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Editorial I

La Justicia, el último límite para el autoritarismo

Opinión

El mensaje de Cristina Kirchner ante la Asamblea Legislativa constituyó el preludio de una mayor degradación institucional

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró anteayer el 131° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación con un mensaje en el que, una vez más, manipuló a su antojo los datos estadísticos, omitió referirse a problemas acuciantes como la inflación y sembró el camino hacia una mayor degradación institucional con el anuncio de su proyecto para "democratizar" la Justicia, que sólo encubre sus autoritarias intenciones de someter a los magistrados independientes a los designios del Poder Ejecutivo.

El discurso presidencial, que se extendió a lo largo de más de tres horas y media, comenzó con un prolongadísimo balance de la gestión gubernamental. Pero sorprendió que ese imprescindible resumen no estuviera centrado en lo ocurrido a lo largo del último año, como se estila en esta clase de mensajes, sino que tomara en general los últimos diez años, desde la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada. De este modo, la primera mandataria probablemente evitó que quedaran en evidencia los retrocesos registrados en materia socioeconómica de su propia gestión presidencial.

Llamativamente, fatigó al auditorio con un festival de cifras nominales, que poco sentido tienen si no se comparan con el fuerte crecimiento de la inflación producido en los últimos años. Y en ningún momento se refirió a este problema, que carcome el bolsillo de los sectores más desprotegidos de la población con un 25% de crecimiento en 2012; tampoco se refirió a la retracción que viven importantes sectores de la economía, como la construcción y el mercado inmobiliario, o a la caída de los niveles de inversión privada, que contrasta con el aumento que experimentan muchos otros países de nuestra región.

Ni una palabra dijo sobre la desafortunada política cambiaria inaugurada el año pasado, que restringió la libertad de los ciudadanos y el derecho de propiedad, con un cerrojo sobre el mercado que generó más desconfianza en el país y acercó a la Argentina al modelo chavista.

La incertidumbre que caracteriza hoy el escenario económico no encontró respuestas en la Presidenta, quien por el contrario sólo se empeñó en ratificar que está dispuesta a desafiar una decisión del poder judicial estadounidense en la causa que enfrenta al gobierno argentino con los llamados "fondos buitre", al tiempo que dio cabales muestras de su alineamiento con el denominado eje bolivariano.

En materia de seguridad, subrayó que, desde 2003, el presupuesto nacional en esa área pasó de 2900 millones de pesos a más de 23.000 millones y que el número total de efectivos de las fuerzas nacionales de seguridad aumentó de 75.000 a poco más de 100.000. Cifras que dan cuenta de un absoluto fracaso: gastamos cada vez más y los argentinos se sienten cada vez más indefensos.

Sobre el particular, la jefa del Estado instó a "hablar en serio de la seguridad" y a no utilizarla como instrumento político, tras lo cual habló de las responsabilidades de la Justicia y de las policías provinciales, "porque la seguridad -dijo-, inclusive por la propia Constitución, es atinente a cada gobierno de provincia".

Allí es, justamente, donde surge el debate sobre la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias. Pues, si éstas, como viene señalando el gobierno nacional, son las verdaderas responsables de bregar por la seguridad de sus propios habitantes y también de pagar los sueldos de los docentes, con más razón debería replantearse el actual esquema de coparticipación federal, en tanto actualmente el Estado nacional se queda con tres de cada cuatro pesos de la recaudación nacional total.

La Presidenta dejó para el final su tan promocionado proyecto de "democratización de la Justicia", que como señaláramos ya en esta columna editorial, es tan sólo un eufemismo para que el Poder Ejecutivo pueda dominar a los jueces.

Entre la batería de iniciativas legales anunciadas, mencionó la necesidad de que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo y de que, entre los académicos y científicos que deben ocupar lugares en ese órgano, pueda haber profesionales de otras disciplinas diferentes del Derecho. Además, abrió la puerta para una modificación más profunda sobre el número de integrantes de cada sector, lo cual le permitiría al oficialismo, con su actual mayoría en el Congreso, buscar nuevos artilugios para dominar el cuerpo encargado de la selección y el disciplinamiento de los magistrados.

Anunció también un proyecto para la creación de Cámaras de Casación en lo civil y comercial, en lo contencioso administrativo federal y en lo previsional y laboral, lo cual habilita la hipótesis de que lo que busca el Poder Ejecutivo es dilatar o frenar las numerosas causas promovidas por jubilados por actualización de haberes, cuyas sentencias son en gran parte incumplidas por el Gobierno.

La idea de imponer el tributo a las ganancias a los jueces podría ser apoyada en circunstancias en que la AFIP no sea, como lo es en la actualidad, un organismo que responde al Poder Ejecutivo y es empleado como arma de presión política contra quien exprese sus diferencias con el oficialismo kirchnerista. En un contexto donde la Presidenta parece dispuesta a pulverizar a todo aquel que no se le somete, puede imaginarse el enorme dispositivo de presión sobre los jueces que pasaría a tener la Casa Rosada con esa reforma impositiva.

El peligro de que se profundice la degradación institucional está a la vista, al igual que el riesgo de que la fuerza gobernante avance hacia la suma del poder público. Quienes tienen el deber de administrar justicia deberán entender que se han convertido en el último límite a los abusos de un poder que, sin pausa, viene avanzando contra principios esenciales de nuestro sistema republicano y contra la prensa libre, en su afán de ir por todo..

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