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Editorial I

Mucho más que la destitución de un intendente

Opinión

Los hechos y los ocultamientos demuestran que, si hubo un temblor sedicioso durante los últimos saqueos, provino del propio Gobierno y de su clientela política

 
 

Los saqueos que se registraron en Bariloche, Rosario y el Gran Buenos Aires en vísperas de la última Navidad, además de exhibir un doloroso panorama económico y social, han dejado amargas lecciones sobre la incapacidad de la política para tratar ese tipo de crisis.

Una de ellas es la banalización de palabras como "golpe", "desestabilización" o "destituyente". El Gobierno recurre a ellas cada vez que encuentra alguna resistencia a sus órdenes o alguna consecuencia de sus errores. "Destituyentes" fueron los chacareros que protestaron por un régimen de retenciones expropiatorio. También lo fue Julio Cobos, cuando votó en contra de ese régimen. O el periodismo independiente, tildado de golpista por cumplir con su obligación: mostrar a la sociedad lo que el poder pretende ocultarle. La Corte Suprema de Justicia también ingresó en ese círculo de sediciosos: el 9 de diciembre pasado, la Presidenta le advirtió que, si no convalidaba su interpretación de la ley de medios, sería considerada como la Corte que legalizó el golpe de 1930.

Convertido ya en un reflejo condicionado, el reproche de golpismo cayó después de los saqueos sobre el sindicalismo disidente: Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli. El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, atribuyó las revueltas a esos dirigentes gremiales. Días después, la Presidenta se sumaba a la acusación con una formulación más brumosa: dijo que, como en 1989 y en 2001, los saqueos eran la máscara de una conspiración contra la democracia.

El hábito parece diluir la gravedad de esas expresiones. De no ser así, la imputación de Abal Medina y la explicación de la Presidenta deberían haber provocado, por ejemplo, una sesión especial del Congreso para que se ventilen los detalles de ese movimiento subterráneo. Pero los líderes del oficialismo se llamaron a silencio. Salvo en el caso de la CGT que simpatiza con el Gobierno, que se solidarizó con los gremialistas acusados.

Con el tiempo, los hechos se encargaron de refutar de mala manera a Cristina Kirchner y a su jefe de Gabinete. Los pocos datos que se conocen sobre lo que ocurrió en los días previos a la Navidad indican que la tormenta salió de las entrañas del kirchnerismo. El Gobierno, que había aludido a una maniobra golpista, se cuidó de mantener en secreto el nombre de los cientos de saqueadores detenidos. Ese silencio hizo juego con las versiones que, emanadas de la Justicia, afirmaban que en muchos de los desmanes estaban involucrados cabecillas de organizaciones oficialistas, indignados por un retraso en el reparto de la comida y el dinero que distribuye la administración todos los meses.

Estas especulaciones, que debilitaban la tesis de un golpe del sindicalismo opositor, fueron confirmadas por las mismas autoridades en Bariloche. Allí la responsabilidad por el ataque a los supermercados cayó sobre la Cooperativa 1° de Mayo, dos de cuyos líderes se encuentran presos. Esa organización integra el plan Argentina Trabaja, que coordina la ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner. El ministro de Acción Social de Río Negro, Ernesto Paillalef, mantuvo con varios de sus integrantes una reunión muy amigable horas después de los saqueos. Paillalef llegó a su cargo desde el Ministerio de Acción Social de la Nación, donde trabajó junto con Alicia Kirchner.

El gobernador Weretilneck vinculó a la Cooperativa 1° de Mayo con la delincuencia y señaló que tiene ramificaciones en Rosario y el conurbano bonaerense. De modo que si hubo, como plantearon la Presidenta y Abal Medina, un temblor sedicioso, éste provino del subsuelo del propio Gobierno. Y estuvo ligado a controversias por la circulación de dinero en la clientela oficialista.

Las autoridades nacionales evitaron este enfoque, que las pondría en el centro del problema. El 26 de diciembre Cristina Kirchner convocó a su despacho a Weretilneck, al senador Miguel Pichetto y al intendente de General Roca, Martín Soria, y les ordenó estudiar con el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, la Carta Orgánica de Bariloche para destituir al intendente Omar Goye, a quien se señaló como el culpable, por su incompetencia, del desborde social de la ciudad. Goye tampoco milita en las filas del sindicalismo opositor, sino en las del Frente para la Victoria, con cuya boleta electoral ganó la comuna. Su jefe político fue hasta el mes pasado el senador Pichetto.

Las debilidades de la gestión de Goye eran conocidas. Su intento por resolver las carencias no pudo ser más inconveniente: exigió en público a los supermercadistas que donen alimentos porque si no, habría saqueos. Sin embargo, responsabilizar al intendente por el deterioro socioeconómico de la ciudad es, por lo menos, cínico. El 30% de la población de Bariloche está por debajo de la línea de pobreza y la paralización del turismo a raíz de las cenizas del volcán Puyehue agravó ese cuadro.

Weretilneck y Pichetto simularon no conocer estas evidencias. También olvidaron las preocupaciones de la Presidenta y del jefe de Gabinete por la aparición de propensiones golpistas en el país. Ambos se dirigieron a Río Negro y, a la vista de todos, en dos oportunidades, exigieron a Goye que entregara el cargo. Como se negó, comenzó un operativo público de acoso y vaciamiento que terminó en su suspensión. El reproche más insistente fue haber entregado dinero a la Cooperativa 1° de Mayo.

Goye está siendo removido no por su incompetencia, sino para satisfacer una orden de la señora de Kirchner. La prensa oficialista celebra ese proceso como una señal de la fortaleza presidencial. Entre las razones expresas de la medida no figuraron los saqueos de diciembre. La desestabilización del gobierno municipal de Bariloche queda más clara ahora: una vez que Goye fue puesto a un lado, la administración provincial anunció un nuevo programa social y de seguridad para la ciudad.

La evaluación de todo este episodio deja un resultado deplorable en el que aparecen dos rasgos inconfundibles del kirchnerismo: la arbitrariedad político-institucional y la falta de transparencia económica. El Gobierno comenzó imputando una maniobra golpista a un grupo de adversarios y terminó desplazando del poder a alguien de sus propias filas sin que medie aclaración alguna. Además, en Bariloche reaparecieron las sombras de la gestión de Alicia Kirchner en Desarrollo Social. La Cooperativa 1° de Mayo abre en Río Negro las mismas incógnitas que plantea en Jujuy la organización Tupac Amaru, que conduce la controvertida Milagro Sala. ¿Cómo se distribuyen los fondos? ¿Quién los audita? ¿Cuáles son los costos de las prestaciones que se financian? ¿Qué relación tuvo con los saqueos la demora en la entrega de los recursos? Son preguntas inquietantes, que se niegan a ser resueltas con la destitución de un intendente..

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