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La tragedia de Once / Silencio oficial

Incredulidad y estupor en la Casa Rosada

Buenos Aires

El gobierno de Cristina Kirchner miró en silencio el reclamo de "justicia" desde los ventanales de la Casa Rosada. La Presidenta descuenta, por la información que tiene, que el próximo juicio oral por la tragedia de Once terminará con duras condenas penales a los empresarios ex concesionarios de TBA, a los ex funcionarios, a los que les soltó la mano, y a dirigentes gremiales implicados. "No van a poder zafar. No puede haber otro papelón judicial como el de Marita Verón, en el que los culpables fueron sobreseidos", confió a LA NACION una alta fuente oficial.

El Gobierno tomó con incredulidad y estupor los silbidos, abucheos e insultos de los familiares de las víctimas, durante el acto en Once, contra Cristina Kirchner, contra el ministro de Planificación, Julio De Vido, y contra la ministra de Seguridad, Nilda Garré, los que se repitieron luego en la Plaza de Mayo.

La Presidenta llegó a la Casa Rosada a las 16.30 y ordenó hacer silencio para respetar el dolor del primer aniversario y para no agravar el desgaste político. Sólo esperaba que la jornada quedara atrás lo más rápido posible.

En tanto, escenificó un día normal de trabajo. Se reunió con el director ejecutivo de la AFIP, Ricardo Echegaray; con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, y con el vicepresidente, Amado Boudou.

"En el sector presidencial nadie decía nada. Había silencio, no se referían al tema, pero había caras largas", confió un funcionario de planta permanente a última hora de anoche. Cristina Kirchner siguió por la televisión el acto y se retiró demudada a las 21.38 y a paso rápido por el Salón de los Bustos.

Un funcionario de la Presidencia confió a LA NACION que el estupor oficial obedecía a que "en la mayoría de los países del mundo no se culpa al gobierno cuando chocan los trenes". Dijo que a juicio de la mandataria "ella tomó las medidas, y la Justicia actuó en forma muy rápida".

En altas esferas de Balcarce 50 entrevén un futuro de cárcel para los ex secretarios de Transportes Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y para el ex subsecretario de Transportes Ferroviarios Antonio Luna, dirigente sindical de La Fraternidad. También para Antonio Sícaro, que dirigía la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y está procesado.

Cerca de Cristina Kirchner descontaban que el juez federal Claudio Bonadio, que elevó la causa a juicio oral contra 28 imputados por el siniestro, también dejó al borde de la prisión al titular del consorcio de Trenes de Buenos Aires y de su controlante Cometrans, Sergio Claudio Cirigliano. La misma suerte correría Roque Cirigliano, su primo, que dirigía el mantenimiento de las formaciones de TBA.

"Cristina le soltó la mano a Jaime, nunca lo bancó demasiado porque era de los amigotes de Néstor [Kirchner]", comentó un miembro del Gabinete.

"Si los jueces no condenan a todos, no van a poder salir a la calle. La indignación de la gente en este caso es inmanejable", observó un funcionario con acceso a la Presidenta.

Desde el día de la tragedia, el Gobierno cambió su postura. En la máxima reserva altos funcionarios confiesan que en un primer momento los Cirigliano "melonearon" a Cristina Kirchner para responsabilizar al maquinista Marcos Córdoba, también procesado.

Pero tras el desgaste y los abucheos e insultos en cada acto de conmemoración de los familiares de Once, incluido el de ayer, la Presidenta asumió que el reclamo continuará hasta que haya justicia y condenas.

Sergio Cirigliano había tratado de convencer a la Presidenta con informes que indicaban que Córdoba estaba alcoholizado; que la velocidad del tren era superior a la debida, y que padecía epilepsia.

Pero todos resultaron ser falsos.

"Todo fue para inculpar al maquinista y nada dio resultados", comentó una fuente judicial que conoció los cabildeos de la Casa Rosada.

Luego la investigación de Bonadio demostró que de los seis vagones de la formación sólo dos tenían frenos hidráulicos; que el parachoques de Once no tenía amortiguadores, y que los subsidios a TBA presentaban serias irregularidades y sospechas de corrupción.

"El problema eran los trenes y los funcionarios. Esto fue lapidario para los Cirigliano y quienes debían controlarlo", confiaron en Balcarce 50 con resignación y con aire de deseos de factura a los culpables..

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