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Editorial I

Insólita persecución del Banco Central

Opinión

La intrusión de la entidad monetaria en la vida de quienes usan su tarjeta de crédito para obtener dólares en el exterior afectará aún más la confianza

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) está requiriendo la entrega de información, con amenaza de penalidades, a los ciudadanos que en los últimos meses hubieran extraído dólares de cajeros automáticos en el exterior utilizando su tarjeta de crédito.

A partir de datos proporcionados por los bancos sobre sus clientes, el Banco Central les remite un pedido con carácter de declaración jurada a aquellos que registran en sus resúmenes alguna operación de ese tipo. Les solicita, concretamente, comprobantes de cómo se gastaron esos dólares en el exterior. Y en caso de que les hubiere sobrado dinero, se les pide la demostración de cómo lo ingresaron al país y la forma en que lo cambiaron por pesos. El Banco Central asume que quienes extrajeron dólares sin usarlos en el país extranjero debieron venderlos en el mercado formal al retornar a la Argentina. De ninguna manera considera que la gente pueda utilizar su tarjeta de crédito para hacerse de divisas que pueda atesorar, lo cual no sólo es legal, sino también el único camino que ha quedado en nuestro país para conservar en forma líquida el valor de los ahorros. La inflación no parece entrar en la realidad percibida por el Gobierno y por el Banco Central, que además no se hacen cargo de haber sido responsables de ocasionarla.

La compra de divisas para atesoramiento ha quedado así virtualmente prohibida. Quien quiera hacerlo, deberá realizar una transacción no legal y a un precio más alto en el mercado informal. El cepo cambiario ha despertado la imaginación de millones de argentinos para encontrar la forma de eludirlo, mediante distintos procedimientos que no siempre están al margen de la legalidad. El retiro de dólares por medio de tarjetas de crédito en cajeros del exterior ha sido y todavía es una forma legal y admitida, con la sola condición de pagar un impuesto del 20% luego de su transformación a pesos por el tipo de cambio oficial. Con una tan alta brecha entre las cotizaciones oficial y paralela, cercana al 80%, la ventaja es muy significativa. Todos los que han podido aprovecharla lo han hecho y esos dólares, que a su vez son obtenidos del Banco Central por los emisores de tarjetas de crédito, han ocasionado una parte de la merma de las reservas internacionales.

Como en otros casos, este pedido de información con ribetes amenazantes está utilizándose para modificar comportamientos de la gente por la vía del miedo, cuando la aplicación de normas puede generar otras complicaciones. Es una dramática puesta en escena del Gran Hermano imaginado por George Orwell.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha venido resistiéndose a desdoblar formalmente el mercado cambiario con un dólar comercial y otro turístico o financiero. Sabe que las experiencias históricas que la gente recuerda muestran que esa medida es la antesala de una devaluación. De esto no se quiere hablar a pesar de que ya está en las predicciones de todo analista económico.

El cepo cambiario está generando daños cada vez más importantes en una economía plagada de intervenciones. La producción está afectada y, si no hay modificaciones en las políticas, se camina hacia una crisis. Cada nueva medida que pretende corregir una desviación, inmediatamente provoca otra, y la libertad y el derecho de propiedad se van limitando en cada paso. Así ocurrirá con esta nueva intrusión del Banco Central -que, a todas luces, no figura dentro de las facultades de la entidad monetaria- en la vida de los ciudadanos angustiados por preservar sus ahorros. Debiera saber el Gobierno que, en definitiva, el efecto más concreto será el de afectar aún más la confianza y la seguridad jurídica, ahuyentar la inversión y destruir el empleo..

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