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El escenario

El plan del Gobierno para cambiar la Corte

Opinión

La jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, tiene en su vida una misión más importante que excitar a la opinión pública contra el prestigio de la Corte Suprema de Justicia. Su misión última es promover un cambio en la integración del máximo tribunal de Justicia del país. Si triunfara, una mayoría cristinista se haría cargo de la única institución que está en condiciones de frenar el proyecto oficial de ir por todo. La nueva instalación de la imagen de una presidenta buena, obligada por el pacífico clima social que creó la elección del papa Francisco, deberá contrastarse con los hechos. Las palabras sin hechos podrían convertirse en una vana retórica electoral. Cristina no es nueva en la política; ya hizo varias campañas electorales con amables discursos que enterró tras la victoria.

La propia Gils Carbó y el juez de Casación Alejandro Slokar, también muy cercano al cristinismo, son los candidatos a ocupar eventuales poltronas en la Corte Suprema. ¿Cómo llegarían? El secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, el poderoso Carlos Zannini, ha diagramado una estrategia que ya habría sido aprobada por la Presidenta. El Gobierno tiene un primer obstáculo insalvable: la destitución de la Corte sólo podría ser aprobada mediante juicio político, por los dos tercios de los votos del Congreso. Nunca tendrá esa mayoría para echar a los jueces supremos del país.

La Corte cuenta actualmente con siete miembros, pero una ley promovida por la entonces senadora Cristina Kirchner fijó su número definitivo en cinco. Es decir, deberían irse tres de los actuales jueces para que en la Corte hubiera una primera vacante. Gils Carbó, de frecuente trato con Zannini, presiona públicamente diciendo que los jueces deberían tener un límite en la permanencia de sus cargos.

Está mencionando, sin nombrarlos, a los jueces Carlos Fayt y Enrique Petracchi. Ambos han superado el límite de los 75 años de edad que establece la Constitución Nacional de 1994 para los jueces de la Corte.

Fayt y Petracchi fueron designados en 1983, antes de la reforma del 94, y la Justicia entendió, en el caso de Fayt, que no están comprendidos por una reforma posterior a sus designaciones. Fayt tiene un juicio terminado en ese sentido; Petracchi está protegido por una medida cautelar de primera instancia.

En los más altos niveles de la Justicia se espera una brutal ofensiva cristinista contra esos jueces luego de las elecciones de octubre. La propia Cristina Kirchner ha mencionado varias veces, y no de la mejor forma, a la jueza Carmen Argibay, la más distante del Gobierno. La siempre servicial Hebe de Bonafini se sumó para descalificar a Argibay. Fue extraño: prometió ventilar los antecedentes de todos los jueces de la Corte y convocó a un acto frente al Palacio de Justicia. Habló sólo de Argibay y luego calló. No pudo decir más que prejuicios y generalidades sobre Argibay. La Presidenta no la quiere, es evidente, a la prestigiosa jueza. El oficialismo aspira a debilitar el espíritu de Argibay para promover su renuncia.

El momento fue especialmente cruel. Argibay se está recuperando muy bien de una importante crisis de su salud. Una jueza independiente de todo y de todos, convencida de que el tribunal que integra es la garantía de un Estado democrático, podrá tener su cuerpo debilitado, pero nunca su espíritu. El Gobierno la golpea cuando advierte que está frágil de salud.

Gils Carbó podría ingresar en la Corte, así las cosas, si el Gobierno lograra la renuncia de esos tres jueces. El Gobierno ya tiene en el tribunal a Eugenio Zaffaroni, un juez cada vez más convencido de la beatífica revelación del cristinismo. Los tres jueces independientes que permanecerían (¿permanecerían?) serían Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Higthon de Nolasco. El oficialismo quedaría sólo a un voto de la mayoría propia en la Corte. Una renuncia más sería ya un objetivo muy fácil de alcanzar. La mayoría de la Corte sería, en tal caso, definitivamente cristinista.

De todos modos, tanto Argibay como Zaffaroni cumplirán en 2014 los 75 años. La renuncia será para ellos un deber constitucional, porque fueron designados durante la vigencia de la nueva Constitución. Nadie descarta que Cristina le reclame en su momento al Senado un nuevo acuerdo para Zaffaroni, que es el procedimiento que corresponde. O que nombre a otro cristinista en su lugar. Nunca le hará ninguna concesión a Argibay. Por eso es importante para el plan conseguir las renuncias de Fayt y de Petracchi, que hasta ahora han dado por no recibidas las presiones.

Una de las banderas más agitadas por Gils Carbó consiste en proclamar la necesidad de que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias, del que ahora están exceptuados. La jefa de los fiscales lo dice de tal forma que parece que son sólo los jueces de la Corte los que no pagan impuestos. Ataca el prestigio de la Corte con un discurso parcial y arbitrario.

