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Editorial I

Un cepo a la libertad de prensa

Opinión

Entidades internacionales y locales denuncian que las presiones al periodismo en el continente entrañan una amenaza hacia las democracias republicanas

La libertad de prensa en las Américas sigue siendo motivo fundamental de preocupación para las entidades que agrupan a los principales medios, ya que las presiones de muchos gobiernos del continente multiplican y reinventan constantemente su acoso al periodismo. Recientemente, en sus conclusiones finales para la reunión de Puebla, en México, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) volvió a destacar la violencia y el acoso gubernamental como elementos de constante agresión contra el ejercicio del periodismo en el continente.

Asimismo, la SIP consideró imprescindible hacer un llamado a aquellos gobiernos que practican las normas de una democracia republicana -libertad de expresión, división de poderes, independencia de la justicia, garantías individuales de los ciudadanos y alternancia de los partidos en el poder- sobre los peligros que entraña un mismo modus operandi de prácticas antidemocráticas que no respeta fronteras ideológicas en el hemisferio occidental, pero que se desarrolla especialmente en la Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Coincidentemente con esta posición, el viernes pasado, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) -en su informe titulado "La prensa y el mensaje de Francisco", sobre el nombramiento del cardenal Jorge Bergoglio como papa- denunció nuevamente la amenaza contra los medios independientes por el boicot publicitario, "derivado de las amenazas del secretario de Comercio contra los principales anunciantes", que pone en riesgo "la supervivencia de toda empresa periodística que pretenda informar con libertad". De allí el nombre de la presentación: ADEPA se mostró esperanzada en que el mensaje que desplegó el papa Francisco colabore para atenuar el clima de crispación y los ataques a la prensa por parte del Gobierno.

Estas voces no son las únicas que se han manifestado con respecto al tema de la libertad de expresión en estos últimos días. Al presentar su balance del estado de la libertad de expresión y de prensa en 2012 en la Argentina, la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED) denunció también su preocupación por el "gran aumento en las agresiones a medios de comunicación y periodistas". El informe fue difundido en un acto público por las máximas autoridades de la institución, la ex diputada Silvana Giúdice y el constitucionalista Félix Loñ. Como un modo de subrayar la significación de la denuncia, también se hicieron presentes la senadora nacional Norma Morandini; los diputados nacionales Gabriela Michetti, Paula Bertol, Federico Pinedo y Gustavo Ferrari; el representante de la asociación Consumidores Libres, Héctor Polino, y el dirigente del autonomismo correntino José Antonio Romero Feris.

Los responsables del trabajo señalaron que los datos recopilados arrojan un incremento de 250 por ciento de situaciones de violencia contra el periodismo, lo que incluyó, como agravante, que durante 2012 varios periodistas fueron detenidos, un hecho que no ocurría desde hacía varios años, dijeron. Al fundamentar las imputaciones del informe, los denunciantes afirmaron que la ley de medios, "tal como lo hemos advertido desde su tratamiento en el Congreso, tiene como objetivo la implementación de una voz única en el país, que es la voz del Gobierno. La adquisición de medios de comunicación por parte de empresarios cercanos al oficialismo y los cambios que se han producido en ellos son un ejemplo de ese objetivo buscado por el Gobierno".

Un capítulo del trabajo se centra en la pauta oficial publicitaria "como herramienta de coerción". Los registros de LED marcaron el asombroso aumento de 1778 por ciento en la publicidad oficial desde 2003. Entre ese dinero sacado del bolsillo de los contribuyentes de todo el país, 3.078.500.000 pesos sirvieron para instrumentar, desde su constitución, el programa Fútbol para Todos, y afrontar las remuneraciones de quienes hacen desde allí una persistente campaña propagandística del oficialismo vernáculo y de otros regímenes autoritarios del continente.

Adicionalmente a los ataques al derecho de propiedad y las libertades, parecería que la intención del gobierno argentino es, ahora, recurrir a un nuevo cepo, pero esta vez contra la labor de la prensa, por la vía de una asfixia económica basada en aprietes a las principales empresas avisadoras..

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