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Editorial I

Empresas que se van e inversiones que no vienen

Opinión

En los últimos años, la Argentina ha desperdiciado una oportunidad histórica para consolidar su economía de la mano de un contexto mundial excepcional

Cada vez con mayor frecuencia se sabe de empresas que abandonan la Argentina o que reducen sus actividades. Las razones declaradas suelen ser similares: las condiciones en las que se desenvuelven las compañías se han deteriorado y las perspectivas futuras distan de ser promisorias. Lamentablemente, no se trata de factores coyunturales, sino de las erróneas políticas oficiales consideradas intervencionistas y abusivas.

Una decisión de abandonar inversiones y asumir costos importantes por hacerlo implica un diagnóstico pesimista sobre el posible cambio de las condiciones dentro de horizontes extendidos. Quienes toman decisiones tan drásticas seguramente advierten que no hay perspectivas políticas y económicas para una reorientación cercana hacia ideas más favorables a la inversión y a los negocios. Este pesimismo puede tener relación no sólo con los errores y abusos institucionales del oficialismo, sino también con las ideas prevalecientes en una parte importante de la oposición.

Son varias, crecientes y acumulativas las políticas oficiales de rechazo a la inversión. El control de cambios y las trabas a la remisión de utilidades han sido tal vez el golpe de gracia. Nadie entra donde no lo dejan salir. Tampoco es concebible que se obligue a ingresar fondos a un tipo de cambio que es sustancialmente menor que el que se aplicaría para remitir dividendos. El solo hecho de una tan arbitraria manipulación del valor de la divisa en el actual contexto de desborde monetario, alta inflación y control de precios, hace impredecible cualquier cálculo de rentabilidad.

El cepo cambiario hoy vigente fue antecedido por prohibiciones de importar y por la insólita orden oral a muchas empresas exigiéndoles que compensen sus importaciones con exportaciones propias. Cualquier dirigente de empresa que haya asistido a las convocatorias del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, tiene muy buenas razones para recomendar a sus accionistas el abandono de la actividad. A los exabruptos y arbitrariedades de este funcionario -puestas de manifiesto en la asamblea de accionistas del Grupo Clarín del jueves pasado - deben agregarse los abusos impositivos que responden a un desborde del gasto público. Además, cualquier asesor económico le dirá al empresario que hay déficit fiscal cubierto con emisión debido a la imposibilidad de financiarlo con crédito del que el gobierno argentino no dispone.

A estas circunstancias deben sumarse cuestiones institucionales que son absolutamente relevantes para garantizar seguridad jurídica y un marco apropiado para el largo plazo. De efectos devastadores ha sido el avance del Ejecutivo sobre la Justicia y la amenaza que esto supone. Las reformas, además de su impacto sobre los derechos individuales, no serán gratuitas para las actividades productivas. Lo mismo puede afirmarse en relación con los ataques a la libertad de prensa y con la falta de combate a la corrupción.

La aberrante reforma judicial -parte de ella aprobada por el Congreso- no hace sino ponerle un obstáculo más a la posibilidad de inversiones. La virtual eliminación de las medidas cautelares contra el Estado y la intención de someter a los magistrados al poder político sólo garantiza negocios para los circunstanciales amigos del poder. Cualquier empresario que aspire a depender del mercado antes que de los caprichos de los funcionarios pensará varias veces antes de arriesgar su capital.

El caso más notorio de salida de una empresa ha sido el de la brasileña Vale, que dejó trunco el proyecto minero más importante que haya tenido la Argentina. A pesar de haber invertido ya 1500 millones de dólares, la empresa decidió dejar de someterse a las exigencias cambiantes y crecientes del gobierno nacional, así como de las provincias y municipios relacionados con ese proyecto minero. Quienes plantearon esas exigencias abusivas seguramente aceptaban el lugar común de que las grandes empresas ganan dinero en exceso, que se les puede y debe quitar sin mayor dificultad. En algunos de ellos esto se refuerza por un sentimiento anticapitalista.

Han abandonado la Argentina buena parte de las firmas internacionales de indumentaria y moda. Tales son los casos de Louis Vuitton, Calvin Klein, Yves St Laurent, Escada, Polo Ralph Laurent, Emporio Armani, Ermenegildo Zegna, Kenzo y muchas otras. Se trata de una actividad que no concilia con las trabas al intercambio ni puede concebir tener que exportar garbanzos o calamares para compensar sus importaciones de indumentaria. Se pueden mencionar muchos otros casos, como los de Petrobras y Esso, que dejaron sus cadenas de estaciones de servicio y claramente apuntan a reducir sus actividades en nuestro país. En el área energética, también British Gas vendió su participación en Metrogas, de la misma forma que se retiraron otras empresas extranjeras que habían participado en compañías privatizadas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Varias empresas de origen brasileño han dejado actividades locales, algunas de ellas en el sector alimenticio, en particular frigoríficos, como JBS.

El desaliento empresario ha alcanzado a la agricultura, un sector en el cual la Argentina debería presentar claras ventajas comparativas. Las grandes empresas de siembra que iniciaron su expansión en nuestro país actualmente están desplazando su actividad a Brasil, Paraguay y Uruguay. El Tejar, una empresa líder del sector, anunció el traslado de sus oficinas centrales a Brasil y la reducción del área sembrada en la Argentina a tan sólo un 10% de lo que fue una década atrás. El empeño oficial en mantener altísimos derechos de exportación y el cepo cambiario han creado un marco hostil a empresas agrícolas tecnificadas y de amplia escala.

El fenómeno de la salida de empresas y reducción de la inversión impacta negativamente en la creación de empleo y en el desarrollo. Después de más de una década ya no se dispone de capacidades ociosas como ocurría luego de la crisis de 2001, tras una década anterior de importantes inversiones. Se hace cada vez más imperiosa la necesidad de cambiar las erróneas políticas que han llevado a esta situación.

La retirada de empresas ha sido correlativa a la caída de la inversión directa extranjera y al escaso inicio de nuevos proyectos. Es éste uno de los más palpables indicadores del lucro cesante para la Argentina durante la supuesta "década ganada" de la que nos habla el relato oficial y de la excelente oportunidad que han desperdiciado nuestros gobernantes para recibir los beneficios que merecieron otros países de la región en los últimos años.

Mientras en la última década los países latinoamericanos triplicaron el monto de las inversiones recibidas, la Argentina lo redujo a menos de la mitad. De esta forma pasó de ser el segundo receptor después de Brasil, a ser el sexto, superado también por Chile, México, Colombia y Perú. Algo que sólo puede explicarse porque la Argentina, que hoy podría integrar el grupo de países de la región que recibe inversiones, ha optado por seguir un modelo fracasado como el de la Venezuela chavista, un espejo en el que lamentablemente se refleja cada vez más nuestro país..

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