Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí
lanacion.com | Las noticias que importan y los temas que interesan

Desestiman la denuncia contra Gils Carbó por designaciones ilegales de fiscales

Política

El juez federal Sebastián Casanello consideró que el nombramiento de fiscales subrogantes que hizo la procuradora general de la Nación no es una práctica "novedosa"

El juez federal Sebastián Casanello desestimó la denuncia contra la titular de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó , por el nombramiento de fiscales subrogantes al entender que es una práctica "no novedosa" llevada adelante desde gestiones previas a la de la actual funcionaria.

Agregó que la decisión fue avalada en base a "los principios que gobiernan el organismo" y que "emanan del artículo 120 de la Constitución Nacional".

"El Ministerio Público está obligado a promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad; esa obligación, de raigambre constitucional, quedaría convertida en letra muerta si se impidiera a la conducción del organismo adoptar medidas tendientes a garantizar su eficacia" ante una situación "excepcional en la que faltan fiscales", consideró Casanello al desestimar la denuncia del senador radical Mario Cimadevilla, según la resolución a la que accedió la agencia oficial Télam.

El fiscal Guillermo Marijuan había pedido días atrás un "requerimiento de instrucción", documento imprescindible para dar inicio a la causa, para imputar a Gils Carbó por la presunta designación irregular de fiscales subrogantes o ad hoc, que no fueron nombrados por concurso ni obtuvieron el acuerdo del Senado.

En su presentación, Marijuán se limitó a reproducir los puntos centrales de la denuncia de Cimadevilla, promotor de esta causa, y pidió las primeras medidas de prueba, dirigidas todas a reunir documentación. Solicitó que se obtuvieran los expedientes administrativos de las designaciones y también copias certificadas de los "legajos personales" de los nombrados que no fueran "magistrados del Ministerio Público". Pidió, asimismo, copia de "la totalidad de presentaciones efectuadas por la Proselac y la Procunar".

Casanello consideró que no hay delito en los nombramientos, en particular a raíz de la creación de dos unidades fiscales, la Procelac y la Procunar, y aludió a la obligación de lograr la "eficiencia a la hora de concretar la finalidad del organismo"..

Para el magistrado, las resoluciones que crearon las unidades fiscales especiales "exteriorizan su preocupación" por alcanzar una organización "más eficiente".

"Los artículos 11 y 33 de la ley 24946 cristalizan la estructural jerárquica y la facultad de sustituir magistrados para el caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia. Lo singular de esos artículos es que ya habían sido invocados una y otra vez, antes de la gestión de la Dra. Gils Carbó", agregó.

La Proselac es la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, una fiscalía especializada en lavado de dinero que creó Gils Carbó y dirige Carlos Gonella, un secretario que está concursando y a quien la procuradora nombró "fiscal general subrogante".

Procunar es la Procuraduría de Narcocriminalidad y su responsable es el fiscal Félix Crous. Crous y Gonella son miembros activos de Justicia Legítima, una agrupación encabezada por Gils Carbó que es muy crítica del funcionamiento de los tribunales y denuncia que son "las corporaciones" y no el Gobierno quienes ejercen las presiones más peligrosas sobre la Justicia.

En total, Cimadevilla denunció a Gils Carbó por el nombramiento de 11 fiscales subrogantes y 18 ad hoc. También, por haber puesto en marcha, con su sola firma, unidades de investigación que -de acuerdo con la denuncia- debieron haber sido creadas por ley. Varios de los designados en las nuevas procuradurías especiales son miembros de organizaciones de la sociedad civil ligadas a la Justicia y jóvenes cercanos a La Cámpora; según Cimadevilla, "incondicionales" de Gils Carbó.

"El tipo de designaciones cuestionadas posee respaldo normativo", reiteró Casanello, al recordar que "el Ministerio Público está obligado a promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad; esa obligación, de raigambre constitucional, quedaría convertida en letra muerta si se impidiera a la conducción del organismo adoptar medidas tendientes a garantizar su eficacia", analizó.

Y concluyó que "si se cuestiona la creación por parte de la Procuradora General de estructuras de apoyo y la designación de fiscales ad hoc y/o subrogantes es porque se postula como deseable -o preferible- mantener las viejas, hasta tanto el Congreso no intervenga y hasta tanto se cuente con una planta nueva de magistrados concursados"..

TEMAS DE HOYAmado BoudouEl cepo cambiarioMariano BeneditElecciones 2015La relación EE.UU. - Cuba