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Interpelado

Ratificaron a Montenegro, tras el pedido de renuncia opositor

Buenos Aires

Por la represión de la Metropolitana en el Borda, hubo duras críticas al ministro y a Macri en la Legislatura porteña; el macrismo rechazó las imputaciones

Por   | LA NACION

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, fue ratificado ayer en el cargo luego de una intensa interpelación de casi ocho horas en la Legislatura, en la que arreciaron durísimas críticas por la actuación de la Policía Metropolitana en el hospital Borda y hubo insistentes pedidos de renuncia del funcionario.

Fuentes oficiales dijeron anoche a LA NACION que "nunca se pensó en pedirle la renuncia" a Montenegro , luego de que el ministro sostuviera ante los diputados que no abandonaría su puesto excepto que Mauricio Macri se lo pidiera o que él mismo lo considerara necesario. "Por el momento, no ocurrió ninguna de las dos cosas. Mi conciencia está tranquila", dijo.

El funcionario fue acusado por diputados del kirchnerismo, Proyecto Sur, la Coalición Cívica y la UCR de no ser apto para el cargo y de representar "la política de seguridad de Macri, que recuerda a los peores años de la dictadura militar". La Metropolitana reprimió anteayer con balas de goma la agresión que recibió de parte de militantes de la Asociación Trabajadores del Estado, que intentaban frenar la demolición de una antigua instalación en un terreno del neuropsiquiátrico, en Barracas, donde se proyecta construir el futuro Centro Cívico. En la refriega hubo más de 30 heridos, entre manifestantes, periodistas y policías.

El ministro llamó a "tener una clara autocrítica del procedimiento para que este tipo de situación no se repita" y admitió: "En algún punto, la violencia debíamos haberla tenido que tratar de otra manera".

Además, hubo ocho personas detenidas, que ya fueron liberadas por decisión del juez correccional N° 14 Fernando Pigni.

Varios legisladores, como Juan Cabandié (Frente para la Victoria), Claudio Palmeyro (Bloque Sindical) y Claudia Neira (Buenos Aires 2021), quisieron saber quién había dado la orden de reprimir a los manifestantes.

Montenegro insistió con que no existió ninguna orden específica. Explicó que la fuerza de seguridad había sido desplegada en el lugar para custodiar la colocación de un vallado y una demolición. Voceros del Ministerio de Desarrollo Urbano confirmaron que los trabajos para la construcción del nuevo Centro Cívico fueron adjudicados a la unión transitoria de empresas, integrada por Teximco SA, Ema SA y Dal Construcciones SA.

El ministro, a su tiempo, ratificó que a juicio del gobierno porteño estaban en condiciones legales de iniciar esos trabajos y se mostró sorprendido con la resolución de una cámara de apelaciones que, tras los incidentes, ordenó paralizar la obra.

 
 

"Cuando comenzaron las agresiones, la Metropolitana actuó para reprimir la comisión de un delito; para eso no necesita una orden, la función de la policía es defender la ley. Los delitos fueron reprimidos, y los detenidos, puestos a disposición de la Justicia", aclaró el ministro. Entre ellos, como se recordará, figura el reportero gráfico del diario Clarín, José Mateos. Montenegro se excusó ayer de blanquear la identidad de los otros siete, pues forman parte de una causa judicial que puede tener secreto de sumario.

"No hay ley que justifique lo que ocurrió", atacó el diputado Alejandro Amor (FPV). El ministro indicó que "si hubo algún exceso, la auditoría externa lo determinará" y se tomarán las medidas correspondientes. Antes había hablado de la necesidad de hacer una autocrítica para que no repitan situaciones de ese tipo.

Consultado por las diputadas Neira y María José Lubertino sobre cuál era el delito adjudicado a los manifestantes, Montenegro detalló que la carátula del expediente en manos de Pigni es atentado, resistencia a la autoridad y lesiones.

Video: La policía Metropolitana reprimió a trabajadores y periodistas en plena protesta

A lo largo de la indagatoria de los diputados opositores, el ministro brindó detalles sobre el operativo policial. Según describió, la fuerza fue enviada al lugar porque presuponían que podía existir un conflicto con ATE, que siempre se había opuesto a la instalación del Centro Cívico. "Pero no un conflicto de esta magnitud; fue inusitado", calificó. Luego confirmó que el operativo fue comandado por el jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez, quien trabajó "en comunicación permanente" con el ministro.

