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Lavado de dinero

Hubo nuevos allanamientos por el caso Báez y buscan más financieras

Política

El juez avanzó con otras medidas y pidió un informe de la UIF antes de resolver si inhibe a Fariña y Elaskar; sospechan que pueden haberse borrado pruebas

Por   | LA NACION

 
 

El juez federal Sebastián Casanello ordenó nuevos allanamientos; investiga los movimientos de una decena de financieras que habrían lavado dinero, entre ellas, SGI, que pertenecía a Federico Elaskar, quien dijo haber sacado del país millones de euros del empresario kirchnerista Lázaro Báez y después se desdijo.

SGI, ubicada en el edificio Madero Center, fue allanada la semana pasada con "resultado positivo", según informaron fuentes de la causa. La Justicia busca determinar ahora qué movimientos hizo esta financiera, con qué entidades operaba y cómo lo hacía.

Durante aquel allanamiento en Puerto Madero se secuestraron documentos y computadoras, que serán sometidas a peritaje. Los investigadores encontraron indicios de que pudo haber existido un "barrimiento" de datos, dijo a LA NACION una fuente del caso. Es decir, que alguien pudo haber borrado información de las máquinas (algo factible, dado que el programa de TV que denunció el caso fue el domingo, la causa estuvo trabada por un conflicto de competencia y los allanamientos fueron el jueves, cuatro días más tarde).

El juez no dispondrá, por el momento, las inhibiciones de bienes pedidas por la fiscalía contra Elaskar y el contador Leonardo Fariña. Ambos dijeron en televisión haber transportado y enviado al exterior decenas de millones de euros por cuenta de Lázaro Báez y después se arrepintieron de sus confesiones. Antes de resolver si los inhibe, el juez pidió escuchar a la Unidad de Información Financiera (UIF), que presentó una serie de reportes por otras operaciones sospechosas de ambos. Fue sobre la base de estos reportes que el fiscal Ramiro González solicitó las inhibiciones. También, las indagatorias de los dos imputados (que no están previstas por el momento).

Fue en un escrito que firmó el jueves pasado junto con el fiscal Carlos Gonella, a cargo de la Unidad Antilavado, recientemente creada por la procuradora Alejandra Gils Carbó. En ese documento -que delimitó la investigación- los fiscales apuntaron a Elaskar y Fariña. En cambio, no nombraron a Lázaro Báez. Sólo dijeron que la investigación puede ampliarse si "a partir de la recolección de pruebas", surgen "nuevos imputados".

Anteayer, el programa Periodismo p ara todos, que conduce Jorge Lanata, denunció que el fiscal González fue presionado por Gonella, en nombre de Gils Carbó, para suavizar el dictamen que él tenía preparado y eliminar cualquier referencia a Báez. Ayer, González lo negó. Lo hizo con una inusual desmentida: le envió una nota a la propia Gils Carbó en la que decía que nadie lo había presionado y que, si hubiera sido así, él lo hubiera denunciado. Esta carta, oficial, fue difundida ayer a la tarde por la Procuración.

González dejará esta causa pasado mañana, cuando vuelva el fiscal titular del caso, Guillermo Marijuan, que está de licencia.

Mientras tanto, en las últimas horas se ordenaron nuevas pruebas. Además de los allanamientos, Casanello solicitó informes de movimientos de fondos al Banco Central, reportes a migraciones sobre entradas y salidas del país de Elaskar y Fariña, e informes de la Inspección General de Justicia. El juzgado recogió además las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del edificio Madero Center, las que están dentro de las oficinas de la financiera SGI y las de la calle. La idea es conocer los movimientos de los últimos días. También se incorporó al expediente documentación aportada por Periodismo p ara todos. Entre esos papeles está la constancia de la creación de la empresa Teegan Inc. -de Martín Báez, hijo de Lázaro- en Belice.

Las pruebas que presentaron los fiscales González y Gonella para pedir las medidas contra Eslakar y Fariña son las constancias de las operaciones sospechosas que comprometerían a ambos. Entre ellas, en lo que respecta a Fariña, que una firma le pagó "a cuenta" de futuros trabajos su fiesta de casamiento con la modelo Karina Jelinek, que costó dos millones de pesos -informó una fuente del caso- y que vive en un departamento en la Avenida del Libertador que otra firma le "cedió".

Pero estas operaciones no tendrían que ver con aquellas vinculadas a Báez que los acusados habían denunciado por TV. Son otras, también de 2010 y 2011. Todos estos datos los tenía la UIF en su poder y sólo se conocieron con esta causa.

En Uruguay piden datos de lavado

El Palacio Legislativo de Uruguay será escenario de un debate sobre el escándalo argentino sobre lavado de dinero, en el que la oposición requerirá a la administración de José Mujica que se aclare si Uruguay está salpicado por operaciones ilegales vinculadas a estos episodios. La oposición reclama que se informe si Montevideo y Punta del Este formaron parte del circuito de salida de billetes. Los ministros de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, y de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, concurrirán a una comisión de la Cámara de Representantes, según lo acordado por legisladores del opositor Partido Nacional y el oficialista Frente Amplio.En tanto, los diputados Manuel Garrido y Graciela Ocaña anticiparon que presentaran una denuncia ante la justicia uruguaya para que investigue al ministro de Planificación, Julio De Vido, y a Lázaro Báez por lavado..

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