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Canicoba restó valor a las cámaras ocultas

Política

El juez dijo que podrían no tener sustento legal, pero hay fallos que lo contradicen

 
 

Rodolfo Canicoba Corral, uno de los magistrados que pueden llegar a investigar al empresario kirchnerista Lázaro Báez por lavado de dinero y a los financistas que se incriminaron al señalar cómo movieron sus fondos, cuestionó ayer la validez de las cámaras ocultas como medios de prueba y dijo que una cosa es una investigación periodística y otra una judicial.

"Lo que vi es una persona que aparentemente se involucra en algo que no sé si es lavado... No sé si son operaciones ilícitas. No tengo elementos para juzgar sin son operaciones ilícitas", dijo el juez en entrevistas con Radio Nacional y Radio del Plata.

"Una cosa es la investigación y la exposición mediática del expediente y otra es el expediente judicial, donde el rigorismo de la prueba pone un marco más estricto a lo que es la investigación periodística", agregó el magistrado.

Sobre la cámara oculta, afirmó: "En principio, la doctrina más amplia habla de que las cámaras ocultas, que invaden el principio de la intimidad, no serían válidas... Pero bueno, ésos son temas que, en el caso concreto, tendré que resolver".

En ese sentido, relativizó el peso que reúne para esta etapa "la calificación" que llevará la causa.

"No es un tema que tengamos que encarar ahora", dijo, y adelantó que, a medida que se avance, "se verá si hay hipótesis de otros delitos u otros autores".

Según Canicoba Corral, una vez definida la competencia comenzará la investigación. Para ello, habrá que esperar que el fiscal pida la apertura de la instrucción. La definición de la calificación del delito es algo que se resolverá recién en una segunda instancia.

A pesar de las palabras del magistrado, la jurisprudencia viene convalidando desde la década del 70 el uso de medios electrónicos, pero no teniendo en cuenta el contenido de la grabación como evidencia, pues es violatorio de la garantía de autoincriminación, sino de la validez del interlocutor como testigo.

En el fallo de la Corte Suprema de Justicia "Fiscal contra Fernández", el máximo tribunal, al resolver sobre el uso de un grabador, señaló que si una persona desnuda su intimidad frente a otra, asume un doble riesgo: primero que la persona lo esté grabando con un medio magnetofónico y después que esa persona se convierta en un testigo en su contra. Es decir, lo que destaca la Corte no es el medio electrónico, sino el carácter de testigo del interlocutor, de quien se incrimina.

Esta jurisprudencia fue recogida por la Cámara Federal en numerosos pronunciamientos donde señala que cuando hay dos interlocutores que hablan por teléfono, uno asume el riesgo de que el otro lo grabe y haga públicos sus dichos.

La cámara oculta no es valiosa en sí misma, sino que es un elemento más que se suma a los testigos para probar la veracidad de lo que se dijo en esa conversación, si es que hay controversia sobre el contenido de la charla. El medio tecnológico se utiliza no como la prueba maestra del delito, no como la confesión -lo que no correspondería porque sería autoincriminatorio-, sino como la manera de inclinar la balanza sobre uno u otro participante de la conversación si es que hay controversia sobre el contenido. Todo esto siempre y cuando se compruebe que el material no fue editado, no fue alterado, no fueron introducidos cambios. Este criterio fue recogido por la Cámara Nacional de Casación..

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