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Atentado terrorista

La AMIA y la DAIA pidieron a la Justicia que declare nulo el acuerdo con Irán

Política

Presentaron un amparo para que no se aplique, y exigieron que un juez le ordene al Gobierno que lo deje sin efecto; las entidades presionaron para que el fiscal Nisman publique nuevas pruebas contra los acusados

Por   | LA NACION

La comunidad judía pidió a la Justicia declarar "inválido, inconstitucional e inaplicable" el acuerdo que firmó el gobierno argentino con Irán para interrogar a los sospechosos de volar la AMIA en 1994. También presionó al fiscal de la causa, Alberto Nisman, para que haga públicas nuevas evidencias contra los acusados, que viene preparando desde hace meses y que "demora inexplicablemente".

Denunció además que el Gobierno busca diluir las acusaciones contra los cinco funcionarios y ex funcionarios iraníes con pedidos de captura de Interpol por el atentado.

Guillermo Borger, presidente de la AMIA, y Julio Schlosser, titular de la DAIA, dieron una conferencia de prensa conjunta ayer para explicar que presentaron un recurso de amparo ante la justicia en lo contencioso administrativo federal, en el que piden, además, como medida cautelar inmediata, que se les ordene al Poder Ejecutivo que frene el acuerdo hasta tanto se decida si es constitucional o no y a Interpol que mantenga los pedidos de captura contra los acusados iraníes. Dijeron que llegarán con este recurso hasta la Corte Suprema, de ser necesario, y denunciarán a la Argentina ante tribunales internacionales, si no les hacen lugar a lo que piden.

La causa recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de María Alejandra Biotti (ver aparte).

Acompañados de Miguel Bronfman, abogado de las entidades, explicaron que "el memorándum no favorece a la causa, sino que prácticamente le echa un manto de olvido".

"Es absolutamente falso decir que con el memorándum la causa avanza: no avanza en nada, no cambia nada, y, por el contrario, se abre la puerta para el ingreso, a raudales, de nulidades procesales absolutas, tanto en lo referido a la prueba como a las supuestas declaraciones de los imputados", advierte el amparo, en el que acusan al canciller Héctor Timerman de "mentir", cuando prometió que serviría para indagar a los sospechosos.

"El único fin que se está persiguiendo es liberar de responsabilidad a los iraníes requeridos por la Justicia", dijeron, porque creen que el memorándum "traerá la nulidad total e insalvable de la causa por violación de la Constitución Nacional".

El escrito dice que con el acuerdo se les otorgarían prerrogativas a los acusados por un crimen de lesa humanidad, que son ex funcionarios iraníes, "un régimen antisemita, negacionista del Holocausto".

Advierte que la injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial "ya se efectivizó y concretó [en la comunicación previa a la entrada en vigencia del acuerdo a Interpol]".

Bronfman denunció que "el Poder Ejecutivo ya está interviniendo" en la causa y destacó que esas irregularidades se pueden observar "en las capturas y notificaciones rojas de Interpol", y "por otro lado porque el trámite de la causa ha entrado en un paréntesis". "El fiscal [Alberto] Nisman tenía preparado un dictamen que comprometía seriamente la responsabilidad de Irán. Todavía no lo ha dado a conocer. Entendemos que su ánimo y su independencia sin duda están siendo cuestionados por el Poder Ejecutivo", agregó.

Al respecto, Borger indicó que "llama poderosamente la atención" que Nisman no haya dado a conocer ese informe de 600 carillas, que, aseguró, ellos tuvieron la oportunidad de ver. "Esto no ha sido público y no nos comentó el porqué de esta no aparición del dictamen, que tendría pruebas irrefutables respecto de la responsabilidad de Irán", agregó el titular de la AMIA. Schlosser recordó que el fiscal les informó que "de ese dictamen surgía más profundamente la responsabilidad de la República Islámica de Irán y que ese dictamen estaba terminado".

En la Fiscalía negaron que existan demoras en el dictamen y dijeron que su finalización está supeditada a la obtención de nuevos datos.

Las objeciones constitucionales

DAIA dijeron que el pacto viola la Carta Magna en estos aspectos:

  • Interferencias
    Dicen que el Poder Ejecutivo interfiere en una causa judicial en marcha
  • Intromisión
    Viola la norma que impide poner en práctica un acuerdo internacional sin que previamente sea aprobado por el Congreso
  • Juez natural
    Creen que la Comisión de la Verdad prevista viola la garantía del "juez natural", y la prohibición de crear las "comisiones especiales", para los juicios, con lo que se altera la garantía del "debido proceso", que también incumbe a las víctimas
  • Igualdad
    Viola el derecho de igualdad, al establecer una comisión, y un mecanismo, que privilegia a los iraníes por sobre otros imputados en la causa, y respecto de las víctimas, ya que las querellas serían excluidas del procedimiento. Choca además con organismos de protección de los derechos humanos
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