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Al margen de la semana

Todo por seis meses

Economía

Mucho más rápido de lo que se suponía quedó demostrado que la controvertida reforma judicial no es un problema de "abogados y jueces", como lo definió la presidenta Cristina Kirchner. Por si no alcanzara su tratamiento exprés y el voto cantado, ese mismo día Axel Kicillof se encargó de personificar su tesis de que la seguridad jurídica es "un concepto horrible" cuando irrumpió, en patota con Guillermo Moreno y un séquito de camarógrafos de la prensa oficialista, en la asamblea de accionistas del Grupo Clarín.

Estas ampulosas movidas políticas tienen un impacto negativo sobre las decisiones de inversión y las expectativas económicas. No fue casual que, en simultáneo, el dólar paralelo cruzara raudamente la barrera de los $ 9; ni que en el ambiente empresario ya se hable del "dólar Messi" en alusión al 10 de su camiseta. Mucho menos cuando todas las expectativas tienen un horizonte de apenas seis meses, o sea, el tiempo que falta hasta las cruciales elecciones del 27 de octubre.

Si nadie se atreve a pronosticar más allá de esa fecha, no es sólo por la incertidumbre que abre el resultado electoral, sino también por el futuro de la política económica, librada hoy a una incierta buena suerte. Casi todas las medidas adoptadas últimamente por el gobierno de CFK han sido parches cuya validez no supera ese plazo fijo de seis meses, para remendar aisladamente problemas complejos sin resolver ninguno. Su objetivo es tratar de llegar a las elecciones con una economía medianamente "presentable", a riesgo de agudizarlos después.

El dólar blue a $ 9,34 refleja ese deterioro de expectativas. Una cotización tipo "sálvese quien pueda", que, de todos modos, se alimenta de causas previas. El progresivo cepo cambiario, que esta semana cumple su primer año y medio, restringió abruptamente el acceso al dólar oficial barato, pero lo encareció en el mercado paralelo. Lo mismo que parches posteriores como el "dólar turista" (con el recargo de 20%); el "dólar friendly " (inyectar algo de oferta a través de operadores "amigos"); las presiones oficiales para bajarlo por teléfono; o los controles policiales sobre "cuevas" y agencias de cambio. Todas estas acciones marcharon detrás de los acontecimientos y tuvieron efímeros resultados. Menos ahora cuando, como todos los años, el Banco Central debe emitir más para comprar en este trimestre los "agrodólares" de la cosecha y esos pesos alimentan la demanda del dólar blue, ante la escasez de opciones para colocarlos que puedan competir con la inflación.

En los últimos doce meses, el dólar paralelo acumuló una suba de nada menos que 83,5% (cotizaba a $ 5,09 a fin de abril de 2012) y esa escalada acicateó la demanda y desalentó la oferta, salvo casos puntuales de necesidad o conveniencia. La brecha con el tipo de cambio oficial se amplió a casi 80% y afecta a la economía real, por más que el Gobierno pretenda desconocerla, como el ministro Lorenzino a la inflación real. Por un lado, paraliza al mercado inmobiliario y a otras actividades que tienen al dólar como referencia. Por otro, tiende a alentar viejas maniobras (sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones), así como a toda una operatoria cambiaria "en negro", que aprovecha la alta cotización del blue para hacer diferencias con la compra en pesos de bienes o servicios. A falta de mejores opciones, también induce a los productores de soja (que con las retenciones reciben un tipo de cambio efectivo de $ 3,38) a "ahorrar" reteniendo parte de la cosecha y recuperar algo con la devaluación pautada del tipo de cambio oficial. Las únicas señales que emitió el BCRA no modifican estas tendencias: vende dólares futuro a $ 5,88 a fin de diciembre (para ratificar implícitamente una devaluación de 20% anual) y mantiene la tasa de interés para depósitos en torno de 15/16% anual (ocho puntos por debajo de la inflación) para no enfriar aún más la actividad económica. Para peor, no logra el objetivo central del cepo cambiario, que es blindar las reservas: en lo que va de 2013 el stock cayó en US$ 3500 millones y parte de los actuales ingresos extras de divisas por la cosecha egresarán por mayores importaciones de gas y combustibles. También con reservas del BCRA se creó el Fondo de Inversiones para YPF, por US$ 2000 millones.

Ante esta perspectiva, Moreno recurrió al extraño parche de igualar hacia arriba los precios de las naftas y gasoil, con aumentos previos a un congelamiento por seis meses (o algo más, ya que vence el 10 de octubre). Pero esta medida oscurece más de lo que aclara: por ahora sólo se vieron subas en las seis zonas en que se dividió el país, sin que se vea el techo para cada una y que bien podría estar determinado por algún eventual sobreprecio en cualquier estación de servicio "blanca" (sin marca). Y crecen las dudas sobre la eficacia del congelamiento cuando, tras el incendio de la destilería de YPF en Ensenada, será necesario importar más combustibles a precios externos más altos que los internos, con un dólar oficial que hasta fin de año debería subir 13% más. No es precisamente un incentivo para aumentar las inversiones del sector petrolero, que encima enfrenta ahora nuevos conflictos gremiales en la región patagónica.

Tarjeta demorada

Tampoco es un aliciente para muchas industrias el congelamiento de precios en cadenas de supermercados y de electrodomésticos, que inicialmente iba a durar dos meses (hasta fin de marzo), luego se extendió otros dos y todas descuentan que llegará por lo menos hasta fin de octubre. Mientras se demora el lanzamiento de la Super-Card (prometida oficialmente para el 1° de abril), concedida a los supermercadistas para reducir el costo financiero de las ventas con tarjeta, también sigue pendiente la definición de los ajustes salariales en paritarias clave, que va en cámara lenta e impide calcular su impacto sobre los costos.

Aunque el Gobierno abandonó de hecho la idea de imponer un tope de 18/20%, los empresarios no encuentran pistas oficiales. Muchos ya otorgaron sumas fijas a cuenta y actúan como desconcertados testigos de las idas y venidas de los dirigentes sindicales que modifican reclamos y porcentajes al ritmo de las presiones que alternativamente reciben desde sus bases o de despachos oficiales. Por caso, el gremio mercantil pide ahora una suba directa de 24%, no aplicable a los básicos de convenio, sino a los actuales salarios de bolsillo, que incluyen anticipos. La UOM, a su vez, arrancó con un pedido de 35% más un aporte de 2% a su obra social, aunque luego Antonio Caló lo redujo a 25% más dos adicionales no remunerativos de $ 1375. Y el gremio de la alimentación reclama 30%, al igual que el de camioneros, aunque las negociaciones están en pañales.

Por ahora, tampoco parece casual que estas demoras sean funcionales a la aparente intención oficial de evitar que un prematuro repunte del consumo deshaga el precario parche del congelamiento parcial por seis meses, mientras otros precios e impuestos no dejan de subir..

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