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Oposición

Críticas a Scioli por una licitación de agua potable

Economía

Diputados bonaerenses cuestionaron que se le adjudique una importante obra a una empresa israelí

Por   | LA NACION

LA PLATA.- Contra los reparos de especialistas de su gobierno, y a pesar de que todos los diputados de la provincia suscri­bieron un pedi­do de infor­mes con dudas sobre la inicia­tiva, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, sigue adelante con la idea de adjudicar el servicio de provisión de agua potable para unos dos millones de bonaerenses a una em­pre­sa estatal israelí cuestionada por Amnesty International, por pro­ducir presuntamente escasez de agua entre los territorios palestinos.

Vo­ce­ros del Ministerio de Infraes­truc­tura, a cargo de Alejandro Arlía, confirmaron a LA NACION que la licitación, en la que la firma Mekorot Water Com­pa­ny (propiedad del Esta­do de Is­rael) presentó la oferta más con­ve­niente, sigue su curso a pesar de las críticas.

El pedido de informes, re­dac­tado por el diputado Oscar Ne­grelli (Coalición Cívica), pero fuerte­mente modificado, fue aproba­do en octubre último por todos los inte­grantes de la Cámara, incluidos los oficialistas, y aún no fue respondido.

La obra por la que se llamó a licita­ción pública, y que fue preadjudicada a la compañía estatal israelí (autora de la propuesta original), es la construcción en el partido de Ense­nada de una nueva planta potabili­zadora de agua que complemente la planta Donato Gerardi, que ya tiene más de medio siglo de antigüe­dad, para reforzar el suministro de agua en ese distrito, La Plata, Berisso y parte de la zona sur del Gran Buenos Aires.

No todos creen que sea una buena idea. El ingeniero Adolfo Ruiz, em­pleado en la Dirección de Hidráulica del ministerio a cargo de Arlía y delegado de la Asociación Trabaja­dores del Estado (ATE), dijo a este diario que la reparación y mejora de los sistemas existentes conduciría a resultados similares por una peque­ña fracción del costo. En el pedido de informes, los diputados le señalan al gobierno de Daniel Scioli que la última estimación realizada por Aguas Bonaerenses SA, la com­pañía estatal que ya presta servicio en la región, ubica en 1260 millones de pesos el costo de la inversión por realizar. Y se preguntan "si se ha llevado a cabo la evaluación del pro­yec­to para determinar la convenien­cia" de ponerlo en marcha, lo que implicaría que la provincia "tomaría endeudamiento público en plena crisis financiera" y podría conducir, además, a un aumento de la tarifa.

Pero lo más notable de la requisitoria son los informes que no solicita. En la redacción original de Negrelli se criticaba la idea de contratar a una empresa acusada de violar presuntamente derechos humanos en otros países (en el caso del acceso al agua en los territorios palestinos) y se subrayaba que una de las empresas argentinas asociadas a la israelí en la licitación, 5 de Septiembre SA, está conformada por miembros de un sindicato que también tiene participación en ABSA. Según Ruiz y su colega Azucena Keim, también empleada en Hidráu­lica y delegada del gremio, esto "es violatorio de las leyes al estar [5 de Septiembre SA] de los dos lados del mostrador: por un lado participando del proceso licitatorio y, por el otro, cobrando de la futura empresa ganadora del contrato firmado".

Así lo afirman en una nota elevada al ministro Arlía, en la que además detallan que Mekorot (según Amnes­ty International) "ejecuta un virtual apartheid con respecto a la distri­bución del agua" en los territorios palestinos, tal como lo consigna un informe muy reciente del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.

Los reparos figuraban en el proyecto de pedido de informes elaborado por Negrelli, pero fueron suprimidos en la tensa sesión legislativa en la que se aprobó por unanimidad en su forma final.

"Nosotros tenemos como política apoyar los pedidos de informes si son razonables, para que la oposición pueda pedir explicaciones al Ejecu­tivo, por más que no acordemos con las críticas", dijo a LA NACION un diputado sciolista que participó de la sesión. "Pero acá se les pedía al go­ber­nador y al ministro que se hicie­ran cargo de una cuestión de política internacional. Y lo de 5 de Septiem­bre es un tema técnico que no fue cuestionado por los organismos de control."

En efecto, fuentes del Ministerio de Infraestructura dijeron a LA NACION que en la licitación en la que se preadjudicó la construcción de la planta a Mekorot "se han cumplido todos los requisitos administrativos y legales" y que "no existió en ningún momento alguna presentación judicial que inhabilitara a ninguno de los grupos que se presentaron". El gobernador bonaerense ya había anunciado la contra­tación de Mekorot en noviembre de 2010, cuando viajó a Israel para ajustar detalles sobre la construcción de la planta, que insumiría una inversión de 150 millones de dólares.

En rigor, la propia empresa venía impulsando el proyecto, que iba a viabilizarse mediante el sistema de iniciativa privada, al que la provincia se adhirió en 2008, y por el cual las propias compañías privadas pueden elaborar sus propios proyectos de obra pública. Pero finalmente la iniciativa no prosperó y el año pasa­do se hizo un llamado a licitación tradicional, al que respondieron dos empresas. Mekorot fue elegida por ser su propuesta la más económica.

En diálogo con LA NACION, Ruiz cuestionó la propia idea de construir una nueva planta potabilizadora: "En La Plata se pierde un 35% del agua que se suministra porque las cañerías están obsoletas y tienen roturas", dijo el ingeniero. "Un trabajo de reparación de la estructura existente costaría mucho menos que lo que quieren hacer con la nueva planta y permitiría aumentar el suministro de agua sin muchos problemas", explicó.

Ante la consulta de LA NACION, Mekorot respondió que el proyecto de la planta siguió "todos los pasos definidos por la ley de obras públicas de la provincia de Buenos Aires" y que la oferta del consorcio encabezado por la compañía incluye financiación a largo plazo.

Respecto de las críticas a su actuación en los territorios palestinos, la empresa israelí argu­mentó que "la Autoridad Palestina no desarrolló la infraestructura" necesa­ria para alcanzar el suministro deseado de agua según lo convenido en los Acuerdos de Oslo de 1993 y que, en 2011, Mekorot brindó agua en exceso respecto de lo acordado..

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