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El avance sobre la Justicia / Estrategia de la Casa Rosada

En el Gobierno admiten que la Justicia frenará la reforma

Política

El gobierno de Cristina Kirchner descuenta que el paquete de leyes con el que pretende controlar la Justicia se sancionará el miércoles próximo en el Congreso . Pero también presupone que quedará suspendido y sin aplicarse porque, ante varios planteos judiciales inminentes de inconstitucionalidad, uno o varios jueces dictarán medidas cautelares que frenarán la "democratización" y, de ese modo, podrían sucumbir transitoriamene la reforma del Consejo de la Magistratura y la regulación de las cautelares , ejes centrales de la reforma.

Sería su peor escenario y ya se evalúa en el Gobierno. Si ello ocurre, la mandataria no podrá convocar a elegir por el voto popular a los nuevos consejeros de la Magistratura en las elecciones primarias abiertas y simultáneas (PASO) del 11 de agosto próximo, como establece uno de los proyectos de ley. De esa forma, caerá uno de sus caballitos de batalla en su plan de avance sobre el Poder Judicial .

Se derrumbaría así la elección popular de jueces, abogados, académicos y científicos que integrarían el nuevo Consejo, el órgano que Cristina Kirchner pretende controlar para designar y remover jueces.

"Las asociaciones de jueces y abogados presentarán un arsenal de planteos de inconstitucionalidad ante la Justicia y los jueces se frotan las manos: interpondrán varias cautelares", confió a LA NACION un alto funcionario.

¿Qué ocurriría en ese caso? "El Gobierno nunca desoyó una medida cautelar, tendrá que aceptarla: no habrá elecciones este año de consejeros de la Magistratura", dijo a LA NACION un ministro. Lo mismo admitió la diputada kirchnerista Diana Conti. En ese caso, caería en las PASO la elección popular de consejeros. El Estado apelará esa decisión, pero inexorablemente se judicializará y sufrirá demoras inciertas.

"La Presidenta denunciará políticamente que la Justicia no quiere democratizarse, que no acepta pagar impuesto a las ganancias, y la responsabilizará de la inseguridad y de casos de corrupción, lavado de dinero y de evasión impositiva de las grandes corporaciones", dijo a LA NACION una alta fuente oficial. Todo se inscribirá en la campaña con miras a las elecciones del 27 de octubre en las que Cristina Kirchner quiere lograr aval para una reforma de la Constitución y su segunda reelección.

"La apuesta del Gobierno es decir: «Quisimos democratizar la Justicia». Y generar una opinión negativa sobre el Poder Judicial", anticipó otra fuente.

Las asociaciones de abogados y jueces interpondrán planteos de inconstitucionalidad, en principio, ante los fueros contencioso administrativo y ante la justicia electoral de las diversas provincias. Las impugnaciones recaerían sobre la mayoría de las leyes que componen el paquete de "democratización" de la Justicia.

Ellas son la reforma del Consejo de la Magistratura, la restricción a las medidas cautelares, la creación de tres nuevas cámaras de casación, la publicidad de las declaraciones juradas de los jueces, el nuevo régimen de ingreso a la carrera judicial y la publicidad de las causas de los juzgados.

Según fuentes legislativas, es posible que algunas leyes no se sancionen el miércoles próximo. Alguno de los proyectos podría sufrir cambios -se podría revisar la eliminación del manejo presupuestario a la Corte Suprema-, y debería volver al Senado, que sólo sesionaría el miércoles 8 de mayo próximo, porque el 1° es feriado.

Los tiempos juegan contra el Gobierno: el plazo para convocar a las elecciones legislativas vence el 14 de mayo. Sin embargo, apenas se sancione la ley de elección popular de consejeros, algún juez podría suspenderla mediante una medida cautelar y así la convocatoria a las PASO no podría incluir esa elección de consejeros.

En medio de este clima, en el Gobierno comenzó a sobrevolar el fantasma del 7-D: el fracaso de su ataque al Grupo Clarín, el 7 de diciembre último, día en que pretendía desarticular al multimedio, y una medida cautelar de la Cámara Civil y Comercial frenó los artículos 45 y 161 de la ley de medios audiovisuales que lo obligaban a desprenderse de licencias.

Ese recuerdo sensibilizó la piel de la Presidenta. La misma Cámara Civil y Comercial emitió la semana última el fallo de fondo: declaró inconstitucional casi todo el artículo 45 de la ley, por lo cual Clarín sólo deberá desprenderse de una licencia de radio. Muy poco para lo que pretendía la Presidenta.

Otro revés memorable fue el avance del Gobierno en la estatización del predio de la Sociedad Rural Argentina, en Palermo, también frenado mediante una medida cautelar en diciembre último.

Paradójicamente, la reforma judicial que busca limitar las medidas cautelares en contra del Estado podría ser frenada, precisamente, por una medida cautelar. Con ironía, un ministro comentó a LA NACION: "Las cautelares que vos matáis gozan de buena salud".

Dentro del Gobierno, de todos modos, algunos temen que la elección popular de consejeros en las PASO podría ser un riesgo ante la posibilidad de una derrota del oficialismo.

El Gobierno todavía no tiene candidatos, pese a que se habló de la propia Cristina Kirchner y de Carlos Zannini. En rigor, ni siquiera sabe si deberá constituir listas: la Justicia podría dejar todo suspendido.

Iniciativas con muchas dudas

JULIO ALAK
Ministro de Justicia

  • Rol secundario
    El ministro defendió los proyectos en el Congreso, pero quedó claro que el protagonista fue Julián Álvarez, su segundo
  • La judicialización
    En el Poder Ejecutivo dicen que la reforma será sancionada por el Congreso, pero que la Justicia terminará frenando su puesta en marcha con medidas cautelares

DIANA CONTI
Diputada FPV

  • Cruzada oficialista
    La diputada es una de las espadas oficialistas en la Cámara de Diputados. En ese papel conducirá el debate de los proyectos
  • Dificultades a la vista
    Conti fue una de las primeras en reconocer que, una vez sancionadas, las leyes serán motivo de pedidos de inconstitucionalidad en la Justicia
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