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¿No se puede hablar desde el dolor?

Opinión

Hay una suerte de axioma jamás cuestionado que declara que "no se puede hablar desde el dolor". Ciertamente, si el axioma alude a las decenas de miles de asesinatos cometidos en los últimos años en nuestra tierra -al parecer predestinada a ser manchada con sangre una y otra vez-, no se puede hablar desde el dolor porque las víctimas ni siquiera tienen voz para pronunciar su testimonio: están muertas. Y si se alude a las otras víctimas -los padres, los hijos, las parejas, los hermanos, los amigos-, el axioma es una estrategia de silenciamiento pues éstas disponen apenas de un espacio efímero en los medios para expresar su reclamo de justicia, porque pronto otra muerte absurda devora a la anterior...

De allí en más, el sufrimiento persistirá en la intimidad ante el lugar vacío en una mesa o en una habitación que alguien tiene que vaciar, vuelto súbitamente un voyeur ensombrecido por el dolor y destinado a explorar un mundo que no le pertenece y del cual, sin embargo, es su sobreviviente. Cuando trivialmente se dice que "no se puede hablar desde el dolor", se enmudece el reclamo abortado por un Poder Judicial que descalifica cualquier otra voz.

Cuando no se logra silenciar, esta voz se replica como un eco en otras voces, en otros enlutados que constatan, incrédulos, que las penas son expeditivamente resueltas por jueces que dictando sentencias desquiciadas, no sólo limpian su conciencia con la libertad de los asesinos sino que, en el mismo gesto al parecer infalible, construyen su ascenso meteórico en la carrera judicial.

Por autointerés, incluso por temor o negligencia profesional e ineludiblemente amparados en un pseudogarantismo, los jueces benefician al asesino "pobre y tonto" (en la retórica del ideario) con la excusa de que, de castigarlo en cárceles "criminógenas", se vuelve a victimizar a quien presuntamente ya es una víctima de la sociedad. Haciendo una interpretación arbitraria de la ley, y en nombre de las garantías individuales, se excarcela al agresor, olvidando que sus víctimas -el chico que llevaba las empanadas o el empleado de una mensajería en una moto, ya muertos- eran tan pobres como el victimario. Y si fueron "tontos", lo fueron por pensar que vivir en el marco de la ley era la opción que los honraba como personas.

La opacidad de la retórica jurídica enmascara, en las falaces justificaciones de sus sentencias, una naturalización del homicidio, silenciando al indefenso ciudadano de la calle, el que ni siquiera puede aspirar a comprenderla.

A partir del asesinato en una entradera absurda de mi hijo Ezequiel Agrest el 8 de julio de 2011, inicié un itinerario de transformación del dolor en palabra y de la palabra en acción. Pero tal vez porque hace décadas que reflexiono en torno de la condición humana (en la academia o en la prensa, con mi producción periodística), mi voz no pudo ser acallada: ese doloroso itinerario vivencial y conceptual se condensó en un libro, Ausencia perpetua. Inseguridad y trampas de la (in)Justicia (editorial Debate).

No es un libro más de la otra media docena que escribí. Es un testimonio. Y es una denuncia. Pero no es sólo eso. Reflexionando críticamente y desenmascarando las artimañas de viles postulados, en sus páginas se lleva a cabo un trabajo de disección donde se desarticulan las tramas y las trampas de las que se vale el ideario hegemónico garantoabolicionista para hacer del victimario una víctima a liberar lo más pronto posible. En la deconstrucción del paradigma judicial, se desnuda una parcialidad inscripta en una matriz banalizadora que se vale de interpretaciones de la ley condensadas en sentencias desquiciadas a favor del reo que convierten beneficios optativos, automáticamente, en obligatorios, incluso haciendo caso omiso de la institución jurídico procesal de la cosa juzgada.

En el texto se muestra que, en su pretendida justificación de lo injustificable, los jueces apelan a argumentos falaces: valiéndose de un esencialismo que apenas se sostiene en el marco teórico que el pseudogarantismo defiende, se alega que la prisión "es una pena infamante", cuando infamantes son las condiciones en que se cumple la pena y no la cárcel como tal. Con la excusa de defender a la sociedad, se invoca que la cárcel "es criminógena", cuando se sabe, y ya es un lugar común, que la cárcel es una escuela del delito porque el reo tiene que "comprar" su libertad mediante el pago de fianzas tan legales como inmorales o volviendo a delinquir en sus "fugas" o bien en sus excarcelaciones. Son las reglas del negocio judicial.

Con el propósito de no incurrir en una confusión, adviértase que la reforma judicial -con la consigna de "democratizar la Justicia"- ya tiene su precedente en el fuero penal: cuando en el juicio de primera instancia se dictamina con Justicia, la Cámara de Casación Penal -que, según la propuesta, será impuesta en todos los fueros que estarán al servicio del unicato político- revoca la sentencia original y garantiza la impunidad del delincuente.

Es así como los mismos jueces que condenan a los genocidas de antaño, liberan a los asesinos de hoy. Todos son cómplices de un Gobierno que declama los derechos humanos, pero cercena los derechos de las víctimas silenciadas cuando se les quita la vida y silenciadas nuevamente toda vez que se les conmuta la pena a sus asesinos.

¿Acaso la Justicia no debería contemplar las vidas sacrificadas a perpetuidad por los asesinos mediante la imposición de una pena proporcional al delito, aun cuando la libertad sea un bien infinitamente menor que la vida misma? Si convivimos en una sociedad atravesada por el dolor, nos debemos este debate.

© LA NACION.

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