Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí

Suspenden requisitos para abortos no punibles

Por un fallo judicial, los hospitales no podrán exigir la acreditación de insania, ni de riesgo de vida inminente

SEGUIR
LA NACION
Sábado 20 de abril de 2013
0

La jueza porteña Patricia López Vergara siguió limitando, en un nuevo fallo, la aplicación del protocolo de aborto no punible que rige en los hospitales públicos de la ciudad. A raíz de esta resolución, a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo no se les exigirá acreditar insania ni un inminente riesgo de vida para poder hacerlo.

Días atrás, la magistrada -como subrogante del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2- dictó una medida cautelar que deja en suspenso "los artículos 9 inc. a) segundo párrafo y 11 inc. b) y c) del anexo I" del protocolo para la realización de abortos no punibles que elaboró el año pasado el gobierno porteño. La medida regirá hasta que se dicte la sentencia definitiva.

La decisión fue tomada en el recurso de amparo iniciado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), que solicitaron que se declaren inconstitucionales diversos artículos del protocolo.

Patricia López Vergara, magistrada porteña
Patricia López Vergara, magistrada porteña.

Habían argumentado que las disposiciones "son ilegítimamente restrictivas y violatorias de los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres", con un solo fin: "Burocratizar y obstaculizar el acceso al aborto no punible , lo que traerá aparejado nuevos problemas a miles de niñas, adolescentes y mujeres".

En efecto, en su resolución cautelar la magistrada consideró que "el protocolo Nº 1252/2012 del Ministerio de Salud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires" muestra "un exceso reglamentario" que entra en contradicción "con el artículo 86 incisos 1 y 2 del Código Penal, dentro de los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación , las normas nacionales e internacionales aplicables al caso".

Por eso, estableció que, a diferencia de lo fijado por los artículos 9 y 11, cuando una paciente solicite la práctica de un aborto no punible en un establecimiento hospitalario, los médicos no requerirán la "acreditación de insania, debidamente certificada o certificado que acredite que la mujer padece de discapacidad mental expedido por autoridad competente" ni "acreditación alguna respecto de la inminencia de la gravedad del riesgo para la salud o la vida de la mujer encinta, por lo que resultará suficiente la potencialidad de dicho riesgo".

En su fallo, López Vergara también ordenó a la Ciudad que, en un plazo máximo de dos días, notificara el contenido de éste a todos los directores de los hospitales para que ellos, a su vez, lo difundieran entre el personal a su cargo.

Asimismo, dio un plazo de diez días al gobierno porteño para "arbitrar un sistema de apoyo y salvaguarda" para que la mujer con discapacidad pueda tomar una decisión en forma autónoma en el ejercicio de sus derechos.

Antecedente

La resolución se suma a un fallo anterior de la jueza de noviembre pasado, en otro expediente impulsado por la legisladora porteña y activista gay María Rachid (Frente para la Victoria) y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

En esa ocasión, López Vergara suspendió otros cinco artículos del protocolo y determinó que, para la práctica de un aborto no punible, no tiene que intervenir un equipo interdisciplinario, no se necesita el consentimiento de los padres en caso de tratarse de una menor de edad y no hay una limitación temporal para realizarlo en caso de tratarse de una violación.

Además, fijó que todos los profesionales debían declarar su objeción de conciencia en 30 días a partir de notificada la resolución, para no entorpecer la realización de los procedimientos en el momento de ser requeridos.

En ese fallo, la magistrada había recolectado también los lineamientos de una ley aprobada en la Legislatura porteña con votos de diputados opositores para que primara sobre el protocolo del Poder Ejecutivo. Pero la norma fue vetada por el jefe de gobierno, Mauricio Macri.

Consultados por la nueva resolución de la jueza en lo contencioso administrativo, voceros del Ministerio de Salud porteño respondieron a LA NACION que, por el momento, no harían comentarios respecto del fallo judicial.

Fundamentos del fallo

Distintos amparos contra el protocolo oficial porteño

Patricia López VergaraMagistrada porteñaLa jueza en lo contencioso administrativo ya suspendió la aplicación de varios artículos del protocolo"El requisito de acreditación de la discapacidad por la administración se traduce en un exceso reglamentario"

Te puede interesar

Enviá tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.
Las más leídas