Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí
lanacion.com | Las noticias que importan y los temas que interesan
Ver página en pdf

Editorial I

Democratizar la Justicia: un eufemismo para disciplinarla

Opinión

Lo mejor que podría hacer el Poder Ejecutivo para mejorar el Poder Judicial sería acatar sus fallos y dejar de presionar a los jueces

De tanto ejercitarla, la capacidad de asombro en la Argentina ha alcanzado extremos nunca antes imaginados. Cualquier idea lanzada en el fragor de la arenga política adquiere rápidamente el estatus de disparador de iniciativas que atentan contra la plena vigencia del orden institucional sobre el cual se asienta nuestra república.

De un tiempo a esta parte, el gobierno nacional está intentando imponer en la sociedad la idea de que la Justicia es mala porque no es democrática, como sí lo serían los otros poderes. Es así que cada vez con más frecuencia la Presidenta reitera la pretendida necesidad de "democratizarla" y anuncia entre medias palabras que se está trabajando en ello, aunque sin dar pistas concretas que anuncien en qué consistiría ello. Muchos de sus legisladores en el Congreso Nacional se hacen eco de esos conceptos vacíos y hasta se zambullen en el más profundo de los absurdos, como cuando el jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, afirmó públicamente que "del Poder Judicial poco se sabe, porque es el poder del que menos información se tiene en cuanto a la trayectoria de sus integrantes".

¿Cómo puede un legislador nacional decir semejante cosa sin que ello implique admitir el estrepitoso fracaso de un órgano como el Consejo de la Magistratura, cuya ley de reforma tiene el sello indeleble de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, a la que acompañó un veloz decreto promulgatorio del entonces presidente Néstor Kirchner? Mediante esa reforma, se redujo de 20 a 13 el número de los miembros del Consejo, modificación de inocultable tinte político partidario que terminó favoreciendo al oficialismo en las designaciones y destituciones de jueces, cuando no en el bloqueo de unas u otras.

Como se sabe, el Consejo de la Magistratura es el ámbito de selección de magistrados y el encargado de promover su destitución en el caso de mal desempeño. Tras la citada modificación, su integración incluye tres jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por sus pares; seis legisladores nacionales, elegidos a propuesta de los bloques parlamentarios; dos representantes de los abogados de la matrícula federal designados por el voto directo de los profesionales que posean esa matrícula en la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país; un representante del Poder Ejecutivo, y uno del ámbito académico y científico que debe ser profesor regular de cátedra universitaria, elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional, con mayoría absoluta de sus integrantes.

Mal puede decirse hoy que la ciudadanía está ausente de las designaciones de los jueces. Adicionalmente, cabe considerar que son los propios legisladores elegidos por voluntad popular quienes han sido los que sancionaron el mecanismo de la nominación de magistrados. En ellos, como en todas las otras leyes que se aprueban en el Congreso, el pueblo tiene sus representantes.

¿De qué habla entonces la Presidenta cuando reclama democratizar la Justicia? Aunque no está todavía claro, podría interpretarse que se refiere a la instrumentación del juicio por jurados, algo dispuesto por la propia Constitución Nacional para los juicios penales y nunca cumplido, y que, en los distritos donde se llevó a cabo, no siempre ha mejorado la calidad de los fallos.

La pretendida democratización podría consistir también en igualar a los magistrados con el resto de los ciudadanos como contribuyentes del impuesto a las ganancias, del que hoy están exentos. Legisladores oficialistas ya presentaron proyectos para alcanzar este objetivo. Una visión superficial reduciría esta iniciativa a un debate de tipo tributario. A una parte de la opinión pública puede parecerle de sentido común que a los magistrados se les extienda ese tributo. Pero si se examina mejor el problema, se advertirá el enorme riesgo que se esconde detrás de esta propuesta. Que los jueces sean obligados a pagar Ganancias implica que serán sometidos al control de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en un país en el cual la utilización de ese organismo para limitar la independencia de los ciudadanos y condicionar su voluntad constituye una larga tradición que se ha acentuado gravemente en los últimos años. Llevar la democracia a la Justicia por la vía impositiva podría significar, entonces, establecer otro siniestro dispositivo de presión sobre los tribunales. En un Gobierno que aspira a avasallar todo aquello que no se le somete, esa intención es más que verosímil.

Podría pensarse también que democratizar la Justicia significa crear una Corte constitucional, cambiando el sistema presidencialista de nuestra República por uno parlamentarista, para lo cual sería necesaria la reforma de la Constitución, con todas las suspicacias que ese acto implica en la actualidad en que no pocos legisladores y funcionarios kirchneristas abogan por la posibilidad de una nueva reelección consecutiva para su jefa.