La acordada de la vieja Corte menemista eximió del pago de impuestos a todos los jueces, de todas las instancias, pero también a los funcionarios y empleados de carrera del Poder Judicial nacional. Ese es el brete en el que se encuentra ahora la Corte: ¿cómo hacer para rebanarles casi el 35 por ciento del salario a jueces, funcionarios y empleados sin paralizar el Poder Judicial?

La negociación es casi imposible. Una propuesta que se está analizando ahora consiste en que el aumento salarial de este año se destine al pago del voraz Impuesto a las Ganancias. Entre aumento e inflación, le sacarán al personal judicial entre el 40 y el 50 por ciento de su capacidad adquisitiva, reconoció un importante funcionario judicial. La negociación camina lentamente. La Corte rechaza cualquier alternativa que signifique el riesgo de una parálisis de la Justicia por la sublevación de sus empleados.

Gils Carbó denuncia y no se denuncia. Su oficina, la Procuraduría General, no está contemplada por aquella acordada. La Procuraduría es autónoma del Poder Judicial según la Constitución del 94. La procuradora ya está en condiciones de ordenarles a los fiscales el pago del Impuesto a las Ganancias, pero no lo ha hecho. Ricardo Echegaray podría pedirles también el pago retroactivo de ese impuesto desde 1994. Sería una injusticia con los fiscales, pero podría hacerlo para darle credibilidad a su condición de implacable. Tampoco lo ha hecho.

En el fácil discurso del oficialismo, infalible cuando se trata de descalificar, pareciera que sólo los siete jueces de la Corte no pagan impuestos. No se refiere nunca a la complejidad ni a la historia del problema. Gils Carbó ventiló airadamente que le pidió a la Corte que dejara sin efecto la eximición, pero ella hizo muy poco. No se incluyó, en primer lugar, y, además, sólo un subsecretario administrativo le envió una nota a un secretario de la Corte con el reclamo de poner fin al privilegio. Así comenzó todo. Con esas pocas maderas hizo un incendio.

No es la única contradicción de Gils Carbó. Ha hecho un escándalo de la necesidad de transparencia para los viajes de los magistrados. Tiene razón teóricamente, pero fuentes judiciales irreprochables aseguraron que la fiscal realizó siete viajes a España pagados por la organización Ausbanc. Se trata de una organización privada española de ayuda a los usuarios de bancos. Sin embargo, es una entidad polémica, que pasó por una investigación judicial por difundir publicidad y no sólo información en sus boletines.

Aquella investigación tuvo a Ausbanc varios años bajo la sospecha pública y judicial. Según el diario español El País, la entidad conseguía publicidad mediante presiones a los bancos y las cajas de ahorro. Defender a los consumidores puede ser un negocio muy lucrativo, escribió el diario sobre su presidente, Luis Pineda, un leal amigo de Gils Carbó. La jefa de los fiscales argentinos sigue formando parte de Ausbanc.

El gobierno nacional le ha hecho también algunos favores a Gils Carbó. Promotora del movimiento Justicia Legítima, numerosos jueces asistieron a su primer seminario presionados por el viceministro de Justicia, el camporista Julián Álvarez. ¿Cómo fue la presión? De un total de 700 jueces nacionales, muchos de ellos están denunciados ante el Consejo de la Magistratura. Unos 200 están concursando para ascender en sus carreras. La mayoría tiene algún grado de dependencia del Poder Ejecutivo, a través del Consejo de la Magistratura.

No obstante, aseguran fuentes judiciales, el grupo se ha debilitado en los últimos días. Varios jueces retiraron su firma solidaria del primer momento y casi todos dejaron de ir a las reuniones de Justicia Legítima. Ya quedan muy pocos, que no son representativos, agrupados en torno del liderazgo de Gils Carbó.

El último episodio que tuvo como protagonista indirecta a Gils Carbó sucedió el jueves pasado en el Consejo de la Magistratura. La historia comenzó el jueves 14 de marzo, cuando el influyente Axel Kiciloff se presentó en el Consejo (decía tener el aval de Gils Carbó) y presentó un candidato, el camporista Juan Massolo, para manejar los recursos de esa institución. Es decir, gran parte del dinero del Poder Judicial. El miércoles pasado, el viceministro Álvarez fue al Consejo y pidió la renuncia de todos los secretarios administrativos.

Fue una grosera intromisión: el Consejo es independiente del Poder Ejecutivo. Un día después, una mayoría integrada hasta con jueces que antes votaban con el oficialismo hundió la maniobra del Gils Carbó y del camporismo. Designó en lugar de Massolo al ingeniero Juan Cubría, hijo de la jueza María Servini de Cubría. Una derrota de Gils Carbó.

Pero la fiscal más importante del país no está sola ni su misión es módica. Detrás de ella está la decisión política de Cristina Kirchner de tumbar a la Corte y fulminar el único límite objetivo de su vasto, inmenso poder..

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