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El escenario

Nueva estrategia del Gobierno para acumular poder

Política
 
 

Menos control judicial sobre el Gobierno. Menos poder para los jueces. Y más política en la Justicia. Ésos parecen ser los ejes de los principales proyectos que ayer anunció la presidenta Cristina Kirchner.

Habrá que ver en detalle, luego, cada uno de los seis proyectos que llegarán al Congreso. Pero los objetivos políticos son inocultables: se limita la facultad de los jueces de dictar medidas cautelares y se politiza la integración del Consejo de la Magistratura, debiendo sus integrantes presentarse a elecciones populares nacionales.

Medidas cautelares

La Presidenta anunció que las medidas que dictan los jueces para proteger a empresas y particulares contra decisiones del Gobierno deberán ser dictadas con previa audiencia del Estado nacional y no podrán durar más de seis meses. Además, cuando el Estado las apela, cesa automáticamente la protección.

A nadie se le escapa que la Presidenta está molesta con las cautelares que dictaron los jueces en favor del Grupo Clarín o La Rural, por ejemplo. Pero para que no quede ninguna duda, la primera mandataria se refirió expresamente en varias oportunidades a la cautelar que había obtenido el Grupo Clarín para frenar la aplicación de la ley de medios, dictada hace tres años.

Según lo anunció la Presidenta, una vez vencido el plazo de seis meses sin que el juez haya dictado una sentencia, el Estado podrá aplicar la medida cuestionada. Y si, a la postre, el magistrado dicta un fallo favorable a la empresa o particular -reconociendo que la medida es inconstitucional-, entonces la empresa deberá reclamar una indemnización al Estado.

Es cierto que la Corte, como dijo ella, limitó la extensión de las cautelares en la causa Grupo Clarín, pero nunca fijó un plazo tan exiguo. En la Argentina, con los procesos judiciales que le garantizan al Estado plazos más extensos que a los particulares, es imposible que un juicio termine en seis meses.

Para decirlo en términos muy claros: si el régimen que propone sancionar la Presidenta hubiera estado vigente en 2009, el Grupo Clarín ya hubiera sido desguazado a mediados de 2010. Hoy, el multimedios sería historia antigua y sus accionistas deberían conformarse con reclamar una indemnización.

A su vez, según lo dijo Cristina, el Estado tendrá la posibilidad de suspender una medida cautelar al momento de ser apelada, con la sola presentación del recurso. "Se establece la facultad del Estado a poner remedios urgentes frente a hechos que amenacen o entorpezcan la continuidad y regularidad de servicios públicos o ejecución de intereses públicos, o perjudique la integridad de los hechos cometidos", afirmó.

Una inferencia: cuanto más arbitrario sea el Estado y más daño produzcan sus medidas, tendrá más posibilidad de imponer sus medidas, porque ningún juez podrá reparar ese daño en apenas seis meses. A mayor daño, menor posibilidad de control.

Consejo de la Magistratura

La otra reforma central es la que se refiere a este organismo, que pasará a tener 19 integrantes. Todos sus miembros (jueces, abogados y los seis académicos) deberán presentarse a elecciones nacionales, con lo cual se descarta que necesitarán del apoyo, solapado o no, de los grandes partidos políticos nacionales o, claro está, del Gobierno.

Además, se introducen muchas reformas en el régimen de concursos para ser juez. Los jurados surgirán de universidades públicas, en un contexto donde el kirchnerismo creó y domina un gran número de esas casas de estudios. Buena parte de los jurados serán kirchneristas.

Hay, claro está, algunas propuestas positivas: para agilizar la cobertura de vacantes, se recurrirá a quienes ganaron los concursos anteriores; la publicidad de las declaraciones juradas de los jueces; la prohibición de que concursen funcionarios jerárquicos de la dictadura (¿olvidó la Presidenta que Eugenio Zaffaroni en aquellos años fue juez de primera instancia?), y la creación de un registro público de causas en trámite en todos los juzgados.

Pero esa maraña de proyectos y anuncios tan diversos apunta a aglutinar el consenso de algunos partidos, para que aprueben los proyectos más delicados..

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