asociación y a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, una determinación que mantiene cajoneada por razones políticas. La primera de ellas nunca presentó balances, ni habría cumplido con la normativa antilavado, ni comunicado los cambios en su comisión directiva, ni informado la celebración de asambleas. Pese a estas irregularidades, la asociación siguió recibiendo elevadísimos fondos por parte del Estado nacional.

Todo lo expuesto da cuenta de que al Gobierno no parece interesarle que se trate a los amigos del poder con la misma rigurosidad con que se trata a las demás sociedades, tanto comerciales como sin fines de lucro. También revela que, concretamente en lo que respecta al escándalo Ciccone, no tiene interés en conocer quiénes son los verdaderos dueños del grupo que controlaba hasta hace poco la imprenta que el Estado expropió intempestivamente y a los que, supuestamente, debería indemnizar.

Frente a los enormes abusos y desviaciones de poder que se han mencionado, urge que el Congreso de la Nación y el Poder Judicial actúen con la celeridad y la seriedad que se debe esperar de ellos en un sistema republicano que está siendo petardeado con cada vez más insistencia por el autoritarismo de un grupo gobernante que confunde al Estado con un bien personal y que pretende tapar cualquier grieta por donde pueda colarse el derecho..

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