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Al margen de la semana

El país del revés

Economía

María Elena Walsh hubiera tenido material de sobra, en estos últimos dos años de ausencia física, para caracterizar a una Argentina donde están al revés los incentivos a producir, trabajar, ahorrar, invertir y hasta pagar impuestos para que el país progrese. Donde abundan los eufemismos, sofismas y medias verdades, con el propósito de ocultar realidades que el gobierno de Cristina Kirchner se resiste a someter a una "exteriorización voluntaria", como la que ahora ofrece a los evasores impositivos para blanquear gratis los dólares que atesoran, aquí o en el exterior, sin haberlos declarado a la AFIP.

Si la reforma aprobada en apenas cuatro semanas en nombre de "democratizar" la Justicia transgrediendo la Constitución es un golpe a la estabilidad e independencia de los jueces, el nuevo blanqueo impositivo lanzado en nombre de reactivar la economía - y que seguramente tendrá sanción en un lapso similar- constituye otro golpe a la confianza. Más allá de la incierta adhesión que pueda tener, será un premio explícito de un año para los que evadieron y un castigo implícito para la gran mayoría de contribuyentes que afrontan una presión tributaria cada vez más alta, debido a la inflación y al deliberado desajuste de bases imponibles.

No sólo eso. También avanza hacia un sistema discrecional de perdones y permisos.

Por un lado, el gobierno de CFK decide, con mayoría en el Congreso, cuándo, cómo y a quiénes otorgarles una amnistía fiscal y hasta judicial por incumplir leyes, sin indagar sobre el origen de los dólares en negro. Éste será el segundo blanqueo en cuatro años y el primero gratuito. El de 2009 incluyó un impuesto de 1% a 8% según el destino de los fondos, pero otorgó la cuestionable extinción de causas judiciales por evasión.

Por otro, el mismo gobierno que no pedirá explicaciones sobre esos fondos, obliga a muchos sectores productivos a pedirle autorización previa para exportar; importar equipos o insumos; comprar divisas para viajar, girar utilidades, ajustar precios y hasta publicitarlos en los diarios (como ocurre con las cadenas de supermercados y de electrodomésticos), muchas veces sobre la base de exigencias que ni siquiera están escritas.

En muy contadas ocasiones, el Gobierno reconoce implícitamente errores, como los que en 2012 condujeron a la peor campaña triguera en más de 100 años. Pero acaba de hacerlo con un mecanismo que genera más desconfianza que confianza: en lugar de eliminar las retenciones de 23%, primero las cobrará para depositarlas en un fideicomiso en el Banco Nación, con la promesa de reintegrarlas con la cosecha 2013. Pero los productores dudan si cobrarán esos certificados, ya que además se crea un consejo consultivo sectorial que no fueron convocados a integrar.

Una desconfianza similar no es ajena a quienes evalúan entregar dólares negros y utilizar el Cedin para inversiones inmobiliarias, así como a quienes planean recibir los mismos dólares -en blanco- después de venderles una propiedad o materiales para refacción o construcción. Con un gobierno peligrosamente habituado a las confiscaciones y un BCRA que perdió casi 8200 millones de dólares en reservas desde que rige el cepo cambiario, la garantía legal ya no parece suficiente a juzgar por las dudas que surgieron en estos días. Para los más escépticos están los antecedentes de las leyes de intangibilidad de los depósitos, de 2001, o la de estatización de ahorros en las AFJP, de 2008. Para los menos, la posibilidad de negociar los Cedin en el mercado secundario, a un tipo de cambio más bajo que el blue, pero en blanco.

Más extravagante será que evasores consuetudinarios terminen financiando con dólares negros (y blanqueados a través del Baade o del Pade), parte del ambicioso plan de inversiones de YPF a una tasa del 4% anual, que la petrolera reestatizada no puede obtener en el mercado internacional porque la sobretasa de riesgo país argentino es de casi 1200 puntos básicos. Otro tanto ocurre con obras de infraestructura energética. No es un consuelo para quienes mantienen depósitos en dólares en cuentas bancarias locales con una tasa de 0,5% anual y que cayeron a la mitad en 18 meses. Ni tampoco para los que "ahorran" en pesos a tasas diez puntos más bajas que la inflación real.

Otra contradicción, destacada por la senadora radical Laura Montero, es que antes de anunciar este generoso blanqueo el gobierno de CFK se negó a otorgarle a la minera brasileña Vale beneficios fiscales o cambiarios a compensar con futuras exportaciones de potasio, con lo cual la provincia de Mendoza perdió una inversión de 6000 millones de dólares y 11.000 puestos de trabajo.

Con este controvertido blanqueo, el Gobierno admite sin decirlo la urgente necesidad de inyectar, antes de las cruciales elecciones de octubre, dólares negros de cualquier procedencia y origen a una economía casi estancada, con baja inversión y nula creación de empleos privados. Pero no deja de ser otro "parche" aislado que difícilmente logre revertir la desconfianza que provoca esos efectos.

No sólo no ataca los principales problemas de la economía, sino que el relato oficial de los 5 miembros del heterogéneo equipo económico no los reconoce y ni siquiera los menciona, salvo con eufemismos. Para Guillermo Moreno, la inflación es la que marca el Indec (10,8%) y hasta la pone en duda porque "hay precios que suben y otros que bajan". Sin considerar la inflación verdadera, Mercedes Marcó del Pont niega que exista atraso cambiario para respaldar la promesa presidencial de no devaluar el peso, aunque el BCRA lo hace a un ritmo de 20% anual. Y Axel Kicillof acusa a la "prensa amarilla" de promover una maxidevaluación, por hacerse eco de economistas que "viven en un termo" y calculan que el tipo de cambio real frente al dólar se ubica apenas unos pocos centavos por encima del 1 a 1 de la convertibilidad a valores de 2001. Claro que ni Moreno consulta a los consumidores sobre los precios que pagan, ni Kicillof a industriales o productores de economías regionales sobre los aumentos de costos en dólares que descolocan sus exportaciones. Tampoco el viceministro incluyó la fuga de capitales por 80.000 millones de dólares producida desde 2007, con el actual gobierno, dentro de los 200.000 millones que los argentinos tendrían atesorados dentro y fuera del país. "Liquidez ociosa", la define el proyecto de ley, que no menciona al cepo cambiario y atribuye la caída del mercado inmobiliario a la crisis europea y de Estados Unidos. Nadie admitió además en estos días que los superávits "gemelos" se transformaron en déficits, cubiertos por la "maquinita" y las declinantes reservas del BCRA, ni el impacto del déficit energético, ni la deuda impaga con el Club de París o de los juicios en el Ciadi.

En un país con incentivos económicos al revés, un blanqueo aislado para captar 5000 millones de dólares (o sea, el 60% de las reservas que el BCRA perdió en los últimos 18 meses) tiene un efecto tan efímero y negativo como una devaluación aislada, que ni los economistas más ortodoxos o "neoliberales" recomiendan. Claro que nadie se ilusiona con un plan coordinado y menos antes de las elecciones..

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