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Editorial I

El retorno de un clásico: la re-reelección

Opinión

El oficialismo ha retomado la idea de la perpetuación presidencial, aunque ello implique violentar la Constitución en pos de intereses personales

Días atrás, el kirchnerismo volvió a instalar en la opinión pública el debate sobre la posibilidad de una segunda reelección presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Fue durante un encuentro partidario, realizado en Paraná, en el cual el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, planteó la idea de efectuar una consulta popular sobre el tema, con el posible fin de que un pronunciamiento de la ciudadanía resuelva la polémica cuestión sobre la necesidad de una reforma constitucional, para la cual el oficialismo carece hoy del número de legisladores imprescindible.

"¿Por qué no consultar al pueblo argentino para que pueda expresarse y elegir la oportunidad de que Cristina pueda protagonizar otro mandato?", se preguntó Capitanich, quien se convirtió en el primer dirigente de peso en formular esta propuesta , que está vedada por la propia Constitución nacional.

La Ley Fundamental de los argentinos es más que clara al respecto. Para que sea reformada en todo o en parte, de acuerdo con el artículo 30, se requiere que el Congreso de la Nación, con el voto de al menos dos terceras partes de sus miembros, declare la necesidad de reforma y que ésta se realice por medio de una convención convocada a ese efecto.

El artículo 40 de la Constitución establece que el Congreso podrá someter a consulta popular un proyecto de ley y que el voto afirmativo de esta iniciativa por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. Obviamente, no se está refiriendo a una ley de declaración de necesidad de la reforma constitucional, que exige el procedimiento comentado en el párrafo anterior.

Las declaraciones del gobernador chaqueño, a las que habría que sumar otras de su par entrerriano, Sergio Urribarri, se inscriben en una ofensiva para instalar la idea de que ni la letra ni el espíritu de la Constitución pueden ser un obstáculo para alargar el ciclo presidencial de la actual jefa del Estado. Algo que, por cierto, constituye otro intento por violentar las instituciones para favorecer un proyecto hegemónico.

En la tendencia hacia la reelección indefinida prevalece no sólo la intención de alcanzar el poder absoluto, sino también de consagrar un triste criterio contrario al que exige contar con dirigentes que no se consideren iluminados o imprescindibles y que no estén dispuestos a eternizarse en el poder.

La Argentina tiene no pocos antecedentes de esa tendencia personalista y autoritaria. La Constitución de 1949, impulsada por el primer peronismo, contemplaba la reelección indefinida. Casi medio siglo después, Carlos Menem intentó forzar sin suerte un cambio en ese mismo sentido.

Pero el ejemplo más palpable se advierte hoy en las tres provincias cuyas constituciones contemplan la reelección por tiempo indeterminado de sus gobernadores: Santa Cruz, Catamarca y Formosa. Néstor Kirchner, como mandatario santacruceño, fue uno de los pioneros en el impulso de la posibilidad de la eternización de los gobernadores. Solía esgrimir como argumento que la reelección debe quedar en manos de la gente, un concepto que, llevado a su extremo, indicaría absurdamente que la Constitución proscribe a la actual presidenta.

Los componentes autoritarios del proyecto reeleccionista pueden advertirse también en la cada vez mayor presión del Poder Ejecutivo Nacional a distintos gobernadores provinciales e intendentes municipales para que se alineen políticamente y eventualmente respalden la eternización en el poder de la Presidenta, si pretenden seguir recibiendo fondos y obras del Estado nacional.

Tampoco es casual que las tres provincias donde existe la posibilidad de reelección indefinida del gobernador se caractericen por una fuerte tradición clientelista y por un alto porcentaje de empleo público. Es claro que el incremento permanente del número de personas dependientes de las decisiones de un gobernador contribuye a la formación de un aparato de voluntades dispuestas a mantener a los gobiernos en el poder por mucho tiempo. Del mismo modo anida en esos distritos una vieja cultura caudillista, contraria a la división de poderes y proclive a la concentración del poder en el Ejecutivo.

El kirchnerismo parecería pretender trasladar esa lógica clientelista y prebendaria característica de sistemas semifeudales a la organización nacional. Es menester que esos proyectos sean frenados, por cuanto las constituciones no pueden transformarse en herramientas para el logro de mezquinos objetivos personales. Nuestra Ley Fundamental debe ser obedecida en lugar de ser modificada para satisfacer deseos de perpetuación. No puede ser, como alguna vez señalamos desde esta columna, un juguete de ambiciones personales..

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