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Cuestionamientos

A pesar de las amenazas, Marijuan apeló contra su jefa, Gils Carbó

Política

El fiscal afirmó que la procuradora se apartó de la ley al crear cargos y asignar funciones autónomas, una facultad del Congreso; renovadas críticas del oficialismo

Por   | LA NACION

El fiscal federal Guillermo Marijuan apeló ayer el cierre de la causa contra su jefa, la procuradora Alejandra Gils Carbó , que había sido acusada de haber hecho designaciones irregulares de fiscales subrogantes y ad hoc.

El juez federal Sebastián Casanello había considerado que no hubo delito en las designaciones de la procuradora, en un fallo en el que sostuvo que estaba amparada por normas constitucionales y legales que la facultaban a "sustituir magistrados", y que ésta era una práctica arraigada desde los tiempos del ex procurador Esteban Righi. Además había dicho que los tribunales se habían pronunciado ya "pacíficamente" por su validez.

A juicio del fiscal, en cambio, hubo una "clara e inobjetable inobservancia de la ley" por parte de Gils Carbó, que "optó por un sistema de designación directa recurriendo a la figura del «fiscal subrogante» o de la inexistente figura del «fiscal ad hoc»". Esto incluyó designaciones en la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), unidad que quedó en el foco de las críticas por su tarea en el caso Lázaro Báez. Por eso, ayer apeló.

Casanello ya le habilitó el camino a la Cámara Federal y será ahora la Sala I de ese tribunal la que resuelva si confirma o revoca el fallo del juez. La causa contra Gils Carbó se inició por una denuncia del senador radical Mario Cimadevilla y fue impulsada por Marijuan.

En su escrito de apelación, el fiscal sostuvo ayer que discrepaba "respetuosamente" de la visión del juez porque entendía que las designaciones fueron irregulares, dado que con fundamento en resoluciones de "inferior jerarquía" se hicieron nombramientos que "violentaron la ley orgánica del Ministerio Público". A juicio de Marijuan, este tipo de designaciones "podría aparejar numerosas declaraciones de nulidad". "Hay una clara e inobjetable inobservancia de la ley, ya que no puede crearse una estructura y atribuir la misma a un fiscal general cuyo cargo ha sido habilitado al efecto, otorgándose funciones autónomas y principales pues ello es de exclusiva facultad del Poder Legislativo de la Nación", dijo el fiscal. Gils Carbó había defendido las designaciones sosteniendo que eran necesarias para garantizar la eficiencia del Ministerio Público, que ella está obligada a promover. "Cabe preguntarse -dijo Marijuan- si esto es un avance en la estructura dinámica y eficaz que debe tener el Ministerio Público Fiscal. Desde mi punto de vista, la respuesta es negativa y, más aún, es un retroceso desde el punto de vista jurídico e institucional." Este fiscal, que interviene también en el caso contra Lázaro Báez por lavado de dinero, denunció anteayer que había recibido una amenaza.

Según su denuncia, se comunicaron con su fiscalía y dijeron que matarían a sus hijas si él apelaba en una causa, pero a quien atendió el teléfono no le especificaron si era el expediente de Gils Carbó u otro.

Como consecuencia, Casanello le solicitó al Ministerio de Seguridad que coordinara con el fiscal cómo se garantizaría su protección y la de su familia. A pedido de Marijuan, se dispuso entonces que un policía vigilara la cuadra donde viven sus hijas. En cuanto al fiscal, seguirá acompañado por los custodios que tiene desde hace años.

Ayer, siguió el embate contra Marijuan. Gils Carbó le había enrostrado actuar con un doble estándar: rápido contra el kirchnerista Báez y con morosidad en un caso de lavado de dinero en el que están investigadas empresas del Grupo Clarín y sus directivos. El argumento fue retomado, pero desde el kirchnerismo. La diputada Juliana Di Tullio dijo que Marijuan "tiene frenada una investigación por 5000 millones de dólares".

"Es evidente el doble estándar con una megacausa de una denuncia con un arrepentido como el ex vicepresidente de JP Morgan, Hernán Arbizu, que es el denunciante de una maniobra que involucra a 400 empresas por posibles activos por 5000 millones de dólares", señaló la legisladora en alusión al expediente que involucra al Grupo Clarín y sus accionistas. En esa causa, que está en el juzgado federal de Sergio Torres, el fiscal es Marijuan. "Hice pública mi insistencia para que el juez Torres y el fiscal Marijuan activen la investigación, que está parada y no se mueve hace casi cinco años", manifestó. Ayer, la legisladora se presentó en la fiscalía antilavado para sumar nuevas denuncias contra Clarín..

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