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Reforma judicial

Ofensiva del Gobierno para controlar un tribunal

Política

El oficialismo nombrará en el Senado los conjueces para la Cámara de Comodoro Rivadavia que debe revisar las causas de Santa Cruz

Por   | LA NACION

En silencio y escondido detrás del fuego graneado que genera el debate político en torno a la controvertida reforma judicial que impulsa la Casa Rosada, el kirchnerismo pretende darle acuerdo esta semana en el Senado a una lista de 21 conjueces para ocupar eventuales vacantes en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (Chubut).

El dato no es menor. Ese tribunal es el encargado de revisar todas las sentencias de los juzgados de primera instancia de las provincias de la Patagonia austral (Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego). En otras palabras, es la cámara que debe entender en las apelaciones de las causas que involucran al apellido Kirchner y a sus socios políticos y empresariales en denuncias por eventuales casos de corrupción.

La nómina, que obtuvo dictamen de la Comisión de Acuerdos el martes último, provocó la reacción de la oposición, que ya anticipó su rechazo a la iniciativa.

"La inmensa mayoría son funcionarios oficialistas de los gobiernos de esas provincias", denunció el radical Ernesto Sanz (Mendoza) en diálogo con LA NACION.

Por su parte, la porteña María Eugenia Estenssoro (CC-FAP) aseguró: "Es otro intento más de colonizar la Justicia y un prenuncio de lo que se viene si se aplica la reforma judicial".

Un simple repaso de la lista deja en claro la preponderancia de candidatos surgidos de Santa Cruz, provincia de la que provienen o en la que cumplieron funciones diez de los 21 nominados.

Así, aparecen algunos casos emblemáticos de lo que denuncia la oposición, como el de Eduardo Javier González, quien viene cumpliendo funciones en diferentes organismos provinciales de Santa Cruz desde 1993 y es, desde mayo de 2009, asesor en el Ministerio de Planificación Federal y, desde julio del mismo año, asesor en el Banco Hipotecario.

Más casos: Leticia Jaramillos declara en su currículum que es síndica suplente de servicios públicos del Estado y auxiliar superior en el Enargas; Mauricio Mariani es jefe de la Dirección Jurídica de la AFIP en Río Gallegos, y Facundo González Figueroa es asesor letrado del Ministerio de Gobierno de Santa Cruz.

En la lista también hay siete postulantes provenientes de Chubut, todos ligados con el poder político local. Uno de ellos es Juan Horacio Pais. "No tengo nada contra él, pero no tiene experiencia y está ahí porque es el hijo de un diputado kirchnerista", se quejó el senador Mario Cimadevilla (UCR-Chubut), en alusión a Juan Mario Pais, integrante del bloque del Frente para la Victoria de la Cámara baja.

De los cuatro nominados provenientes de Tierra del Fuego uno es Manuel Raimbault, quien en su currículum declara que se desempeña como asesor de la senadora María Rosa Díaz. Elegida por ARI, esta legisladora se reconvirtió en representante de Nuevo Encuentro, fuerza que lidera Martín Sabbatella, y es una aliada incondicional del kirchnerismo en las votaciones en la Cámara alta.

"Esto es otra muestra más de que el Gobierno quiere jueces militantes que le garanticen impunidad, que le den el blindaje jurídico que está buscando", se quejó Estenssoro.

La intención del kirchnerismo es darle acuerdo a la lista de conjueces el miércoles próximo, luego de que, la semana pasada, consiguió firmar dictamen en soledad.

Fue una reunión que no estuvo exenta de tensión, ya que Miguel Pichetto, jefe de la bancada oficialista, no pudo ocultar sus nervios ante la demora del santacruceño Pablo González en llegar a la Comisión de Acuerdos. Es que sin su firma el kirchnerismo no hubiera podido avalar el dictamen y cumplir con las urgencias por avanzar en un tema sensible para la Casa Rosada.

Objeción judicial

Sanz anticipó que, además de la nómina, el radicalismo también rechaza el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo para designar conjueces.

"Nosotros tenemos una acción judicial contra la ley que avaló el sistema de selección porque viola la Constitución nacional", explicó. Se trata de la ley 26.376, sancionada en 2008 por iniciativa de la administración de Cristina Kirchner.

La acción, destinada a reclamar la inconstitucionalidad de la norma, fue presentada por Sanz y su compañero de bancada Gerardo Morales (UCR-Jujuy) y se basa en el fallo Roza de la Corte Suprema de Justicia.

Según explicó Sanz a LA NACION, en ese fallo el máximo tribunal de justicia objetó la legalidad del sistema de elección de subrogantes impulsado por el Poder Ejecutivo, que deja fuera de cualquier participación en el proceso al Consejo de la Magistratura, órgano creado tras la reforma de 1994 y cuya función es seleccionar a los magistrados nacionales.

una lista muy cuestionada

La oposición dice que los nominados son oficialistas

  • "La inmensa mayoría son funcionarios oficialistas de los gobiernos de esas provincias"
    Ernesto Sanz
    UCR-Mendoza
  • "Esto muestra que el Gobierno quiere jueces militantes que le garanticen impunidad"
    María Estenssoro
    CC/FAP-Capital
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