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Editorial I

Una Justicia orwelliana

Opinión

La democratización judicial que pretende el Gobierno encierra el peligro de someter a los magistrados a los designios del oficialismo

En la célebre obra de George Orwell 1984, las palabras tienen un nuevo significado . Se trata de la neolengua. Allí, por ejemplo, el Ministerio de la Verdad se encarga de reescribir la historia de modo que ésta coincida con el relato oficial, eliminando todo vestigio que lo contradiga; en el Ministerio del Amor se tortura y en el Ministerio de la Paz se manejan los asuntos de guerra.

Recientemente, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, ante la Asamblea Legislativa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el próximo envío al Congreso de la Nación de un conjunto de leyes con el anunciado propósito de "democratizar la Justicia" .

Nadie podría dejar de estar de acuerdo con una democratización del Poder Judicial que significara facilitar el acceso de los ciudadanos al servicio de la Justicia, o mejorar la claridad y la transparencia de ésta. Sin embargo, existen sobrados antecedentes en la actual gestión de gobierno para afirmar que bajo tan loable término lo que en realidad se persigue es una Justicia que falle conforme a los deseos del Poder Ejecutivo. Algunas medidas, incluso, están decididamente en contra de un mejor servicio de justicia y son tomadas en sentido diametralmente opuesto a otras leyes dictadas hace pocos meses, lo que no hace más que poner en evidencia que los propósitos perseguidos distan mucho de los enunciados.

A título de ejemplo, podemos señalar que la "democratización de la palabra" con la que se fomentó la actual ley de medios de comunicación audiovisual no significó otra cosa que el afianzamiento de la visión del relato oficial en los medios de comunicación gubernamentales y en los privados cercanos al oficialismo. La "democratización de la palabra" tampoco alcanzó a la distribución de la pauta de publicidad oficial repartida en forma exponencialmente inversa a la audiencia de los medios y directamente proporcional al grado de adhesión de ellos frente al relato oficial. Tampoco se permite ahora, mediante presiones a los anunciantes privados, que ejerzan su democrático derecho de pautar la publicidad en los medios de su preferencia.

Contrariado por la independencia de algunos magistrados, el oficialismo centra su pretensión de lograr una "colonización" total de la Justicia en los proyectos de leyes anunciados. No habiendo sido suficiente el desequilibrio introducido en la integración del Consejo de la Magistratura por la ley 26.080, en primer lugar, se postula la elección popular de todos sus miembros. Esta iniciativa está claramente en pugna con la Constitución Nacional. Las instituciones más representativas de la abogacía y la judicatura ya han denunciado esta grosera violación constitucional. El oficialismo estima, seguramente, que mediante esta iniciativa legislativa podría obtener una representación mayor que le asegure el completo control del organismo.

Logrado ello, la maniobra se complementará con la creación de cámaras de casación en lo civil y comercial, en lo contencioso administrativo y en lo previsional y laboral. Su creación, lejos de mejorar la eficiencia del servicio de justicia, hará que los procesos se prolonguen más, con la inclusión de una nueva instancia por encima de las actuales cortes de apelaciones y antes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es de esperar entonces, por ejemplo, que los jubilados que llevan años litigando contra la Anses para que se les reconozca el haber que por derecho les corresponde verán con esta medida dilatado en el tiempo su ya largo peregrinaje para obtener justicia.

La medida, por otra parte, va en el sentido exactamente contrario al adoptado cuando se sancionó el per saltum para poder evitar la intervención en asuntos de gravedad institucional de la segunda instancia judicial. Mal utilizado por el Gobierno y rechazado por la Corte, se abandona rápidamente este instituto para crear una nueva instancia en la que el Gobierno, de la mano del proyecto para modificar la forma de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, especula seguramente con poder nombrar jueces que fallen de forma afín a sus designios. Este, y no otro, es el verdadero propósito que se persigue con la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura que terminará de romper definitivamente el carácter técnico y no partidario que debería tener el cuerpo de acuerdo con la Constitución Nacional. Seguramente, el juez federal Norberto Oyarbide será el modelo de juez "democrático" al que aspira el Gobierno: siempre presto para fallar en favor de los funcionarios de turno o perseguir judicialmente a los que no gocen del beneplácito del Gobierno, o demorar las causas a la espera del momento políticamente propicio para hacer lo uno o lo otro.

En caso de que estas medidas no fueran suficientes para aniquilar lo que queda de Justicia imparcial e independiente, se coloca otra valla importante a los efectos de salvaguardar la omnipotencia estatal, y ella consiste en la grave limitación de las medidas cautelares contra el Estado.

Este proyecto, si bien no es novedoso, promete ser aún más restrictivo. En cuestiones patrimoniales, el Estado podría hacer prácticamente cualquier cosa, y los ciudadanos y las empresas sólo tendrán el único derecho de formular una tardía reclamación patrimonial que, luego de varias instancias administrativas y judiciales y en caso de un fallo favorable, podría ser pagada con bonos a largo plazo, como sucedió en la historia reciente.

En materia contencioso administrativa, las cautelares están fundamentalmente destinadas a asegurar que el Estado obre dentro del marco de la legalidad. Si bien el Estado cuenta con la presunción de la legitimidad de las leyes y actos administrativos, esa presunción se desvanece si se demuestra que, en principio, las leyes son inconstitucionales o los actos administrativos son ilegales. La protección que tuvieron cientos de miles de ahorristas en 2001 y 2002 frente al corralito y al corralón no será posible de prosperar con este proyecto.

Tampoco parece estar destinada a asegurar la imparcialidad de los jueces la pretensión de que paguen el impuesto a las ganancias. En efecto, la AFIP, que actúa a modo de una Gestapo, se convertirá en un nuevo elemento de presión para los magistrados a través de las inspecciones a las declaraciones juradas de magistrados que tengan causas sensibles para el Gobierno. Sería deseable que la obligación de tributar este impuesto se difiera en el tiempo, de modo tal de eliminar en lo inmediato un factor de presión adicional sobre la Justicia.

El intento de "democratizar la justicia" puede terminar con la independencia e imparcialidad que han demostrado algunos jueces. En un Estado totalitario, resulta inadmisible la existencia de un Poder Judicial independiente que señale la existencia de límites a esa voluntad. Es necesario que la ciudadanía, los intelectuales y las asociaciones intermedias tomen conciencia de lo que está en juego y se movilicen en defensa del Estado de Derecho..

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