La legisladora de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía cuestionó la represión en cercanías de un hospital y el impacto que pudo haber tenido entre los enfermos mentales "más pobres de la ciudad". Al igual que otros colegas, exigió saber qué medidas de protección se habían tomado para preservarlos.

Según Montenegro, la ministra de Salud, Graciela Reybaud, notificó a primera hora a todos los directivos del hospital sobre la demolición, y les pidió que "resguardaran a los pacientes y no salieran de los pabellones. La indicación se llevó adelante con la gran mayoría de los 650 internos".

Tanto Sánchez Andía como Cabandié expusieron fotografías de personal de la Metropolitana con la cara cubierta y fuertemente armados, y solicitaron al ministro que los identificara. Montenegro no pudo dar los nombres, pero se comprometió a anexar las tomas a la auditoría policial y a la causa judicial en curso.

"Es una vergüenza que la conferencia que ofrecieron el viernes haya sido para defender el honor de los policías, y no de los ciudadanos heridos y detenidos. Ministro, usted tiene que irse y dejar que la Policía Metropolitana sea la policía de proximidad que imaginamos, y no esta fuerza represiva", le espetó la kirchnerista Gabriela Cerruti. Gabriela Alegre (FPV) se sumó a la demanda, luego de que Montenegro recordaba que, como fiscal federal y juez federal, objetó la ley de obediencia debida e investigó el robo de bebes durante la dictadura militar. "Vuelva a ser juez, usted no sirve como ministro de Seguridad", dijo.

Los diputados de Pro Alejandro García y Martín Ocampo, presidentes de las comisiones de Seguridad y de Justicia, respectivamente, respaldaron a Montenegro y mostraron las contradicciones del interbloque kirchnerista. "Hay que ser coherentes. ¿Por qué Aníbal Ibarra no criticó la actuación de la Federal en diciembre de 2001?", preguntó García. Y Ocampo recordó que, según la Correpi, durante la era kirchnerista hubo 17 muertos por represión policial. "Nos cuestionan los mismos que liberaron la zona para que una patota parapolicial asesinara a Mariano Ferreyra", sintetizó.

Cruces a viva voz en la Legislatura

  • "No voy a renunciar. Mi conciencia está tranquila"
    G. Montenegro
    Ministro de Seguridad
  • "No hay ley que justifique lo que ocurrió"
    Alejandro Amor
    Frente Para la Victoria
  • "Actuaron en donde están los locos más pobres de la ciudad"
    R. Sánchez Andía
    Coalición Cívica
  • Cristina, en Twitter

    Desde Río Gallegos
    La presidenta Cristina Kirchner fustigó sin nombrarlo a Mauricio Macri, por la represión policial en el Borda

    • @CFKArgentina :
      Vi también la increíble represión en el Borda.
      Por qué increíble? Sólo alguien que no está bien puede reprimir en un neuropsiquiátrico.
    • @CFKArgentina :
      Médicos, pacientes, periodistas, no se salvó nadie. Creo que afuera de los neuropsiquiátricos hay algunos que tendrían que estar adentro
    • @CFKArgentina :
      Lo peor es que las autoridades políticas lo justificaron. Desbordes policiales o de las fuerzas de seguridad hay en todas partes del mundo
    • @CFKArgentina :
      El gran tema es que hace después el responsable político cuando esto sucede
    • @CFKArgentina :
      Qué pena lo que pasó y qué triste un país donde se mide con vara tan distinta
    • @CFKArgentina :
      Impresionante protección mediática. Debería incluirse como materia en las facultades de comunicación social de todo el país
    • @CFKArgentina :
      Y eso que se llevaron esposado a un reportero gráfico de Clarín. se imaginan si esto lo hubiera hecho una fuerza de seguridad nacional?

    Del editor: cómo sigue.
    El mensaje que dejan trascender desde el gobierno Pro es claro: hay una decisión política de usar la fuerza para imponer la ley

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