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Incertidumbre en la Corte por el plan para "democratizar" la Justicia

El anuncio de la Presidenta de modificar la forma de elegir y juzgar a los magistrados desconcierta a los ministros del tribunal, que desconocen los detalles del plan

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LA NACION
Miércoles 06 de febrero de 2013
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Los jueces de la Corte Suprema se reencontraron ayer en su primera reunión del año, sorprendidos por el reciente anuncio de la presidenta Cristina Kirchner de promover reformas para "democratizar" los sistemas de "selección y juzgamiento" de los magistrados.

Fuentes de la Corte dijeron a LA NACION que este anuncio de anteayer, del que la Presidenta no dio más detalles, fue un tema de conversación en el acuerdo que celebraron ayer, pero relataron que ninguno de los jueces del alto tribunal fue informado sobre cuáles serían los posibles puntos de la reforma que el Poder Ejecutivo planea enviar al Congreso.

No es sorprendente. Como consecuencia del caso Clarín, la relación entre el Gobierno y la Corte atraviesa uno de los momentos de mayor tensión.

Lorenzetti, junto a sus colegas de la Corte
Lorenzetti, junto a sus colegas de la Corte. Foto: Archivo

"Nadie se comunicó con nosotros", dijo una fuente del tribunal. "No obstante, nos parece bien que se discuta sobre el Poder Judicial y que se hagan transformaciones", afirmó. En la Corte sostuvieron que la Justicia "no funciona de forma óptima, como tampoco lo hacen los otros poderes del Estado" y que desde el tribunal hace años que procuran tomar medidas para lograr una Justicia "más cercana a la gente". Así, buscaron mostrarse abiertos a las posibles modificaciones.

"Ya tenemos varios proyectos en mente y los vamos a dar a conocer oportunamente", dijo anteayer, enigmática, la Presidenta, que sólo reveló que piensa en reformar los métodos de "selección y juzgamiento" de jueces. Cuáles son, en concreto, los cambios es un secreto que el Gobierno no hará público por el momento.

Una fuente del kirchnerismo dijo a LA NACION que hay un pequeño grupo de funcionarios que está trabajando en lo que recibirá el Parlamento, pero incluso los legisladores oficialistas están al margen. En materia de selección y remoción de jueces los grandes lineamientos de los procedimientos están previstos en la Constitución, pero en la oposición temen cambios a nivel legal que acrecienten el poder del oficialismo.

Uno de los puntos de esos procesos que podrían cambiarse por ley son las mayorías necesarias tanto para elevar ternas de candidatos a jueces como para abrir juicios políticos a magistrados. Hoy, ambas decisiones requieren una mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo, algo que el kirchnerismo ha tenido problemas para reunir en los últimos tiempos. Ayer, en la oposición temían que se pretenda, por ley, reducir los votos necesarios a una mayoría simple.

"No me parece. Eso sería una locura -dijo ayer a LA NACION una fuente del Gobierno con acceso a Olivos-. No tenemos la mayoría asegurada y nos arriesgaríamos a que la oposición impulsara la remoción de jueces que el Gobierno considera buenos."

Según este funcionario, hay muchos otros cambios posibles y menos peligrosos. En esta línea, se hablaba ayer de disponer por ley que los ascensos en la carrera judicial deban ser por concurso y que, al seleccionar nuevos jueces, se les den más puntos a los abogados que no vienen de la "familia judicial".

La ley que rige hoy el funcionamiento del Consejo fue impulsada por la Presidenta; por eso, es difícil pensar que planee volver a modificar la composición del organismo. En cambio, en el kirchnerismo especulan que el paquete de reformas podría incluir el juicio por jurados, previsto por la Constitución.

También, que podría disponerse por ley que los jueces paguen impuesto a las ganancias. La ley actual no los exime, pero la Corte sostuvo que este impuesto no debía aplicarse a los funcionarios judiciales porque atentaría contra la garantía de "intangibilidad" de sus remuneraciones. "Hace años que se discute esto en la Corte, pero hoy no hay mayoría para cambiarlo", dijo una fuente del tribunal, que no descartaba que el Gobierno pusiera fin al debate con una ley.

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