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El escenario

Daños colaterales de arreglar con Manzano

Política

En su guerra contra los medios de comunicación Cristina Kirchner ha perdido varias batallas. Hoy deberá soportar una derrota conceptual. Es decir, política. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), que preside Martín Sabbatella, aprobará la adecuación a la ley de medios que propuso Supercanal, el segundo holding del país, que encabezan Daniel Vila y José Luis Manzano, el ex ministro del Interior de Carlos Menem. Es un daño que el Gobierno se hará a sí mismo.

La ley de medios limitó el número de licencias que puede controlar una persona, física o jurídica. Cualquiera que sea su participación en una empresa, grande o infinitesimal, el cupo es siempre el mismo. Sin embargo, Supercanal resolvió que cuando la cantidad de acciones es pequeña debe considerarse nula. Y Sabbatella lo aceptará. Con ese criterio, Vila y Manzano redistribuyeron entre los socios el paquete accionario de todo el grupo.

Así, eludirán la obligación de desprenderse de algunas frecuencias. Es decir: todas las empresas quedan en manos de sus dueños y sólo se modifica la cantidad de acciones en poder de cada uno.

Sabbatella postergó durante tres semanas la resolución de este expediente. El martes pasado todavía no figuraba en el orden del día de la reunión de hoy; lo incorporó recién el jueves. La resistencia es comprensible. Si el presidente de la Afsca aceptara a Clarín los parámetros que admitirá a Supercanal, también Héctor Magnetto podría, con una simple reestructuración accionaria, evitar el desmembramiento. Lo más llamativo es que la analogía no es hipotética, sino real. Porque Ernestina Herrera de Noble, José Aranda, Lucio Pagliaro y Magnetto tienen una pequeña participación en Supercanal. Y Sabbatella se hará el distraído. En cambio, será inflexible si un día Herrera de Noble, Aranda, Pagliaro y Magnetto se presentan ante la Afsca como Grupo Clarín.

Además de estas insólitas incoherencias, las resoluciones de Sabbatella están afectadas por un problema más delicado. La Cámara Civil y Comercial Federal dispuso que el artículo de la ley de medios que establece un tope de licencias para los radiodifusores es inconstitucional. Si la Corte Suprema confirma ese fallo, que sólo está referido a Clarín, es posible que las demás empresas pretendan el mismo beneficio. ¿No sería más prudente que la Afsca demorara la aplicación de esta normativa hasta que se resuelva el entredicho? Sobre todo si, como anticipa Sabbatella ante sus íntimos, "la Corte nos dará la razón". Clarín ya recurrió el fallo de la Cámara ante el máximo tribunal, y pidió que también sea declarado inconstitucional el artículo 61 de la ley.

El acuerdo del Gobierno con Manzano y Vila tiene innumerables explicaciones. A cambio de aceptar el simulacro de desmonopolización que aprobará hoy la Afsca, los mendocinos se convirtieron en los destinatarios favoritos de la publicidad estatal. En 2011 la incrementaron en un 900%, y en 2012, en un 600%. Además de cobrar más al Estado, ahora pretenden pagarle menos: hace un mes, el juez federal de Mendoza Marcelo López dictó una cautelar para que la AFIP y la Afsca se abstuvieran de cobrar impuestos, cargas previsionales y cánones a las compañías de Manzano y Vila, que se declararon afectadas, entre otros factores, por la ley de medios. El kirchnerismo, cuya aversión por la "justicia cautelar" se está volviendo proverbial, guardó silencio.

Regreso a las fuentes

El entendimiento entre la Casa Rosada y Supercanal excede a Sabbatella. Los acuerdos se celebran más arriba. Su gerente es Juan Manuel Abal Medina, discípulo de "Chacho" Álvarez, el hombre que asoció a Manzano con la confesión "robo para la corona". Gracias a Abal, el Gobierno contó con los medios del ex diputado menemista para defender a Lázaro Báez. Y Leonardo Fariña desmintió sus revelaciones en América TV. Nada que sorprenda: los Kirchner negocian con Manzano desde hace más de veinte años. Fue él quien, como ministro del Interior, asignó a Néstor Kirchner los misteriosos fondos de Santa Cruz en 1991. De modo que, con su habilitación de hoy, Sabbatella no traicionará la identidad oficial, sino que la hará regresar a sus fuentes. Aunque en el peronismo nada es definitivo. Daniel Vila es uno de los impulsores de la carrera de Sergio Massa, quien amenaza con postularse como diputado para sacudir al kirchnerismo de su ensoñación de eternidad.

