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El origen de la furia presidencial contra la Justicia

Opinión

Ninguno de los grandes lineamientos del llamado proyecto de "democratización de la Justicia" anunciado por Cristina Fernández de Kirchner puede entenderse sin recordar algunas frases presidenciales que, todavía en tiempos en que vivía su esposo, Néstor Kirchner, dieron cuenta de la clara intención del oficialismo de avanzar sobre el Poder Judicial.

Allá por octubre de 2010, la Presidenta cuestionó al Poder Judicial porque "le ata las manos al Estado", con lo cual pareció dar a entender que, a su juicio, el Estado sólo está formado por los poderes Ejecutivo y Legislativo, e ignorar que la Justicia es tan Estado como ella. Aquella frase se produjo tras el enojo de la primera mandataria con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que, a juicio de Cristina Kirchner, impidió a la AFIP "trabar medidas cautelares sobre los bienes de evasores del fisco".

El malestar presidencial frente a las medidas cautelares contra actos del Poder Ejecutivo fue creciendo al tiempo que se incrementó el desencanto del Gobierno con la mayoría de los miembros de la Corte Suprema

Por entonces, la Presidenta comenzó a hablar despectivamente de "la justicia cautelar, que no es para todos", en forma paralela a las medidas cautelares interpuestas por el Grupo Clarín para frenar la aplicación de algunos polémicos artículos de la ley de medios audiovisuales.

Poco antes de que Cristina Kirchner aludiera a los jueces que "le atan las manos al Estado y se las desatan a los que estafan a toda la sociedad a través de la evasión", el titular de la Secretaría Legal y Técnica, Carlos Zannini, pronunció otra frase conmovedora, durante un encuentro de dirigentes en Río Gallegos: "Nosotros elegimos a esta Corte para otra cosa". El funcionario no habría advertido que había grabadores y hasta una cámara de televisión durante aquella reunión.

Desde entonces, fue creciendo el malestar presidencial frente a las medidas cautelares contra actos del Poder Ejecutivo o contra leyes tildadas de inconstitucionales, al tiempo que el desencanto del gobierno nacional con la mayoría de los miembros de la Corte Suprema se incrementó día tras día.

Es evidente que la estrategia del gobierno kirchnerista es modificar el máximo tribunal, deshaciéndose, poco a poco, de algunos de sus integrantes, y comenzando por aquéllos en condiciones de jubilarse. Pero como ese proceso podría demorarse algún tiempo más, metió mano a la iniciativa de crear tres cámaras de casación para los fueros civil y comercial, contencioso administrativo federal, y laboral y previsional, que en opinión de distintos constitucionalistas, no harán más que dilatar los procesos judiciales en vez de dotar a la Justicia de la agilidad que proclaman los objetivos del proyecto oficial.

El kirchnerismo buscará cubrir esas cámaras de casación con magistrados que fallen de acuerdo con los intereses del Poder Ejecutivo y sacar a la Corte del campo de juego, con el pretexto de "alivianar" su tarea.

Las consecuencias de la creación de esta nueva instancia podrían ser muy graves para los jubilados que, en el futuro, inicien demandas contra el Estado para la actualización de sus haberes. Los procesos judiciales probablemente se dilaten aún más y muchos de ellos terminen muriéndose antes de que llegue la justicia.

El propósito de una medida cautelar ante un determinado acto de gobierno es demorar o detener un error, abuso o arbitrariedad del Poder Ejecutivo o del Congreso que pueda violentar los derechos tutelados por la Constitución Nacional

Detrás de la elección por sufragio universal, y a través de partidos políticos, de la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura, incluidos jueces y abogados, subyace la intención presidencial de partidizar a la Justicia antes que democratizarla. Supone una visión globalizadora, que parecería apuntar a introducir a todos en una misma bolsa y que llevaría a aumentar el control del poder político sobre los jueces.

Como una suerte de castigo a la llamada "corporación judicial", se ideó una medida que, al menos, recibió más elogios que críticas, como la de facilitar el ingreso a empleos en el Poder Judicial mediante sorteos de la Lotería Nacional entre todos los aspirantes que cumplan determinados requisitos mínimos para llenar vacantes. La Presidenta señaló que actualmente alguien que no tenga un familiar o un conocido "ni disfrazado de mono" puede entrar a trabajar a la Justicia. Es llamativo que ese procedimiento no se extienda también al Poder Ejecutivo y al Congreso, donde existen vicios semejantes a los denunciados en el Poder Judicial por Cristina Kirchner.

La idea oficial de limitar las medidas cautelares también debe ser interpretada en el contexto de las declaraciones de la Presidenta y de otros funcionarios, que consideraron esos instrumentos como "alzamientos" contra decisiones populares, en lugar de ver en ellos la posibilidad de una readecuación de un abuso de poder hacia el cauce constitucional.

El propósito de una medida cautelar ante un determinado acto de gobierno es demorar o detener un error, abuso o arbitrariedad del Poder Ejecutivo o del Congreso que pueda violentar los derechos tutelados por la Constitución Nacional. Por ejemplo, en 2002, durante la época de los tristemente recordados "corralito" y "corralón" bancarios, merced a medidas cautelares, los jueces permitieron que muchos ahorristas, especialmente aquellos de avanzada edad o que sufrían enfermedades, pudieran retirar el total o parte de los fondos propios retenidos, mucho antes de que se dictaran las sentencias definitivas. De no ser por esas medidas cautelares, muchos depositantes hubiesen padecido graves perjuicios al no poder contar con sus ahorros durante los años que se extendieron sus procesos.

También se han dictado en los últimos tiempos numerosas medidas cautelares para impedir medidas confiscatorias, para defender fuentes de trabajo, para evitar industrias contaminantes, para preservar monumentos históricos o detener una obra que pudiera desencadenar un derrumbe. Es obvio que la mayoría de estas situaciones no pueden esperar todo el tiempo que depara un juicio.

Pero en su discurso de ayer, la presidenta de la Nación, al referirse a las medidas cautelares, antepuso al derecho de los ciudadanos "el derecho del Estado a desenvolverse de forma armónica". La cuestión, para Cristina Kirchner, no pasa por proteger a los más débiles frente al Estado, sino todo lo contrario.

Con algo de razón, la primera mandataria sostuvo que "cualquier juez puede determinar que una norma es inconstitucional, pero no puede esperar cinco años" para eso. Tal vez, debió haber recordado que también ése es el plazo que demoran no pocos juicios que hacen jubilados contra el Estado y que éste, en ocasiones, se toma otros cinco años, si no más, para ejecutar las sentencias..

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