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Descuentos

Anses: procesan a tres funcionarios por estafas a jubilados

Economía

Se cobraron cuotas indebidas por $ 4,5 millones para la cooperativa Ferromar

Por   | LA NACION

 
 

La jueza María Servini de Cubría procesó, en el marco de una investigación por estafas a jubilados y pensionados que llevó seis años, a tres funcionarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y a cuatro directivos de la cooperativa Ferromar. A raíz de una demanda iniciada por la pensionada Martha de la Fuente, los siete procesados fueron acusados de participar de una maniobra por la que se les descontó pequeños montos de dinero, durante varios meses, a 77.478 pasivos, por supuestos servicios que nunca habían contratado.

En total, se logró sacarles a los jubilados $ 4.478.572,63, según determinó la investigación judicial, que fijó un embargo por ese mismo monto contra Julio Garialde, María Verónica Garialde, Epifanía López y Luis Cariati, todos de Ferromar. También se procesó y se fijó embargo, por un monto de $ 500.000 en cada caso, contra tres funcionarios de la Anses, que, según entendió la jueza, tenían la posibilidad de detectar e impedir los descuentos indebidos. Por eso los señaló como "coautores" del delito de "estafas reiteradas". Se trata de Esther Rodríguez (que estaba a cargo de la gerencia de la Unidad Central de Apoyo), Isabel Lovrincevich (gerenta de Investigaciones Especiales) y Mariano Casabella. Ayer, los investigados apelaron la sentencia dictada por Servini de Cubría.

Según surge del escrito, pese a que los jubilados no se habían afiliado a la cooperativa, se les cobraba mediante un descuento en los haberes una supuesta cobertura de emergencias médicas, que no había sido siquiera contratada para estas personas por la cooperativa, que en 2009 fue dada de baja del listado de las que pueden cobrar cuotas por descuento de haberes.

El fallo había sido dictado en los últimos días de 2012 y fue apelado ayer, según informaron fuentes judiciales. La causa se había iniciado en 2006: De la Fuente había advertido que desde enero de 2005 sufría un descuento de entre $ 1,70 y $ 2,10 en sus ingresos, identificado por un código que hasta entonces desconocía. Aunque eran sumas pequeñas, cuando esta pensionada logró saber qué es lo que había pasado en su caso, imaginó que el suyo no sería el único y que detrás podría existir una estafa millonaria.

Al ser indagados, los responsables de la cooperativa se defendieron diciendo que todo se había tratado de "un error involuntario" de "data entry" que había cometido una consultora, a la que se había contratado para afiliar a más personas.

La jueza no sólo rechazó esas y otras explicaciones dadas por los directivos de Ferromar, sino que calificó de "disparatadas" las respuestas que les habían dado a los jubilados cuando reclamaban. Y destacó varias inconsistencias que, según advirtió, "resulta llamativo" que no hayan captado la atención de empleados y funcionarios del organismo responsable de pagar a los jubilados.

Por ejemplo, se encontró que el precio por persona que la cooperativa les pagaba a los prestadores de los servicios era mucho más alto que el descuento que hacía a cada jubilado. Así, se descubrió que el monto del contrato alcanzaba para cubrir a poco más de 6000 afiliados. Fue esa la cantidad de personas de las que se pudo constatar que sí existió adhesión, pese a que casi 85.000 sufrían el descuento.

El fallo es enfático cuando se refiere a la necesaria participación de empleados de la Anses para consumar la estafa. "Si a la Anses pudiéramos tratarla como a una única persona de existencia física (...) su participación en la maniobra atribuida a los imputados de la cooperativa Ferromar no ofrecería mayores dudas", afirma el escrito judicial. Sin embargo, analiza, la responsabilidad no puede ser imputada a todo el organismo -que en esos años estaba dirigido por Sergio Massa y luego por Amado Boudou- sino a determinadas personas. Además de los procesados se investigó a otros cinco funcionarios, que fueron sobreseidos y a uno más, que falleció durante la investigación. La resolución judicial, además, no descarta que pueda haber más involucrados.

La responsabilidad de los empleados públicos, se agrega, se dio por haber autorizado los descuentos ilegítimos sin haber recurrido a "los más elementales criterios de control". Además, se advierte que tras conocerse las irregularidades "se demoró la rescisión del convenio prestacional".

Ayer LA NACION se contactó con la Anses, pero no hubo comentarios sobre el tema..

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