No hay que descartar tampoco que quienes promueven la así llamada democratización de la Justicia estén pensando en la elección popular de los jueces, lo que implicaría listas de magistrados que, aun cuando no representasen partidos políticos -lo que sería ciertamente inadmisible-, requerirían de campañas electorales con apoyo de grupos de los más variados intereses, que ciertamente condicionarían su actuación posterior.

El oficialismo, en el propio Consejo de la Magistratura, por su parte, analiza un viejo proyecto que establece el acceso por concurso para todos los cargos judiciales, desde el empleado de maestranza hasta los magistrados. La definición por concurso y por orden de mérito es una buena opción siempre que no pase lo que ocurre ahora, cuando en muchos casos se termina eligiendo por afinidad o interés político al que salió en quinto lugar, cuando no más abajo, de la lista de concursantes.

La incógnita planteada sobre este tema no hace entonces más que reforzar la fundada sospecha, cuando no la certeza, de que lo que se está queriendo imponer son artilugios que, bajo la eufemística premisa de "democratizar la Justicia", conduzcan al establecimiento de herramientas pseudolegales dirigidas a obtener el sometimiento de los jueces al poder político. Esto es, todo lo contrario a la pretendida democratización que la Presidenta comenzó a agitar con fuerza y enorme oportunismo político tras el fallo absolutorio que benefició a los imputados en el triste caso de la desaparición de Marita Verón, y tras sucesivas definiciones judiciales adversas a los intereses del Gobierno en la denominada "ley de medios" y en la pretendida reestatización del predio de La Rural, entre otras causas en trámite.

Las críticas presidenciales al funcionamiento de la Justicia omiten considerar que más de la mitad de los jueces nacionales y federales que están en actividad fueron nombrados por el kirchnerismo. Cristina Kirchner y su esposo, como cabezas del Poder Ejecutivo, eligieron al 54,8 por ciento de los magistrados nacionales, contando jueces, camaristas y ministros de la Corte Suprema de Justicia, según un informe de la Nación realizado sobre la base de las listas publicadas por el Consejo de la Magistratura. Llamativamente, la Presidenta tiene hoy más de 50 vacantes por definir en la Justicia, 34 de ellas desde hace más de dos años.

Según un funcionario con acceso a la Presidencia, que prefirió que no se lo identificara, Cristina Kirchner está haciendo una exhortación con su pedido de democratizar la Justicia porque "puede haber advertido que [los jueces que ella designó] no tenían el compromiso democrático debido, por ejemplo, para respetar las leyes del Congreso y los decretos del Poder Ejecutivo". Menos obedientes aún serían los jueces más independientes, que no deben su designación a este Gobierno. Si éste es el pensamiento del Poder Ejecutivo, habría que recomendarles a los funcionarios que lo integran que se tomen el trabajo de leer la Constitución Nacional para que adviertan que el control de la constitucionalidad de las leyes y decretos es precisamente una de las funciones primordiales que les compete a los jueces, y sobre la cual se asienta el principio de la separación de los poderes que caracteriza a una verdadera república.

Un buen camino para superar las intrigas que por estas horas suscita la democratización judicial que propicia el Gobierno sería empezar por cumplir con todas las cosas que se le adeudan a la Justicia. Primordialmente, acatar todos sus fallos y no sólo los que convienen; despolitizar el Consejo de la Magistratura reformando la ley que lo rige de modo de equilibrar los estamentos que lo componen; dejar de presionar a jueces con recusaciones improcedentes y amenazas de inestabilidad en sus cargos si no fallan como el poder político reclama, y abandonar la práctica de exigirles que hagan justicia para satisfacer los deseos e intereses del poder de turno. Lo mejor que el Poder Ejecutivo Nacional podría hacer en lo inmediato por la Justicia, y en vísperas de los 150 años que cumplirá la Corte Suprema pasado mañana, sería cumplir las sentencias desoídas del máximo tribunal.

Por último, y si de democratizar se trata, bueno sería mirarse a sí mismos y procurar entonces sentar las bases para que en el partido gobernante pueda algún día elegirse libremente un candidato a presidente en elecciones internas, en lugar de imponerlos a dedo, tal como aconteció en el caso de nuestra actual Presidenta..

TEMAS DE HOYColoquio de IDEAReforma del Código Procesal PenalElecciones 2015Elecciones en Brasil