Que la saga por la pluralidad de voces desemboque en un arreglo con Manzano no es la herida más dolorosa que se provocó la Presidenta con el arma que diseñó contra Clarín. Como "democratizar la palabra" obligó a "democratizar la Justicia", el oficialismo comienza a registrar un clima adverso en Tribunales. Su manifestación más temprana son las decisiones de Guillermo Marijuan. El fiscal imputó por lavado de dinero a Lázaro y Martín Báez; a su contador, Daniel Pérez Gadín, y al "panameño" Fabián Rossi. También se propuso investigar a la procuradora general Alejandra Gils Carbó, acusada por el senador Mario Cimadevilla (UCR) de asignar la causa Báez a los secretarios Carlos Gonella y Omar Orsi, en lugar de a dos fiscales. Marijuan fue lapidario: acusó a Gonella y Orsi, y por elevación a Gils Carbó, de demorar la pesquisa y reducir su alcance, como si fueran defensores de Báez. ¿Hasta dónde llegará este fiscal? Fuentes del oficialismo aseguran que el día que se conozca el destino final de los fondos girados por Báez a Panamá y otros paraísos fiscales quedaría afectada una parte importante del Gobierno.

Marijuan fue inoportuno. Gils Carbó, que fundó Justicia Legítima para liberar a los tribunales del imperio de los intereses económicos, tendrá que explicar que no quiso proteger a un hombre de negocios que se volvió multimillonario en la intimidad del kirchnerismo. Y deberá hacerlo cuando la oposición acusa al Gobierno de querer reformar el Poder Judicial para obtener impunidad.

La oposición converge hacia este argumento. Lo esgrimió Ernesto Sanz, el sábado pasado, en Parque Norte. Y lo reiterará Mauricio Macri. El jefe de gobierno recibirá un informe elaborado por el equipo de su ministro Emilio Monzó donde se demuestra que Cristina Kirchner no necesitaría reducir el quórum del Consejo de la Magistratura a la mitad más uno para hacer con los jueces lo que quiera. Si la Corte admite la elección popular de los consejeros y el Gobierno gana esos comicios, en 2014 controlará más de los dos tercios de ese órgano.

La necesidad de un blindaje judicial que desvela al kirchnerismo alcanza a Daniel Scioli. El gobernador suspendió su engorrosa diferenciación de la Presidenta cuando se puso sobre la mesa del PJ la reforma judicial. Scioli adhirió no sólo porque necesita del aval de la Nación para pagar los sueldos. La adulteración del número de víctimas de las inundaciones de La Plata tiene en jaque a Ricardo Casal, su ministro de Seguridad. La investigación de Hugo Alconada Mon, que publicó el jueves pasado LA NACION, desenmascaró las cifras de un Indec tenebroso. El juez Luis Arias, que había sido desplazado del caso por dudar de esos números, recuperó el expediente. Y el juez Guillermo Atencio, que respaldó el cálculo de 52 muertos de Casal, aclaró que ahora se están investigando otros 55. Los comisarios platenses están inquietos. Temen ser llamados a declarar en la Justicia: muchos vecinos dicen que no consignaron que sus familiares murieron por la crecida siguiendo una recomendación policial. El arzobispo Héctor Aguer sacralizó el escándalo cuando pidió oraciones por dos tipos de muertos: los que figuran en la lista y los que no.

Casal fue llamado a declarar mañana ante la comisión de diputados que investiga las causas del desastre. Está presidida por Raúl Pérez, kirchnerista aliado de Pablo Bruera, el intendente de La Plata. También la integra Gabriel Bruera, hermano de Pablo. El jefe de la unidad fiscal que debería examinar la responsabilidad de los funcionarios es Jorge Paolini, un ahijado de Casal.

Si el ministro no concurriera, los diputados de la oposición -Gonzalo Atanasoff (PJ); Sergio Panella (UCR), y, sobre todo, Walter Martello y Oscar Negrelli (ARI)- exigirán su interpelación. Sin embargo, las acusaciones contra Scioli y su gobierno provienen del interior del oficialismo. El jueves pasado, la señora de Kirchner recordó al gobernador que la inundación había provocado un corte de luz en el Hospital Español de La Plata. Y anticipó: "Si no tenés luz durante 24 horas, creo que puede haber alguna complicación, alguna operación que no se puede hacer. En fin... son cosas que se investigarán oportunamente y determinará la Justicia". Al lado de este vaticinio, la alusión a Karina Rabolini y las joyas de Bulgari fue casi una caricia..

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