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Editorial I

Vergonzosa aprobación del acuerdo con Irán

Opinión

El Gobierno insiste en convertir en ley el cuestionado instrumento acordado con Teherán por el caso AMIA pese a las graves anomalías que contiene

Fiel a sus pautas de conducta habituales, el gobierno nacional está poniendo una fuerte presión sobre los parlamentarios oficialistas para que ratifiquen lo más rápidamente posible el acuerdo que nuestro desprestigiado canciller, Héctor Timerman -seguramente cumpliendo directivas de la propia Presidenta-, acaba de cerrar con Irán respecto del caso AMIA. Todo esto se lleva a cabo al margen de los enormes interrogantes abiertos por las ambigüedades, imprecisiones y hasta equívocos que el controvertido memorando de entendimiento con Irán contiene en los idiomas de ambas partes.

El Gobierno no se ha detenido ni siquiera un instante a escuchar serenamente a nuestra comunidad judía ni a las familias de las víctimas mortales ni a las víctimas sobrevivientes, pese a la promesa de hacerlo, formulada desde el podio de las Naciones Unidas por la Presidenta en septiembre del año pasado, y sin inmutarse un ápice por las gravísimas razones que han generado la desaprobación generalizada que ese inédito acuerdo ha suscitado, dentro y fuera de nuestro país.

Tampoco se ha escuchado a los argentinos en su totalidad, dado que el caso de la AMIA es un tema que nos concierne y nos duele profundamente a todos por igual, como si el gobierno nacional no dudara jamás de su conducta, presumiendo con enorme arrogancia de encontrarse más allá de la posibilidad de poder equivocarse.

El canciller defendió tibiamente lo actuado por él. Lo hizo como parte de un plenario de comisiones en el Congreso, ante la presencia de legisladores del oficialismo que poco y nada sustancial aportaron al tema, sin lograr despejar los profundos reparos acumulados respecto del memorando de entendimiento con el que se ha formalizado el increíble consenso bilateral sobre el caso AMIA.

La idea del Gobierno sería aparentemente la de convertirlo en ley cuanto antes, sin que exista siquiera certeza de que el parlamento iraní esté siguiendo un camino y un ritmo similares con relación a este acuerdo, que ciertamente beneficia a Irán.

Para Timerman, hay que aprobar a tambor batiente todo lo actuado pese a que, de pronto, acosado por las preguntas, sostuvo: "En ningún lugar se dice que confiamos en Irán". Lo que no es demasiado distinto a admitir que, en verdad, no confiamos en ese país por buenas razones, y menos aún en un tema tan triste, serio y delicado. La actitud del Poder Ejecutivo parece la de alguien que no quiere que se lo debata pausadamente para que no se advierta la gigantesca magnitud de los errores cometidos y las consecuencias de las inexplicables ventajas que otorgamos a los sospechosos requeridos por nuestra justicia y a Irán en general.

El senador Miguel Angel Pichetto, siempre solícito ante las presiones presidenciales durante el transcurso del debate en el plenario de comisiones, advirtió al oído del canciller que la Presidenta le había pedido definir rápido el debate. Eso no es lo mismo que pedir un análisis prudente y meditado sobre la conveniencia o inconveniencia del acuerdo ni que se estudien en profundidad las posibles consecuencias de este instrumento negociado entre gallos y medianoche que ha generado el asombro y provocado justificada alarma.

Cabe presumir que el kirchnerismo y sus aliados tendrán los votos necesarios para la aprobación urgente que reclama el Poder Ejecutivo, para así poder diluir las enormes responsabilidades por lo que podría llegar a configurar una complicidad con la dirigencia de la teocracia iraní. No es el camino para resolver el tema desentrañando la verdad y haciendo justicia. La oposición parlamentaria estuvo particularmente dura en el debate. Sus primeras espadas cruzaron fuerte al canciller. El radical Gerardo Morales advirtió que nos pusimos "de rodillas frente a Irán", agregando que hemos cedido la jurisdicción que corresponde a nuestros tribunales, acto de gravedad institucional. Ernesto Sanz sostuvo que al no escuchar al juez ni al fiscal de la causa se estaba cometiendo "una gravísima irresponsabilidad institucional".

Para colmo de males, simultáneamente, el vocero de la cancillería de Irán aclaraba con sorprendente rapidez que los funcionarios iraníes requeridos por la Justicia de nuestro país no serán indagados o interrogados en la causa por la voladura de la AMIA. Este inesperado, pero clarificador mensaje, en lugar de generar inmediata conmoción en el recinto y en las calles, no causó reacción alguna ni provocó decepción. Las gravísimas palabras del vocero iraní no fueron tampoco motivo de pedido inmediato de explicaciones por parte de nuestras autoridades, como correspondía, como si esos dichos de un funcionario iraní coincidieran con la imagen que el propio gobierno argentino tiene de lo que será el resultado de lo acordado con Irán.

Las dudas expresadas alcanzaron también a la Comisión de la Verdad que se ha previsto constituir y en la que se delegará la definición de sus propias funciones, que previsiblemente podría resultar en una suerte de absurdo reconocimiento de que el proceso judicial argentino ha tenido fallas de peso.

Este acuerdo, al que el Gobierno está otorgando naturaleza de tratado, tendrá una jerarquía normativa superior a la de las leyes de nuestro país, pese a que lo convenido no garantiza que se cumpla con el derecho argentino. Tiene razón Laura Ginsberg cuando, desde la tristeza y la frustración, señala que este acuerdo, al que sólo puede entenderse por razones políticas que, por lo demás, suponen un giro copernicano en nuestra política exterior, puede ser el "punto final" de la causa.

El peligroso acuerdo alcanzado con Irán no debería aceptarse ni aprobarse. Debe rechazarse por respeto a nosotros mismos, por la memoria de las víctimas y hasta por razones profundas que tienen que ver con nuestra propia dignidad y decoro. La historia seguramente juzgará con todo rigor a quienes, sumisos y subordinados, en lugar de votar conforme a sus convicciones personales y escuchando serenamente a sus propias conciencias, prefieren reclinarse una vez más ante la presión que desde su omnipotencia está ejerciendo el Poder Ejecutivo..

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